INTRODUCCIÓN

La vivienda para la mujer debe contemplar no solamente el espacio individual sino garantizar entornos urbanos seguros. Con ese enfoque, en 2002, el Comité de Acción Femenina y Seguridad Urbana de Montreal, Canadá recogió una serie de principios a partir de los trabajos realizados con mujeres de esa ciudad; éstos fueron: 1. La señalización: saber a dónde se está y a dónde se va; 2. La visibilidad: ver y ser visto; 3. La concurrencia de personas: oír y ser oído; 4. La vigilancia formal y acceso a la ayuda: poder escapar y obtener auxilio; 5. La planificación y el mantenimiento de los lugares: vivir en un ambiente limpio y acogedor; y 6. La participación de la comunidad: actuar en conjunto (Michaud, 2002: 28-29).

Posteriormente, en 2011, el Col-lectiu Punt 6, que pone en práctica un urbanismo con perspectiva de género, resumió los puntos de Michaud en los siguientes: comunidad visible, equipada, vigilada, señalizada y vital. Ello implica garantizar espacios públicos integradores que permitan el uso por parte de todas las mujeres, sin importar edad ni condición social. Es decir, contar con la máxima cantidad de servicios y actividades (laborales, recreativas, servicios, etc.) a una distancia que se pueda recorrer a pie, para fomentar los recorridos útiles, favoreciendo la red de comercios locales variados en radios de 400 metros de las viviendas, lo cual garantiza el buen desarrollo de la cotidianeidad[2] (Col-lectiu Punt 6, 2011: 7). Todos estos elementos generan seguridad en el espacio público para las mujeres.

El concepto de ciudades seguras para las mujeres remite, en primer lugar, al reconocimiento de una realidad: la ciudad es un ámbito donde la violencia hacia las mujeres tiene múltiples expresiones —desde la agresión verbal, pasando por el acoso sexual, hasta el feminicidio—, las que se manifiestan en el ámbito privado y en el público. Las violencias físicas, psicológicas, simbólicas, consecuencia de las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, constituyen una de las formas, o la más extrema, en que la discriminación de las mujeres se concreta; sostenida por otras discriminaciones, como el acceso desigual a los recursos económicos, culturales y educativos, a la participación en la toma de decisiones o al ejercicio del poder (Rainero, 2011: 20).

En el caso de México, existen varios estudios relacionados con la seguridad de las mujeres en las zonas urbanas, entre los que se encuentra el libro La inseguridad en la metrópoli. Territorio, segurización y espacio público (2015) en donde se hace un recuento de las diferentes violencias que sufren las mujeres en los espacios públicos, además de las estrategias que siguen para evitar ser violentadas en el transporte público, la calle y las plazas (Capron y Sánchez, 2015). Sin embargo, aún son incipientes los estudios sobre la percepción de la inseguridad en las áreas públicas de los entornos rurales. De esa manera, el objetivo de este trabajo fue analizar la percepción de inseguridad de las jefas de familias, a partir del análisis de sus viviendas y su entorno, en una localidad rural del occidente de México. Para tal fin, se utilizó una metodología cualitativa–cuantitativa, con una visión con perspectiva de género, que permitió identificar diez tipos de inseguridad y los modos en que ésta incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

MARCO TEÓRICO

Cuando se habla de seguridad pública, la idea remite al servicio que el Estado debe proveer a todos los ciudadanos a través de diversos entes (policía o milicia) y, en un sentido más amplio, a la protección civil o de las áreas medioambientales, centradas en la protección física y del patrimonio. En el primer caso, entonces, se refiere a la reducción de la delincuencia y, en el segundo, a la salvaguarda de las personas y sus bienes ante riesgos o amenazas derivadas de condiciones urbanas, sociales o de la relación con el entorno natural.

En relación a la inseguridad generada por delincuencia, ésta se divide en aquella de fuero común y aquella de fuero federal; ambas castigadas por la ley. Sin embargo, la ocurrencia de un delito puede deberse a las condiciones de la estructura urbana, la morfología de las manzanas o a las características de las calles. Como se señala en Espacios urbanos seguros, es necesario “diferenciar el temor a la delincuencia de la ocurrencia objetiva de delitos” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Ministerio del Interior- Fundación Paz Ciudadana, 2003: 11), aunque es una realidad que la dimensión física urbana condiciona la ocurrencia de una serie de hechos que afectan la dimensión social. Así, el diseño urbano puede contribuir a inhibir o incluso a facilitar algunos delitos. Desde ese punto de vista, este trabajo se enfoca en las situaciones que ocurren fuera de la vivienda, es decir, en el espacio público.

Farapi (2006) afirma que el espacio urbano afecta de manera diferente a hombres y mujeres, en todos los campos urbanos, como vivienda, transporte, espacio público, equipamientos, actividad económica; y, en el caso femenino, esto se debe a la gran variedad de actividades y responsabilidades que tienen que atender las mujeres: trabajar, llevar a los hijos a la escuela, hacer las compras, etc. También menciona que en la actualidad las ciudades están planificadas con base en un patrón masculino implícito e inconsciente, sin tomar en cuenta a las personas discapacitadas, con problemas de salud y/o adultos mayores. Dentro de su crítica, Farapi indica que “una ciudad sensible a las necesidades de las mujeres es una ciudad que beneficia a toda la ciudadanía, puesto que aún siguen siendo ellas quienes se ocupan de facilitar la vida de muchas otras personas a través de un continuo e incansable trabajo de cuidado y de reproducción del orden de la vida cotidiana de una forma informal o remunerada” (ibídem, 11).

Para Ortiz Escalante (2014), en tanto, parte fundamental del espacio público es la seguridad, que va más allá de la criminalidad o las agresiones verbales en la calle; se trata de poder respirar o caminar libremente, cruzar la calle sin temor a ser atropellado, tener acceso a cualquier espacio, sin importar la condición física en la que se encuentre, etc. (Ortiz Escalante, 2014). Según afirma Farapi (2006), el espacio público no es neutro, condiciona tanto a hombres como a mujeres haciendo que los usos, las necesidades y percepción en la ciudad se experimente de manera diferente, acrecentada por los roles de género.

Diseñar los espacios sin una perspectiva de integración puede generar ciertas situaciones de vulnerabilidad para algunos sectores, especialmente mujeres y niñas. “Esta realidad reduce la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, así como su capacidad para estudiar y trabajar, acceder a los servicios esenciales, participar en la vida pública y disfrutar de las oportunidades de recreación. Esto tiene efectos adversos en su salud y bienestar” (ONU Mujeres, 2015), que perjudican también a sus familias y, al final de cuentas, al conjunto social. En este sentido, Soto Villagrán (2015) asevera que en América Latina aún es insuficiente el debate de la percepción e inseguridad cruzada con la categoría de género, así como la relación que establecen los diferentes colectivos de mujeres con el espacio público. Por su parte, Nieto Morales y Esquivel Hernández (2015) coinciden en que estudios similares pueden tener resultados diferentes si se abarca grupos de mujeres, de edades y escolaridades distintas, así como de condiciones sociales y económicas diversas, ya que cada grupo poseerá una imagen diferente de la ciudad y de la forma de vivirla (Nieto Morales y Esquivel Hernández, 2015). La mayoría de las investigaciones citadas se enfocan al ámbito urbano, pero las problemáticas son totalmente aplicables el ámbito rural, sobre todo en aquellos sectores que están en un proceso de plena transformación de rural a urbanos, como es el presente caso de estudio, en donde se supondría que, por dimensión y cantidad de población, existe mayor cohesión social.

El siglo XX marcó grandes cambios en variados aspectos (social, económico y político), incluso en las formas de organización social, que no eran reconocidas por no ser aceptadas en el contexto social imperante. Fue a partir de los años sesenta cuando empezó a darse una aceptación y valoración a la diversidad manifiesta por diversos grupos sociales, entre los cuales la familia no fue una excepción: efectivamente, la cantidad de hogares monoparentales se vio incrementada (especialmente los encabezados por mujeres), lo que se refleja en un menor número de familias nucleares (con presencia de ambos padres) que, en México en el periodo 2000 al 2013, se redujo casi diez puntos porcentuales (pasaron de 53.8% a 43.6%) (Arriagada Acuña, 2016:32).

Las mujeres, objetos de este estudio, fueron las jefas de familia, figura cada vez más común en el ámbito rural, lo cual se puede deber a la migración del marido o la pareja, la violencia que las ha dejado viudas o el hecho de haber tenido hijos prematuramente o fuera del matrimonio. El hecho de tener una pareja, aunque ésta no se encuentre en la comunidad y envíe recursos económicos esporádicamente, hace que no se reconozca la figura de la jefatura femenina, pese a que la mujer se queda a cargo de los hijos y de los gastos cotidianos, debiendo, incluso, completarlos con el trabajo fuera de casa, ya sea en labores del campo, haciendo trabajo doméstico para otras familias o como obrera en industrias cercanas a su lugar de residencia. Para los fines de este estudio, se asume que las jefas de familia son quienes administran y aportan a la economía de la familia; se trata de hogares donde el padre dejó de ser el único proveedor (Valdés, 2007: 2) y los roles han ido cambiando, en parte porque la educación ha hecho que evolucionen los roles en las familias (Valdés y Rebolledo, 2015). Ahora bien, y aun cuando los arreglos familiares se han diversificado, en términos de las políticas públicas se mantiene la idea tradicional de la familia: hombre-padre-proveedor, mujer- madre-cuidadora-ama de casa (Ordaz Beltrán y Monroy Limón, 2016: 26). Pero, más allá de su contribución a la economía del hogar, todas las mujeres -sean o no jefas de familia- pueden exponerse a los mismos problemas cuando utilizan el espacio público.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se realizó con base en una metodología cualitativa–cuantitativa, desde una visión con perspectiva de género, tomando como objeto de análisis las viviendas con jefatura femenina y la percepción de inseguridad de éstas sobre su experiencia en los espacios públicos de la comunidad.

En primer término, se entrevistó al comisario municipal para tener un primer listado de jefas de familia; con el apoyo del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) de 2010, se identificó el número de viviendas existentes en la comunidad, así como el total de habitantes, la cantidad de población femenina y viviendas que dependen del sustento de una mujer. Previamente se había llevado a cabo una encuesta a profundidad, efectuada por egresadas de Trabajo Social y, luego, por estudiantes de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, para identificar a las jefas de familia, además de recolectar datos de salud, religión y cultura, vivienda y dinámica familiar.

Con posterioridad, se realizaron tres talleres: el primero, de sensibilización de género, dirigido a jefas de familia, cuyo objetivo fue crear un espacio de discusión, análisis y recuperación de la experiencia de la vida de las mujeres, su percepción respecto a su comunidad y a los espacios que habitaban cotidianamente. En el segundo se profundizó en sus problemas cotidianos y en los de género e inseguridad. El último taller fue sobre urbanismo con perspectiva de género. En las actividades del segundo taller de género, se dispuso un plano de la comunidad donde cada una de las mujeres identificó con calcomanías rojas los lugares donde se sentían vulnerables e inseguras, al igual que el tipo de inseguridad que consideraron se vive en cada uno de esos espacios. En el taller relacionado con diseño urbano se desarrolló una recuperación de información de la percepción y realidad de las habitantes de la comunidad de Flor de Coco respecto a los aspectos relacionados con infraestructura, servicios, vivienda, equipamientos, cultura y seguridad; todo ello bajo la perspectiva de género.

Finalmente, se realizó el trabajo de campo con visitas periódicas al sitio, con el fin de ejecutar levantamientos urbanos y fotográficos, y de obtener información -mediante observación- para verificar las zonas y los factores urbanos que causaban inseguridad a los habitantes de la localidad, especialmente, en aquellos sectores donde las jefas de familia habían señalado sentirse inseguras.

CASO DE ESTUDIO

La comunidad de Flor de Coco se encuentra cerca de la cabecera del municipio de Armería en el Estado de Colima, en el occidente de la República Mexicana, el que tiene una extensión territorial de 5.627 km² (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2016). Al año 2015, el municipio contaba con 29.599 habitantes distribuidos en 92 localidades, todas rurales (excepto la cabecera municipal), entre las se cuenta Flor de Coco, un asentamiento irregular[3]. Como ocurre en otras áreas rurales, concentra población en condiciones de extrema pobreza, analfabetismo, empleo precario y vulnerable, bajos salarios, etc. Las actividades económicas principales son el comercio al por menor (tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas), con 15 establecimientos, y la fabricación de ladrillos no refractarios, con 11 establecimientos. Estos son un soporte importante de la economía local; la agricultura no existe y las mujeres se dedican a actividades de servicios y algunas a la recolección en el campo fuera de la comunidad.

La topografía muestra elevaciones que alcanzan los 82.73 metros (en las faldas del cerro Flor de Coco), una mínima de 26.57 metros, en los lechos del río Armería, y una altura media sobre el nivel medio del mar de 60 metros. La comunidad limita al norte y noroeste con la localidad de Cofradía de Juárez; al este y suroeste, con los lechos del río Armería; y al sur y oeste, con el cerro que los lugareños llaman “Flor de Coco”. Asimismo, la comunidad está dividida por la autopista Colima-Manzanillo y se encuentra a aproximadamente 2.2 km del centro de la cabecera municipal de Armería (ver Figura 1), en una región de climas cálidos subhúmedos, con temperaturas mínimas de 19.7° y máxima de 34.3° (Valladares Anguiano et al., 2016a: 81-82).

Figura 1
Localización de Flor de Coco Municipio de Armería en Colima México
Elaborado por las autoras, a partir de información de INEGI, 2010.

Los Indicadores de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de Flor de Coco registraban, en el año 2005, un rezago social bajo y en el año 2010 había pasado a un rezago medio (Sedesol-CONEVAL,2011); aunque después (2015) se clasificó en un muy alto grado de marginación, situación que prevalece hasta hoy.

La estructura urbana está conformada por 40 manzanas, en las que se distribuye la población de Flor de Coco, que en el año 2010 era de 1.112 habitantes, de los cuales 543 eran mujeres (49% de la población) y el resto hombres. La comunidad tenía 390 viviendas: 301 estaban habitadas y 89 se encontraban desocupadas. Según el SCINCE había 67 hogares con jefatura femenina, que ocupaban 17.17% del total de viviendas existentes (INEGI, 2010). Los datos recabados en campo indican 25 viviendas con jefatura femenina dentro de la comunidad. De los datos obtenidos, se advirtió que el rango de edad en la que las mujeres asumen el sustento de un hogar dentro de la comunidad va de los 22 a los 70 años; todas tienen un grado de escolaridad mínimo, sólo ocho tienen como nivel máximo, secundaria terminada, es decir, todas tienen un nivel educativo básico.

El uso de suelo predominante en la comunidad es el habitacional con 363 viviendas, le siguen los vacíos ociosos[4] (48), el uso mixto de vivienda con otro uso (40 predios), y el resto corresponde a usos comerciales, equipamientos (dos escuelas bien equipadas, dos templos uno católico y otro cristiano con instalaciones básicas, un panteón con lo elemental para funcionar, una casa de uso múltiple y una cancha de fútbol, entre otros), además de industrial, servicios, edificaciones en proceso, uso agrícola mínimo e infraestructura con menor presencia. En cuanto a la infraestructura y servicios, sólo algunas partes del poblado tienen agua, drenaje, alcantarillado y alumbrado público y recolección de basura. Las zonas con menores pendientes están mejor atendidas en ese aspecto.

RESULTADOS: LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

En los talleres las mujeres manifestaron varias situaciones que las afectan, pero un factor importante para ellas es la inseguridad que experimentan en distintos espacios, la cual, por percepción social, identificaron en los siguientes tipos:

1. Violencia de género.

2. Pandillerismo.

3. Inseguridad por falta de vigilancia.

4. Delitos contra la salud.

5. Alcoholismo.

6. Robos y asaltos (ver Figura 2)

Figura 2
Tipos de inseguridad por percepción social en Flor de Coco.
Elaboración de las autoras con base en información de talleres de género (Valladares Anguiano et al., 2016b, c y d).

Desde la perspectiva de las cuestiones físicas de los espacios, los problemas detectados fueron los siguientes:

1. Inseguridad por problemas de movilidad.

2. Inseguridad por riesgo de deslaves de cerro.

3. Inseguridad por problemas naturales.

Otra situación detectada es la percepción de inseguridad por falta de iluminación (ver Figura 3).

Figura 3
Tipos de inseguridad generadas por condiciones físicas en Flor de Coco.
Elaboración de las autoras con base en información de talleres de género (Valladares Anguiano et al., 2016b, c y d).

Esto se agrava porque casi la mitad del asentamiento humano se distribuye en zonas con pendientes muy pronunciadas, lo que dificulta la dotación de casi todos los servicios públicos, incluyendo la seguridad y el alumbrado públicos; a los que se suman las vulnerabilidades por deslaves e inundaciones.

Las mujeres más jóvenes mencionaron el miedo que sienten al pasar por la zona de elaboración de ladrillos artesanales (una de las actividades más relevantes en Flor de Coco); dos de las ladrilleras están ubicadas cerca la carretera principal Armería- Colima, sitios donde trabajan las 24 horas del día, y una de ellas es paso obligado para ir al templo católico, a la casa de uso múltiple y a la cancha de fútbol (ver Figura 2), que a lo largo del año es el sitio donde se realizan las diversas actividades culturales de la comunidad. Por cierto, la casa de uso múltiple está mínimamente equipada (algunas mesas y sillas) y la cancha de fútbol que es un terreno sin instalaciones de ningún tipo, posee solo dos porterías y en dos de sus frentes se ubican áreas baldías, sin banquetas. Solamente por uno de sus lados dispone de alumbrado público.

El problema se presenta principalmente durante la tarde-noche, por la falta de iluminación y vigilancia alrededor de las zonas mencionadas. El horario y la presencia de los trabajadores en esos espacios propician que las mujeres y niños que transitan cotidianamente por estos lugares puedan ser víctimas de diversos tipos de violencia, perciban inseguridad o se sientan vulnerables a sufrir algún tipo de abuso, desde comentarios inapropiados y miradas lascivas hasta contacto físico. Esto les impide que transiten con tranquilidad, en el decir de una de las mujeres, “a veces a una no le dicen nada, pero se nos quedan viendo muy feo y eso da miedo”, o bien, “los hombres de ahí son muy groseros, le dicen a una leperadas y qué necesidad hay”, las niñas y niños del poblado mencionan “si no vengo con mi mamá o mi abuelita no puedo venir a la cancha, porque dicen que los señores nos pueden hacer algo”.

La falta de iluminación limita a las mujeres: “no tener luz me obliga a regresar más temprano a la casa” o “por la falta de luz tengo que acompañar a mis hijos a la parada de camión, para que se vayan a la escuela”, “por la falta de luz los vagos se reúnen en la calle y luego la molestan a una”. Todos estos comentarios son ejemplos de violencia simbólica que invisibiliza a las mujeres del espacio público obligándolas a salir en horarios determinados y bajo ciertas medidas de seguridad. Dentro de la comunidad, esta situación se presenta en la mayoría de las calles donde existe la instalación, pero el foco de la luminaria está quebrado, no funciona o es obstruida por vegetación de gran tamaño (ver Figura 4).

Figura 4
Estado de las calles Morelos y Emiliano Zapata de Flor de Coco 2016.
Fotografía de las autoras.

Otra problemática mencionada fue el pandillerismo, constituido por jóvenes del sexo masculino que se reúnen la mayoría de las veces a consumir alcohol y que, de acuerdo con las mujeres entrevistadas, “también hacen bola para robar casas”. Los sitios de la comunidad más propensos a este tipo de inseguridad se ubican en la calle Emiliano Zapata y Morelos (ver Figura 3). Otro elemento más a considerar allí es el insuficiente alumbrado público, que la vuelve una calle muy poco transitada en la noche, por lo tanto, más solitaria y peligrosa. En ese sentido es que una de las participantes prefiere buscar “(…) mejor otras calles; siempre le ando dando la vuelta a la Emiliano, por las noches o de mañanita, no vaya a ser el diablo y me saquen un susto”.

La falta de vigilancia policiaca se suma a los temas anteriores, lo cual, desde la percepción de las jefas de familia, propicias situaciones de violencia[5], robos y actos vandálicos. Si bien, como se indicó previamente, en los talleres las participantes mencionaron cinco zonas conflictivas (ver Figura 2), la falta de rondines policiacos afecta a toda la comunidad. Las mujeres aseveraron, al respecto, que “a veces la policía viene en camionetas, pero como al cerro no pueden subir, pues allá nunca llegan”, o bien, “llegan por la carretera y se van a Cofradía (de Juárez, localidad vecina); al pueblo no entran”.

Otras dificultades afectan a todos los peatones de la localidad, como la falta de banquetas, además de que las vialidades tienen como recubrimiento terracerías o empedrados, lo que entorpece el paso de carriolas o de sillas de ruedas, ocasionando complicaciones para las personas discapacitadas, mujeres embarazadas o con niños pequeños y adultos mayores. Un problema de salud pública en la comunidad lo constituyen la drogadicción y el alcoholismo, situaciones que afectan, según lo que las mujeres mencionan, a los hombres y jóvenes de la comunidad. En el caso de los delitos contra la salud (venta de estupefacientes), se indica que ello ocurre en las viviendas que se encuentran en el norte de Flor de Coco, junto al panteón (ver Figura 2). Con respecto a la inseguridad de las viviendas, son las inundaciones y los deslaves los principales responsables, dada la ubicación de las casas: sobre o en las faldas del cerro. Frente a lo cual una de las entrevistadas manifiesta: “¿pero qué le vamos a hacer? no tenemos otro lugar donde vivir”.

Todo lo aquí expuesto conlleva a una limitación de la habitabilidad de los pobladores de Flor de Coco en su conjunto y, en algunos casos, violenta la vida diaria de las mujeres, causando un desajuste en su capacidad funcional, que las obliga a cambiar recorridos y horarios, o simplemente a evitar salir de sus hogares; hábitos que van transmitiendo a sus hijas e hijos.

DISCUSIONES

Los estudios sobre seguridad se han enfocado fundamentalmente en áreas urbanas y poco se ha analizado el ámbito rural con relación al espacio público. En tal sentido, la propuesta de Newman (1978) y Jacobs (1993), en cuanto a la existencia de suficientes ojos que vigilen, resulta difícil en las comunidades rurales, por la dispersión de la vivienda, la profusión de la vegetación (por lo menos en el presente caso) y la cantidad de habitantes, pero puede recuperarse de ellas algunas de las formas edificatorias y la posición de las ventanas para mejorar la seguridad, sobre todo esta última, que además contribuiría a mejorar el confort ambiental, dada la temperatura del clima cálido subhúmedo de la región en cuestión.

Es evidente que, como señalan Nieto Morales y Esquivel Hernández (2015), Soto Villagrán (2015), Ortiz Escalante (2014), Col-lectiu Punt 6 (2011) y Farapi (2006), la forma urbana y su espacio público afectan más a las mujeres, lo que las vuelve más vulnerables, aun en una comunidad rural, donde se supondría que el grado de cohesión social es mayor por el número de habitantes y la dimensión del asentamiento humano. En cuanto al estudio las calles, como el espacio público más utilizado, aquí se carece de lo elemental (banquetas, rampas e iluminación), para recorrer el lugar sin riesgo alguno.

Efectuar un análisis desde una perspectiva de género ha permitido observar que las mujeres, niñas y adolescentes tienen una vulnerabilidad, no únicamente por su condición de género y pobreza, sino además por factores de localización de las viviendas y la mala ubicación de los pocos espacios públicos con los que cuentan: la cancha de fútbol y la casa de uso múltiple están cercanos a la zona de fabricación de ladrillos (con hombres 24 horas al día), con baldíos alrededor, sin banquetas y con poca iluminación.

Asimismo, hay una falta de vitalidad latente en el espacio público, debido a que la mayoría de las mujeres y hombres salen a trabajar desde las 6 de la mañana al campo, regresan a las 5 de la tarde y las que son jefas de familia tienen al menos otro trabajo remunerado, por lo que regresan a sus casas entre 7 y 8 de la noche. Adicionalmente, aun cuando predomina el uso habitacional, la existencia de baldíos y edificaciones sin uso acentúa la sensación de inseguridad, no obstante, de acuerdo con los datos obtenidos, pasa algo similar en algunas zonas con uso mixto, lo que contradice a la literatura que menciona que estos lugares son más activos a lo largo del día.

CONCLUSIONES

Aunque en este artículo no se desarrolló el concepto de habitabilidad, puede decirse someramente que se refiere a las condiciones físicas que facilitan o impiden el desarrollo adecuado de las potencialidades de las personas y, desde ese punto de vista, se observa que una comunidad en clara transición de rural a urbana, por su localización y la falta de empleo, vuelve más vulnerables a las mujeres de esta localidad, situada a cinco minutos en vehículo de la cabecera del municipio al que jurisdiccionalmente pertenece.

Precisamente por eso, por el tamaño de su población y del asentamiento, podrían llevarse a cabo acciones puntuales que reconfiguren las condiciones del espacio público en favor de una mayor seguridad desde la perspectiva de género. Ello es posible desde la planificación, que casi nunca atiende a estos núcleos poblacionales, dado que, como Farapi (2006) señala, inconscientemente el patrón masculino implícito en la planeación prevalece. De ahí la necesidad de que, desde la formación de las y los arquitectos, debe visibilizarse y diferenciarse las necesidades de mujeres y hombres, lo que permitiría una mayor equidad del uso y disfrute de los entornos públicos. En esa dirección, se realizó un taller con niños para diseñar el área del espacio público más utilizado (cancha de fútbol) y reconvertirlo en un sitio de uso múltiple con diferentes áreas de socialización[6] y encuentro.

Si en los espacios “planeados” ubicados en zonas urbanas, en donde las condiciones de habitabilidad son mejores que en áreas rurales, existen todavía zonas conflictivas, acá la situación de la mujer en el entorno público es aún más riesgosa y la percepción de inseguridad es mayor. Por consiguiente, desde el urbanismo, la planeación y el diseño urbano hay mucho que hacer para mejorar las condiciones de equidad en las comunidades, independientemente de su escala, además de que se hace necesario empezar a incluir contenidos sobre perspectiva de género, diseño universal y equidad en los planes de estudio de las escuelas de diseño y urbanismo, es decir, es preciso cambiar la visión tradicional por una más flexible.

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Notas