INTRODUCCIÓN

La multitud de presiones e impactos que generan las ciudades como centro de atracción económica, social y cultural tiene una dimensión que claramente trasciende sus límites. Estas dinámicas impactan en el cambio de uso del suelo y, por lo tanto, presentan desafíos para los planificadores, especialmente para la integración de los aspectos ambientales en sus proyectos (Hurlimann y March, 2012). Uno de los principales retos que tiene la profesión es incorporar la valoración del estado de los ecosistemas y sus aportaciones para la ciudadanía en la planificación. Con la urbanización se altera la composición de las comunidades biológicas mediante múltiples actividades que modifican tanto las propiedades de los ecosistemas como los bienes servicio que nos proporcionan y, por ende, la calidad de vida de los habitantes que se abastecían de esos servicios previamente (Gardi, Panagos, Van Liedekerke, Bosco y De Brogniez, 2015; Huemann et al., 2011; Koukoui, Gersonius, Schot, y Van Herk, 2015). La protección de los ecosistemas que nos proveen de esos bienes es del todo necesaria y debería trabajarse de un modo integral estableciendo vínculos entre la escala de análisis continental y la local (European Environment Agency, 2017). Determinadas cuestiones, como el planeamiento, tienen un carácter local o regional en el caso español y difícilmente pueden ser incluidas a una escala nacional o europea, sin embargo, la adopción de nuevas fuentes de información y perspectivas urbanísticas sobre la información ambiental existente pueden ayudar a mejorar la interpretación de estos espacios y a considerarlos en los cálculos de la resiliencia local (Hernández Aja et al., 2020).

La investigación da inicio con la hipótesis de que la metodología europea de evaluación de ecosistemas proporciona importantes claves para conocer las principales presiones que actúan sobre los ecosistemas pero que, al no contemplar la planificación urbana, está desatendiendo a una de las causas fundamentales de deterioro ambiental. Para la introducción de este factor es necesario adaptar la información y escala propias de la metodología europea al territorio a analizar, y considerar la planificación. Con ello se establece una comparación entre la protección derivada del planeamiento y los niveles de riesgo emanados del resto de los componentes involucrados.

Con esa finalidad, se analiza el proyecto europeo y adapta a una región concreta, la Comunidad de Madrid (España), para posteriormente incorporar el factor de planificación como nueva presión antrópica ejercida sobre los ecosistemas. Pese a tratarse como un estudio de caso, la metodología desarrollada presenta la suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes territorios que, en función del nivel de detalle de la información que dispongan, podrían proceder de manera similar a la planteada.

MARCO TEÓRICO

Los servicios ecosistémicos se entienden como los beneficios que los seres humanos obtienen del medio ambiente (Millennium Ecosystem Assessment, 2004), y abordarlos en las ciudades requiere una combinación de herramientas de monitoreo socioeconómico y ambiental en la que los ecosistemas pueden servir como marco para lograr esa combinación (Maes et al., 2014). Estos ecosistemas están conformados por la interacción de comunidades de organismos vivos con el entorno abiótico, mientras que la biodiversidad sustenta el funcionamiento de estos y les permite ser resilientes frente al cambio global (Harrison et al., 2014; Linney, Henrys, Blackburn, Maskell y Harrison, 2020).

A pesar del creciente interés por utilizar el concepto de servicios ecosistémicos como medio para transferir conocimientos de las ciencias ambientales a los tomadores de decisiones y planificadores (Haase et al., 2014; Hassan, 2005; Kumar, 2012; United Nations, 2017)), solo se han dado pasos iniciales en estudios/planes para realizar evaluaciones integradas sobre los vínculos entre las funcionalidades urbanas y los aspectos ambientales (Guerry et al., 2015; Simón Rojo, Zazo Moratalla, Alonso y Jiménez, 2014), y la integración de este conocimiento en la práctica de la planificación sigue siendo un desafío, en particular en áreas urbanas donde las problemáticas referentes a la sostenibilidad no están integradas en las estrategias de planificación (Artmann, 2014). Mientras, el agotamiento de los recursos, tanto energéticos como materiales, o los efectos de fenómenos climáticos extremos ponen en peligro nuestra supervivencia (Fernández Durán y González Reyes, 2014; Sala et al., 2000) y, aunque internacionalmente existe un reconocimiento general sobre la importancia de los ecosistemas y bienes-servicio señalando el problema de su gestión y degradación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Everard, Johnston, Santillo y Staddon, 2020; United Nations, 2018), no se están produciendo grandes avances desde el campo de la planificación.

IMPACTO ANTRÓPICO SOBRE ECOSISTEMAS Y SUS EFECTOS EN LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

Es difícil evaluar las diferentes presiones, tendencias e impactos correspondientes a cada ecosistema debido a la falta de datos específicos. Por ello, se asocian y valoran atendiendo a los cinco grandes grupos de acciones (transformación del hábitat, cambio climático, sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación y enriquecimiento de nutrientes) identificadas por el Millennium Ecosystem Assessment (2004). Esta metodología, no se pronuncia sobre la presión urbanística o el papel de conservación que tiene el planeamiento.

Las presiones mencionadas pueden ayudar a evaluar las condiciones de nuestros ecosistemas y los efectos que tienen sobre sus atribuciones. No importa quiénes seamos o dónde vivamos, nuestro bienestar depende de la forma en que funcionan los ecosistemas. Lo más obvio es que los ecosistemas pueden proporcionarnos cosas materiales que son esenciales para nuestra vida, como alimentos, agua o medicinas. Aunque otros beneficios que obtenemos de los ecosistemas se pasan por alto fácilmente, también juegan un papel importante en la regulación de donde vivimos. Estos pueden ayudar con la regulación climática (Ghaley, Vesterdal y Porter, 2014), asegurar el flujo de agua limpia (Stürck Poortinga y Verburg, 2014), regular del ciclo del agua (McGrane, 2016), protegernos de inundaciones (McGranahan, Balk y Anderson, 2007) u otros peligros como la erosión del suelo, deslizamientos de tierra y tsunamis (Gómez-Baggethun y Barton, 2013). Además, pueden contribuir a nuestro bienestar espiritual, a través de su importancia cultural o las oportunidades que brindan para la recreación y el disfrute de la naturaleza (Haines-Young y Potschin, 2012; Sandifer, Sutton-Grier y Ward, 2015). Esta información puede ser muy útil para formular políticas urbanísticas concretas, identificando, por ejemplo, aquellas zonas que deberían incorporarse a la protección por sus aportes ecosistémicos o por su mayor vulnerabilidad a los cambios. Ahora bien, para llevar a cabo una adecuada interpretación del mapeado de estas cuestiones, es necesario también incorporar los posibles desarrollos futuros contemplados en la planificación.

ESTUDIO DE CASO

La Comunidad de Madrid (España) se define, urbanísticamente, por la inexistencia de un planeamiento territorial integral, la inadaptabilidad del planeamiento municipal a la legislación vigente y una legislación sectorial ambiental que podría ser utilizada para lograr una mayor sostenibilidad territorial (Córdoba Hernández y Morcillo Álvarez, 2020; Valenzuela Rubio, 2010). En la actualidad, sus principales problemas ambientales provienen de la conflictividad entra la población, el desarrollo de sus diversas actividades, el propio territorio donde se realizan y la presión inmobiliaria existente, sobre todo en el área metropolitana. La forma tradicional de intentar paliar esta conflictividad, sin dejar de lado el desarrollo socioeconómico ni la protección del medioambiente, fue a través de la planificación y la evaluación ambiental. Las principales características que cumple este caso y que favorecen su interpretación son su escala provincial y adecuado tamaño (802.200 ha), el elevado número de población afectada (6,685 millones a enero de 2020), la existencia de 8 ecosistemas según la agrupación de hábitats del European Nature Information System (EUNIS) y la no presencia de ecosistemas marinos, que se encuentran menos desarrollados por la metodología europea que se quiere adaptar (Figura 1).

METODOLOGÍA

La consideración del planeamiento como un factor complementario de presión sobre los ecosistemas supone visibilizar un nuevo riesgo no considerado hasta el momento por la metodología de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) respecto de esta temática. A fin de llevar a cabo el estudio que aquí se expone e integrar el citado factor en la evaluación es necesario trabajar a una escala donde el planeamiento se rija por las mismas reglas y cuya información sea accesible, como es el caso de la Comunidad de Madrid.

El primer paso es homologar y complementar la metodología europea al caso nacional con la adecuación de escala necesaria. Para ello, se utiliza la información disponible del Instituto Geográfico Nacional y del servidor de Infraestructuras de Datos Espaciales de Madrid. Ambos facilitan información abierta que puede ser tratada con aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Este proceso comienza con Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) que identifica 12 tipos ecosistémicos (Maes et al., 2013) y que evalúa cada acción descrita por la EEA con el objetivo de analizar los problemas ambientales e identificar medidas para resolverlos. Estos tipos se conforman por agrupaciones de ecosistemas contemplados en el European Nature Information System (EUNIS), cuya clasificación busca la identificación de todos los hábitats, partiendo de la información de usos del suelo facilitada por el Corine Land Cover (CLC) y las cartografías de diferentes hábitats. La aplicación de este análisis a una escala superior presenta cinco problemas: escala de referencia, unidad mínima cartografiable, simplificación jerárquica, falta de información natural a escala regional y un acceso libre sólo posible en formato ráster, que no se adapta a la cartografía local vectorial de detalle por el tamaño de celda de resolución.

Para que los datos disponibles sobre aportes ecosistémicos y su comparación con las protecciones urbanísticas tengan una mayor fiabilidad, se planea adaptarla a la información disponible en un territorio concreto. Así, se reclasifican las categorías del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) que ayuda a la delimitación de los ecosistemas e incorpora con mejor aproximación elementos que fraccionan los hábitats, tales como infraestructuras de comunicación o energéticas gracias a su escala.

Con el propósito de completar esta cartografía, se adaptan los 46 tipos de suelo identificados por el SIOSE a los 12 ecosistemas principales del proyecto MAES. La asignación no es directa pues las categorías CLC difieren de las SIOSE y es necesario incorporar la información del Mapa del Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid (MFE) que precisa los ecosistemas de tierras de cultivo, pastizales, bosques y bosquetes, brezales y arbustos (Figura 2). Una vez realizado este proceso, se obtiene una cartografía SIOSE en la que se pueden asignar las unidades ecosistémicas EUNIS con mayor detalle que en el cruce CLC/EUNIS europeo.

El siguiente paso es medir el riesgo de reducción de aportes ecosistémicos por las presiones detectadas por la EEA (European Environment Agency, 2017) en el caso de estudio. Para ello, las 44 coberturas identificadas por el SIOSE se agrupan en 20 ecosistemas EUNIS que se traducen en 8 unidades ecosistémicas MAES. De esta forma, cada unidad ecosistémica puede ser evaluada atendiendo a las presiones ejercidas según los criterios del proyecto y, dado que los demás aspectos asociados están mapeados, es posible territorializar la afección (Tabla 1).

De forma paralela, se analiza el planeamiento autonómico. Este se caracteriza por tres niveles de formulación: el planeamiento territorial, los suelos condicionados por la legislación y, el planeamiento municipal, en el cual los diferentes ayuntamientos han apostado por un modelo concreto de desarrollo y protección del suelo acorde con la legislación de suelo imperante.

Con esta información se realiza el cuarto paso metodológico que consiste en comparar los niveles de riesgo de reducción de aportes ecosistémicos con la planificación urbanística de la Comunidad de Madrid. Del cruce de los suelos previstos para el desarrollo no afectados por ninguna legislación sectorial que impida su desarrollo con los hábitats más vulnerables a los impactos, surgen aquellos suelos que deberán ser considerados especialmente por el planeamiento municipal en el momento de su revisión dado que mantener su desarrollo previsto pondría en grave situación la continuidad de las aportaciones ecosistémicas de estos suelos.

La superposición de estos ecosistemas con la planificación permite identificar la Vulnerabilidad Ecosistémica según el Planeamiento (VEP) que sería el último paso de la metodología. Estos suelos se definen como aquellos que, teniendo una alta o muy alta sensibilidad a los efectos de las acciones planteadas sobre la biodiversidad, además carecen de una protección adecuada por parte de la regulación urbanística permitiéndose en ellas usos que perjudicarían más esa condición (Figura 3).

RESULTADOS

A partir de los resultados obtenidos, es posible indicar que el territorio cuyos ecosistemas sufren mayores presiones coincide con los ecosistemas urbanos, cultivos, humedales y ríos. Según la proyección, los efectos se notarán principalmente en la parte central y sur de la Comunidad. Los efectos del cambio climático serán moderados o bajos, y los suelos urbanizados, las zonas de cultivo, los humedales y los ríos, las que sufrirían más los cambios de temperatura y flujo de precipitaciones, como también eventos extremos e incendios en el medio rural. Las zonas donde la sobreexplotación de recursos podría ser más acusada son las tierras de cultivo, los humedales, lagos y ríos donde la intensificación agrícola mediante el cultivo intensivo y la sobreexplotación de cultivos y aguas subterráneas ya están haciendo notar sus primeros efectos. Atendiendo a los riesgos potenciales que implicaría la introducción de especies exóticas, el mayor peligro se localiza en las zonas urbanas, mientras que los efectos de la contaminación y enriquecimiento de los nutrientes perturbarían especialmente a los ecosistemas urbanos, de cultivo, humedales, lagos y ríos. La simultaneidad de estas cinco acciones permite graduar el grado de vulnerabilidad de estos ecosistemas en la Figura 4.

Por otro lado, la territorialización resultante de las diferentes protecciones derivadas de la legislación sectorial, las figuras de planificación territorial o el planeamiento municipal puede apreciarse en la Figura 5. La consideración general de estas cuestiones, sin introducirnos en sus regulaciones concretas de usos ni en entrar a valorar lo adecuado de estos, implicaría una alta protección del territorio, con el 66,43% del suelo con algún tipo de protección. El principal problema de las figuras de planeamiento territorial es que, pese a su denominación, contemplan algunos crecimientos heredados como ocurre en el caso del PORN de la Sierra de Guadarrama.

Resta la consideración de los desarrollos propuestos para identificar los VEP. Estos tienen una extensión de 239.513 ha, equivalentes a un 29,86% del territorio. De esta superficie, un 62,61% tendría una vulnerabilidad ecosistémica alta o muy alta, según el planeamiento, y se pondría en riesgo la aportación de sus recursos ecosistémicos con su ejecución, perjudicando la habitabilidad no sólo de estos futuros desarrollos sino también de los suelos ya urbanizados (Figura 6).

DISCUSIONES

La toma en consideración tanto de la capacidad de adaptabilidad como de la reducción de consumos necesarias para llevar a cabo un desarrollo urbanístico o determinar la necesidad de protección de un determinado territorio requiere identificar los componentes del modelo territorial que determinan su capacidad resiliente. No hacerlo puede poner en riesgo el mantenimiento del bienestar humano y el desarrollo económico y social de la región. Esta resiliencia podría definirse como la capacidad de un sistema para mantenerse, o regresar a las funciones deseadas ante una perturbación, para adaptarse al cambio y para transformar los sistemas que limitan la capacidad de adaptación actual o futura (Meerow, Newell y Stults, 2016) y debería formar parte, tanto de la planificación urbanística como de las políticas territoriales, urbanas y de habitar de los próximos años. Pero, para ello, es necesario conocer los principales problemas a los que se enfrenta cada territorio en función de su realidad física y natural.

La tendencia a la urbanización global ha provocado un claro desequilibrio entre el mundo rural y el urbano; tendencia que sigue siendo alentada por la carestía de trabajo, una nueva crisis económica o una creciente falta de cobertura de las necesidades básicas en algunas regiones (Córdoba Hernández y García-Burgos Pérez, 2020; HIC-AL/Grupo de trabajo de PSH, 2017).

Si estos aspectos condicionan de por sí y claramente la práctica de la planificación, otros vectores menos controlables como los desplazamientos recientes derivados de problemas ambientales y de situaciones de riesgo causadas por del cambio climático (Oyedeji, 2017) incrementan los factores resilientes a valorar. Asuntos no baladíes, si se tienen en cuenta las previsiones que estiman que más de 143 millones de personas podrían verse obligadas a trasladarse dentro de sus propios países para escapar de estas amenazas (Rigaud et al., 2018).

El diseño e implementación de estrategias y planes de acción para la preservación de los ecosistemas, el uso de herramientas de planificación basadas en evidencia para diseñar redes de áreas de conservación y conectividad de estos, es fundamental para la gestión integrada del medio natural, como también para aumentar la resiliencia de estos territorios ante los efectos adversos que puedan seguir llegando. En este sentido, la legislación vigente de suelo debería ser la encargada de regular el planeamiento en este territorio, salvaguardando de actividades propias del suelo urbano; aquellos suelos sometidos a regímenes especiales de protección incompatible con su transformación conforme al planeamiento regional, la legislación sectorial o sus valores.

Por lo anterior, apostar por la construcción de una red ecológica coherente multiescalar mediante la mejora y fortalecimiento de la infraestructura verde europea, atendiendo directamente al mandato del Objetivo 2 de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2020 (Unión Europea, 2011), orientada a la mejora y mantenimiento de los ecosistemas creando una infraestructura verde transfronteriza, puede ser una solución a las problemáticas aquí analizadas. Esa red enlazaría, asimismo, con la necesidad de establecer vínculos a diferentes escalas: continentales, nacionales, regionales y locales.

A la citada estrategia, se ha sumado a finales de 2020 la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas nacional (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020), que tiene como objetivos proteger la naturaleza, fortalecer la resiliencia ecológica, promover un crecimiento hipocarbónico que utilice los recursos de forma eficiente y reducir las amenazas para la salud y el bienestar humanos asociadas a la contaminación, las sustancias químicas y el impacto del cambio climático, en coherencia con el VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente, Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta (European Commission, 2013) y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations, 2018).

De acuerdo con la Comisión Europea, la infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos, y de los que podrían perfectamente formar parte los ecosistemas más vulnerables identificados con esta metodología.

Para llevar esta labor a cabo se hace necesario reducir o no incrementar la vulnerabilidad detectada. Esta vulnerabilidad debería ser considerada en los procedimientos de evaluación ambiental demandada normativamente por la legislación de suelo.

Desde esta perspectiva, contar con información completa y confiable sobre el estado de los ecosistemas y sus servicios, y profundizar en el seguimiento y monitoreo de los cambios que puedan producirse, se torna esencial para saber si se han alcanzado o no los objetivos de la evaluación ambiental estratégica y si estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales, no sólo referidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también a la preservación del valioso medio natural que nos rodea.

El desarrollo en estos ámbitos puede contribuir a respaldar la implementación de la legislación ambiental, la integración de objetivos conservación ambiental en el sector políticas y el desarrollo, y realizar todos aquellos cambios que fuesen precisos para alcanzar dichos planteamientos. En este contexto, se debería apostar por la conservación más que por la preservación, pese a ser conceptos que a menudo se tratan indistintamente. Sin embargo, la diferencia es notable si queremos atender a nuestras necesidades futuras. Así, mientras el primero de los términos supone la defensa presente y futura, y la preservación tan sólo supone una protección ante lo que pueda pasar en el futuro, pero no implica necesariamente que se desarrolle alguna acción determinada cuando ese futuro llegue.

Ahondando en este tipo de estudios, la identificación y cartografía de los ecosistemas podría utilizarse para definir espacialmente interacciones entre diferentes espacios, priorizar acciones de conservación y protección de nuestro patrimonio o minimizar las compensaciones entre los servicios de los ecosistemas.

CONCLUSIONES

Con la presente investigación se pone en relieve la importancia del mapeo tanto de los efectos de determinadas acciones sobre los ecosistemas como del propio planeamiento y las diversas afecciones territoriales derivadas de la legislación sectorial para diagnosticar la situación actual, ante los retos y la incertidumbre de sus efectos sobre la planificación urbana en el contexto actual. Si bien el proyecto europeo atiende a la primera de las cuestiones para la evaluación del riesgo de los ecosistemas, también es cierto que la presión urbanizadora es difícil de integrar a esa escala y precisa de un contexto nacional o autonómico. La inclusión del planeamiento en estas valoraciones puede resultar de suma importancia para establecer adecuadamente los futuros usos del territorio y su puesta en valor, de modo que la identificación de los suelos más vulnerables ecosistémicamente, según el planeamiento, tengan una adecuada conservación.

Este mapeo debe identificar y delimitar la extensión espacial de diferentes ecosistemas mediante la integración espacial de datos cualitativos sobre la cobertura terrestre y sus características ambientales. Además, en busca de una mayor conservación de los ecosistemas, se debe evaluar su estado, analizando las principales presiones, valorar los vínculos entre sus condiciones, calidad y biodiversidad, y establecer cómo afecta a la capacidad del ecosistema proporcionar sus servicios. Finalmente, será posible tasar las consecuencias para los seres humanos y su bienestar. La relevancia de estas cuestiones es tal, que los planificadores no pueden quedarse al margen y deben participar regulando adecuadamente los futuros usos de esos suelos, no sólo poniéndolos en valía por sus valores naturales o paisajísticos, sino también atendiendo a sus aportaciones de bienes-servicios.

La información sobre la presión a determinados ecosistemas puede ayudar a evaluar esta capacidad de provisión de servicios. De ese modo, es esencial informar de las políticas para reducir estas presiones, así como evitar traspasar niveles críticos de presión capaces de provocar una alteración radical en el ecosistema con introducción y/o desaparición de especies o un cambio en su nivel de resiliencia. Por ello, antes de llegar a esa situación, se ha de trabajar en la prevención y cuidado de estas áreas con las herramientas apropiadas que cada país o región aporte. Una de estas herramientas es el planeamiento urbanístico que, en el caso español, debe buscar la eficacia de las medidas de conservación y mejora del medio natural, preservar los valores del suelo cuya transformación sea injustificada para atender las necesidades de transformación urbanística o minimizar la contaminación del aire, el agua o el subsuelo, según establece su propia legislación. La inclusión del planeamiento como tal debe ser una labor a realizar por cada uno de los países o regiones, pues las diferenciaciones entre estos dificultarían mucho la tarea de homogenización a nivel europeo, corriéndose el riesgo de la simplificación. Con todo, la metodología propuesta abre nuevos caminos en este sentido, pudiéndose adaptar de manera sencilla en otros contextos territoriales, tanto autonómicos como provinciales en el caso español, como con otras figuras administrativas a nivel internacional.

Dada la singularidad del trabajo del planificador, por los condicionantes implícitos que implica la propia clasificación del suelo, la mayor definición de impactos que envuelve el cambio metodológico debería ayudar a los Ayuntamientos en el cumplimiento adecuado de estas disposiciones. En definitiva, el análisis sobre el riesgo de disminuir las aportaciones de los ecosistemas debería formar parte de la Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento. Con ello se podría conformar una red verde estratégica que contemplase el establecimiento de puntos de control o indicadores de seguimiento de su estado y nivel de estrés; todo lo cual permitiría tener un análisis más pormenorizado de la situación de vulnerabilidad de los ecosistemas.

INTRODUCTION

The multitude of pressures and impacts that cities generate as a center for economic, social, and cultural attraction, has a dimension that clearly transcends their boundaries. These dynamics have an influence on the change of land use and, therefore, present challenges for planners, especially for the integration of environmental aspects in their projects (Hurlimann & March, 2012). One of the main challenges that the profession has in the planning, is incorporating the valuation of the state of ecosystems and their contributions for citizens. The composition of biological communities is altered by urbanization, through multiple activities that change both the properties of ecosystems and the services and goods they provide us and, as a result, the quality of life of the inhabitants who were previously supplied by these services (Gardi, Panagos, Van Liedekerke, Bosco & De Brogniez, 2015; Huemann et al., 2011; Koukoui, Gersonius, Schot & Van Herk, 2015). The protections of ecosystems that provide these goods is completely necessary and must be worked on comprehensively, establishing ties between the continental and local analysis scales (European Environment Agency, 2017). Given issues, like planning, have a local or regional character, in the Spanish case, and could barely be included at a national or European scale. However, the adoption of new sources of information and the urban perspectives there are on environmental information, can help to improve the interpretation of these spaces and to consider them in local resilience calculations (Hernández Aja et al., 2020).

The research starts with the hypothesis that the European ecosystem assessment methodology provides important keys to know the main pressures that act on ecosystems but that, on not contemplating urban planning, one of the fundamental causes of environmental damage, is being overlooked. For the introduction of this factor, it is necessary to adapt the information and scales typology of the European methodology to the region under analysis, and to consider planning. With this, a comparison is established between the protection derived from planning and the risk levels that emerge from the rest of the components involved.

With this purpose, the European project is analyzed and adapted to a given region, the Community of Madrid (Spain), to later incorporate the planning factor as a new anthropic pressure exercised on ecosystems. Despite this being a case study, the methodology developed has enough flexibility to adapt to different regions which, depending on the level of detail in the information they have, could work similarly to that outlined.

THEORETICAL FRAMEWORK

Ecosystem services are understood as the benefits that human beings obtain from the environment (Millennium Ecosystem Assesment, 2004), and addressing them in cities requires a combination of socioeconomic and environmental monitoring tools where ecosystems can serve as a framework to achieve this combination (Maes et al., 2014). These ecosystems are formed by the interaction of communities of living organisms with abiotic surroundings, where biodiversity is the base behind them and allows them to be resilient in the face of global change (Harrison et al., 2014; Linney, Henrys, Blackburn, Maskell & Harrison, 2020).

Despite the growing interest to use the concept of ecosystem services as a means to transfer knowledge of environmental science to decision makers and planners (Haase et al., 2014; Hassan, 2005; Kumar, 2012; United Nations, 2017), only initial steps have been taken in studies/plans to make integrated assessments about the ties between urban functionalities and environmental aspects (Guerry et al., 2015; Simón Rojo, Zazo Moratalla, Alonso & Jiménez, 2014), and the integration of this knowledge in the practice of planning continues to be a challenge, in particular in urban areas where sustainability related issues are not integrated into planning strategies (Artmann, 2014). In the meantime, the exhaustion of resources, both of energy and material nature, or the effects of extreme climate phenomena jeopardize our survival (Fernández Durán & González Reyes, 2014; Sala et al., 2000) and, although internationally there is a general acknowledgment about the importance of ecosystems and goods-services, outlining the problem of their management and degradation among the Sustainable Development Goals (Everard, Johnston, Santillo & Staddon, 2020; United Nations, 2018), great progress is not being made from the planning area.

ANTHROPIC IMPACT ON ECOSYSTEMS AND ITS EFFECTS ON THE SERVICE PROVISION CAPACITY

It is difficult to evaluate the different pressures, trends, and impacts corresponding to each ecosystem due to the lack of specific data. Because of this, these are associated and valued considering the five large groups of actions -habitat transformation, climate change, overexploitation of resources, introduction of invasive exotic species, and contamination and enrichment of nutrients- identified by the Millennium Ecosystem Assessment (2004). However, this methodology does not talk about urban pressure or the role of conservation that planning has.

The pressures mentioned can help to assess the conditions of our ecosystems and the effects these have on their characteristics. It does not matter who we are or where we live, our wellbeing depends on the way in which the ecosystems work. The most obvious aspect is that ecosystems can provide us with material things that are essential for our lives, like food, water, or medicine. Although other benefits that we obtain from ecosystems are easily overlooked, they also play an important role in the regulation of where we live. These can help with climate regulation (Ghaley, Vesterdal & Porter, 2014), ensure the flow of clean water (Stürck Poortinga & Verburg, 2014), regulate the water cycle (McGrane, 2016), protect us from flooding (McGranahan, Balk & Anderson, 2007), and other hazards like soil erosion, landslides. and tsunamis (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). In addition, they can contribute to our spiritual wellbeing, through their cultural importance or the opportunities they provide for leisure purposes or enjoying nature (Haines-Young & Potschin, 2012; Sandifer, Sutton-Grier & Ward, 2015). This information can be very useful to formulate specific urban policies, identifying for example, those areas that should be incorporated to the protection measures due to their ecosystem contributions or their greater vulnerability to change. Nevertheless, to suitably interpret the mapping of these issues, it is also necessary to incorporate possible future developments considered within the planning sphere.

CASE STUDY

The Community of Madrid, Spain is defined, in urban terms, by the non-existence of comprehensive regional planning, the inadaptability of municipal planning to current legislation, and an environmental sectorial legislation that could be used to achieve greater regional sustainability (Córdoba Hernández & Morcillo Álvarez, 2020; Valenzuela Rubio, 2010). Currently, the main environmental problems come from the conflict between the population, their different activities, the region where these take place, and existing property pressure, especially in the metropolitan area. The traditional way to try to alleviate this conflict, without leaving socioeconomic development or environmental protection aside, was through planning and environmental assessment. The main characteristics this case has and that favor its interpretation, are its provincial scale and suitable size (802,200 ha), the elevated population affected, 6.685 million to January 2020, the existence of 8 ecosystems according to the habitat groups of the European Nature Information System (EUNIS), and the absence of marine ecosystems, that are less developed by the European methodology, that is sought to be adapted (Figure 1).

METHODOLOGY

Consideration of planning as a complementary pressure factor on ecosystems leads to seeing a new risk, neglected until now by the methodology of the European Environment Agency (EEA) vis-a-vis this issue. In order to carry out this study and include this factor in the assessment, it is necessary to work at a scale where planning is governed by the same rules, and where information is accessible, as is the case of the Community of Madrid.

The first step is standardizing and complementing the European methodology to the national case with the necessary adaptation of the scale. For this, the information available from the National Geographical Institute and the services of the Madrid Spatial Data Infrastructure is used. Both provide open information that can be managed using Geographic Information Systems (GIS).

This process begins through the Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES), which identifies 12 ecosystem types (Maes et al., 2014), and evaluates each action described by the EEA, aiming at analyzing the environmental problems and identifying measures to resolve them. These types are formed by ecosystem groupings considered in the European Nature Information System (EUNIS), whose classification seeks to identify all habitats, starting from the land use information provided by Corine Land Cover (CLC), and the maps of different habitats. The application of this analysis at a greater scale presents five problems: reference scale; minimum mappable unit; hierarchical simplification; lack of natural information at a regional scale; and free access only possible in raster format, which does not adapt to the detailed vectorial local map due to the size of the resolution cell.

So that the data available about ecosystem contributions and their comparison with urban protections have a greater reliability, it is suggested to adapt them to the information available in a specific region. In this way, the categories of the Spanish Land Occupation Information System (SIOSE, in Spanish) are reclassified, which helps to mark out the ecosystems and incorporates, with a better approximation, elements that divide habitats, such as communication or energy infrastructures, due to their scale.

In order to complete this map, the 46 land types identified by SIOSE are adapted to the 12 main ecosystems of the MAES project. The allocation is not direct, as CLC categories differ from those of SIOSE, and it is necessary to include information from the Community of Madrid Forestry Land Map (MFE, in Spanish) that details the ecosystems of agricultural lands, pastures, forests and woods, moors, and bushes (Figure 2). Once this process is done, a SIOSE map is obtained, where EUNIS ecosystem units can be assigned in greater detail than when they are crossed with the European CLC/EUNIS.

The following step is to measure the risk of reducing ecosystem contributions due to the pressure detected by the EEA (European Environment Agency, 2017) in the case under study. For this, the 44 covers identified by the SIOSE are grouped into 20 EUNIS ecosystems that are translated into 8 MAES ecosystem units. In this way, each ecosystem unit can be assessed considering the pressures exercised using the project’s criteria and, given that the rest of the associated aspects are mapped, it is possible to regionalize the affectation (Table 1).

Alongside this, the autonomous planning is analyzed. This is characterized by three levels of formulation: regional planning; land conditioned by legislation; and municipal planning, where different councils have gone for a specific model of land protection and development in line with prevailing land legislation.

With this information, the fourth methodological step is made, which consists in comparing the risk levels of reducing ecosystem contributions with the urban planning of the Community of Madrid. From crossing the lands foreseen for the development not affected by any sectorial legislation that impedes their development, with the habitats most vulnerable to impacts, those lands that must be especially considered by municipal planning at the time of their revision emerge, given that maintaining their foreseen development would jeopardize the continuity of their ecosystem contributions.

The overlapping of these ecosystems with planning allows identifying Ecosystem Vulnerability according to Planning (VEP, in Spanish), which would be the last step of the methodology. These lands are defined as those which, on having a high or very high sensitivity to the effects of the actions suggested on biodiversity, also lack a suitable protection from urban regulation, permitting in these, uses that would harm this condition yet further (Figure 3).

RESULTS

Starting from the results obtained, it is possible to indicate that the region whose ecosystems endure greater pressure coincides with urban ecosystems, agricultural land, wetlands, and rivers. According to the projection, the effects will mainly be noticeable in the central and southern part of the Community. The effects of climate change will be moderate or low, and the urbanized land, agricultural areas, wetlands and rivers, will be those that would suffer more temperature and rainfall flow changes, and extreme events and fires in the rural environment. The areas where overexploitation of resources could be most seen are those of agricultural areas, wetlands, lakes and rivers. where agricultural intensification through intensive agriculture and the overexploitation of crops and groundwater are already starting to manifest their first effects. Considering the potential risks that the introduction of exotic species would imply, the greatest danger lies in urban areas, while the effects of contamination and enrichment of nutrients would especially disturb the urban, agricultural, wetlands, lakes and rivers ecosystems. The simultaneity of these five actions allows grading the degree of vulnerability of these ecosystems in Figure 4.

On the other hand, the regionalization resulting from the different protections of sectorial legislation, the regional planning or municipal planning figures, can be seen in Figure 5. The general consideration of these matters, without delving deeper into their actual use, nor into valuing how suitable these are, would imply a high protection of the region, with 66.43% of the land with some type of protection. The main problem of regional planning figures is that, despite their denomination, they consider some inherited growth as occurs in the case of the PORN of Sierra de Guadarrama.

The consideration of the developments proposed to identify the VEP comes next. These have a size of 239,513 ha, equivalent to 29.86% of the region. From this surface, 62.61% would have a high or very high ecosystem vulnerability, according to the planning, and the contribution of their ecosystem resources would be jeopardized with its execution, harming the habitability not just of these future developments, but also of already urbanized land (Figure 6).

DISCUSSIONS

The consideration of both the adaptability capacity on the reduction of consumption needed to carry out an urban development, and to determine the protection needs of a given region, requires identifying the components of the regional model that determine its resilience capacity. Not doing so may jeopardize human wellbeing and maintaining the economic and social development of the region. This resilience could be defined as the capacity of a system to maintain itself, or to return to the functions desirable before a disturbance, to adapt to the change, and to transform the systems that limit current or future adaptation capacity (Meerow, Newell & Stults, 2016), and should form part, both of the urban planning and of the regional, urban and living policies of the coming years. But, for this, it is necessary to know the main problems that each region faces considering their physical and natural reality.

The trend towards global urbanization has caused a clear imbalance between the rural and urban worlds, a trend that continues to be encouraged by a lack of work, a new economic crisis or a growing lack of coverage of basic needs in some regions (Córdoba Hernández & García-Burgos Pérez, 2020; HIC-AL/ PSH Work group, 2017).

If these aspects condition, clearly and by themselves, the practice of planning, other less controllable vectors like the recent displacements derived from environmental problems and situations of risk caused by climate change (Oyedeji, 2017), increase the resilient factors to be assessed. These are not trivial matters, if consideration is paid to the forecasts that estimate that more than 143 million people could be forced to move within their own countries to escape these threats (Rigaud et al., 2018).

The design and implementation of strategies and action plans for the preservation of ecosystems, the use of evidence-based planning tools to design conservation areas and networks and their connectivity, are essential for integrated natural environment management, as well as to increase the resilience of these regions against the adverse effects that may continue to arrive. In this sense, current land legislation should be in charge of regulating planning in this region, safeguarding the activities typical of urban land; those lands subject to special protection regimes, that are incompatible with their transformation following the regional planning, sectorial legislation, or their values.

For this, aiming for the construction of a coherent multiscale ecological network through the improvement and strengthening of European green infrastructure, directly considering the mandate of Objective 2 of the EU Strategy on Biodiversity for 2020 (European Union, 2011), focused on the improvement and upkeep of ecosystems, creating a transborder green infrastructure, may be a solution to the problems analyzed here. This network would be linked, at the same time, with the need of establishing ties at different scales: continental, national, regional, and local.

By the end of 2020, the State strategy for green infrastructure and connectivity and national ecological restoration (Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenges, 2020) has been added to the aforementioned strategy. Its purpose is protecting nature, strengthening ecological resilience, promoting low carbon growth that uses resources efficiently, reducing threats for human health and wellbeing associated to contamination, chemical substances, and the impact of climate change, adhering to the VII General Action Program of the Union on matters of Environment, living well, within the limits of our planet (European Commission, 2013), and in line with the Sustainable Development Goals (United Nations, 2018).

According to the European Commission, green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural spaces and other environmental elements designed and managed to offer a broad range of ecosystem services, which the most vulnerable ecosystems identified with this methodology could perfectly be part of.

To carry out this task, it is necessary to reduce or not increase the detected vulnerability. This vulnerability should be considered in the environmental assessment procedures demanded by the regulations for land legislation.

From this perspective, having complete and reliable information about the status of ecosystems and their services, and delving deeper into the follow-up and monitoring of the changes that can happen, it becomes essential to know whether the goals of the strategic environmental assessment have been met or not, and if we are fulfilling our international commitments, not just referring to the mitigation and adaptation to climate change, but also to the preservation of the valuable natural environment that surrounds us.

Development in these aspects can contribute to supporting the implementation of environmental legislation, the integration of environmental conservation goals in the policies and development sector, and enacting all the changes needed to comply with these statements. In this context, conservation more than preservation should be targeted, despite being concepts that often used indistinctly. However, the difference is noticeable if we want to consider our future needs. In this way, while the first of the terms assumes the present and future defense, preservation only supposes a protection against what may happen in the future, but does not necessarily imply that a given action is done when that future arrives.

Looking further into this type of studies, the identification and mapping of ecosystems could be used to spatially define interactions between different spaces, prioritizing conservation and protection actions of our heritage or minimizing the compensations among ecosystem services.

CONCLUSIONS

This research shows the importance of mapping both the effects of given actions over ecosystems and of the planning itself and the different regional issues of sectorial legislation to diagnose the current situation, facing the challenges and uncertainty of their effects on urban planning in the current context. Although the European project handles the first of these matters to assess the ecosystem risk, it is also true that the urban pressure is difficult to integrate on this scale and it needs a national or autonomous context. The inclusion of planning in these valuations can be of great importance to suitably establish future uses of the region and their valuation, as well as the identification of the most vulnerable ecosystem lands, according to planning, to have a suitable conservation.

This mapping must identify and mark out the spatial extension of different ecosystems through the spatial integration of qualitative data on land cover and its environmental characteristics. In addition, in the search for a greater conservation of ecosystems, their state must be assessed, analyzing the main pressures, valuing the links between their conditions, quality and biodiversity, and establishing how this affects the capacity of the ecosystem to provide its services. Finally, it will be possible to rate the consequences for human beings and their wellbeing. The relevance of these questions is such, that planners cannot be left out and must take part, suitably regulating future uses of these lands, not just valuing them because of their natural or scenic values, but also considering the contribution of their goods-services.

Information on the pressure of given ecosystems can help to assess this service provision capacity. In this way, it is essential to inform about the policies to reduce these pressures, as well as to avoid exceeding critical pressure levels that are capable of causing a radical alteration in the ecosystem with the introduction and/or disappearance of species or a change in its resilience level. For this reason, before reaching this situation, work has to be done for the prevention and care of these areas using the suitable tools that each country or region provides. One of these tools is urban planning which, in the Spanish case, must seek efficiency of conservation and improvement measures for the natural environment, preserving land values whose transformation is unjustified to consider urban transformation needs or to minimize air, water or subsoil contamination, as its own legislation establishes. The inclusion of planning as such, must be a task performed by each one of the countries or regions, as the differentiations between these would complicate the task of homogenization at a European level greatly, running the risk of simplification. All in all, the methodology proposed opens new paths in this sense, being able to be adapted straightforwardly in other regional contexts, both autonomous and provincial in the Spanish case, as well as with other administrative figures at an international level.

Given the singularity of the planner’s work, due to the implicit conditioning factors that the land classification itself implies, the greater definition of impacts the methodological change involves, should help Councils to suitably comply with these regulations. Ultimately, the analysis about the risk of reducing the contributions of ecosystems should be part of the Strategic Environmental Assessment of planning. With this, a strategic green network could be formed that would consider establishing points of control or follow-up indicators of their state and level of stress, all of which would allow having a more detailed analysis of the vulnerability situation of ecosystems.

Agradecimientos

Este artículo recoge resultados de la tesis doctoral “La estructura territorial resiliente: Análisis y formalización a través del Planeamiento Urbanístico” enmarcada en el Doctorado en “Sostenibilidad y Regeneración Urbana” de la Universidad Politécnica de Madrid, España.

This article presents the results of the doctoral thesis "La estructura territorial resiliente: Análisis y formalización a través del Planeamiento Urbanístico" in the framework of the PhD in "Sustainability and Urban Regeneration" of the Polytechnic University of Madrid, Spain.

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