Ejército regular y élites locales en la intendencia de Concepción a fines del periodo colonial. Una aproximación desde la prosopografía y el análisis de redes sociales

Introducción

Las últimas décadas del periodo colonial constituyen un periodo de vital interés para el estudio de la institucionalidad militar, no sólo para la frontera hispano-mapuche, sino para toda la América española. Desde principios del siglo XVIII, varias expediciones científicas y militares ya habían considerado detenidamente la cuestión de la defensa (Frezier, 1716; Juan y Ulloa, 1826), sin embargo, no fue sino hasta después de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) cuando esta necesidad se hizo patente. A partir de entonces, y en el marco de un amplio plan de reformas para todo el continente, la corona impulsó una serie de proyectos y experimentos de distinta índole, destinados a dotar a sus colonias de una nueva institucionalidad castrense. Básicamente, se trató imitar el proceso de profesionalización militar implementado en Inglaterra y Francia, aunque en un grado muy inferior y enfocado casi exclusivamente hacia la defensa de los territorios ultramarinos. De ahí que entre las medidas más importantes destacan la fortificación de ciudades y los puertos, así como la ocupación de zonas estratégicas, particularmente en el Caribe. En este mismo sentido, y dentro del tema que nos interesa, se constituyeron un conjunto de cuerpos regulares destinados a América –los llamados regimientos fijos– los que en teoría debían ser periódicamente ampliados y reforzados a través del llamado ejército de refuerzo (Marchena, 1992b: 72-73).

Con todo, muchas de estas iniciativas estuvieron muy lejos de hacer frente a las necesidades del momento. Por un lado, resultaba virtualmente imposible salvar los elevados costos que implicaba la dotación de un ejército regular para todo el imperio. Tampoco se tenían las suficientes fuerzas para ello y, de haberlas tenido, habría sido una enorme odisea trasladarlas regularmente a través del Atlántico. Otro punto insalvable fue la dura oposición de los contingentes peninsulares a la hora de ser movilizados al Nuevo Mundo, bien la resistencia a cumplir con sus obligaciones una vez instalados en el continente. De ahí que las escazas fuerzas que alcanzaron a cruzar el Atlántico antes de 1780 pronto dejaron de tener un papel operativo. Por el contrario, la inmensa mayoría acabó estableciéndose en América y asimilándose al interior de las sociedades criollas.

A partir de lo anterior, es posible hablar de un fortalecimiento de las lógicas del mundo criollo en desmedro de los planes de reforma, que contrariamente buscaban una centralización del poder y la supresión de los viejos fueros y privilegios de las élites locales (Lynch, 1973). Dicho proceso adquirió mayor importancia en los primeros años del siglo XIX, cuando a la crisis militar se le sumó la crisis fiscal (Marichal, 1999). Así, la imposibilidad de sostener el proyecto militar borbónico, sumado a las presiones de las élites criollas por mayores cuotas de poder, condujeron finalmente a la reimplantación del anterior sistema de milicias provinciales –ahora llamadas milicias disciplinadas– lo cual tapó el hueco dejado por las reformas, aunque a un elevado costo, pues fueron nuevamente las élites criollas las encargadas de resguardar el sostenimiento de la defensa, ya de cara a las guerras de Independencia (Kuethe, 2005: 26).

Cómo operó la negociación entre la corona y las élites locales durante aquellas décadas es, ciertamente, una de las interrogantes centrales para poder comprender muchas de las lógicas de este periodo. Lo que sí sabemos, es que la monarquía no echó pie atrás a las reformas. Sin duda, las viejas preocupaciones de índole estratégico se entremezclaban con las nuevas coyunturas que planteaba la reforma institucional y la emergencia de las guerras imperiales. Y es que, durante las últimas décadas del siglo XVIII, tanto la corona como las autoridades virreinales dirigieron sus propósitos a mejorar la capacidad defensiva del continente, en consonancia con un mayor control de las periferias y una ampliación de las formas de control social. De ahí la importancia que a nuestro juicio comienza a adquirir el ejército, a modo de intermediario entre la autoridad central y los intereses criollos. Probablemente, esta sea una de las tantas formas de explicar el hondo alcance que tuvieron las reformas en el seno de sociedades marginales como la chilena.

En las páginas que siguen, intentaremos dilucidar las principales características que asumió el nuevo ejército fronterizo inaugurado en la década de los setenta, sobre la base un análisis prosopográfico que dé cuenta de su origen geográfico, rangos de edad, calidades sociales y niveles de profesionalización, entre otros muchos factores. Ya, en un segundo apartado, nos abocaremos a analizar la dimensión social de este mismo ejército, en el sentido de poder determinar el grado de inserción e interacción de los miembros de la oficialidad en las redes familiares de la vieja élite fronteriza. Al respecto, creemos que este último elemento puede resultar de vital importancia a la hora de responder nuestra interrogante inicial, en la medida en la que devela los niveles de participación del patriciado local en el nuevo juego de poderes de la corona, recobrando así una parte de su antiguo sitial.

Un nuevo ejército para una vieja frontera

Desde su descubrimiento, a mediados del siglo XVI, la zona centro sur de Chile –conocida tradicionalmente como “la frontera”– se había convertido en una de las regiones más conflictivas y marginales del imperio español. Por un lado, la enconada resistencia que ofrecieron las comunidades mapuches, hasta mediados del siglo XVII, impuso un poderoso freno a la exploración y conquista de los territorios australes, lo cual se tradujo en un pobre y costoso proceso de colonización que acentuó aún más el carácter ya periférico de aquellas latitudes. Paralelamente, la carrera imperial hacia las Indias Orientales, a través del Estrecho de Magallanes, se tornó también en un rotundo fracaso. Por el contrario, durante siglos la ruta por el Estrecho se transformó en un profundo dolor de cabeza para la corona, en la medida en la que fue explotada por otras potencias, ya sea en la expansión a Oriente, la explotación de recursos naturales o la conquista de nuevos territorios. De ahí que ambas cuestiones –la mantención de la guerra mapuche y el control del Pacífico– fueron durante mucho tiempo los pilares centrales de la política imperial con respecto Chile, todo lo cual acabó por configurar un sistema económico y social distintivo el cual perduró, sin mayores contrastes, hasta bien entrado el siglo XVIII.

Con todo, y al igual que en muchas otras regiones del continente, las llamadas reformas borbónicas supusieron un grave desafío a la mantención de aquel modelo de frontera. Ya para mediados del siglo XVIII, la guerra mapuche no era más que un recuerdo lejano. Un siglo y medio de evangelización y mestizaje habían dado lugar a lo que hoy se conoce como relaciones fronterizas, caracterizadas por un progresivo aumento del tráfico comercial y el mantenimiento sistemas de trabajo semi-esclavistas. Estas últimas, cristalizaron en un conjunto de negociaciones políticas, mismas que finalmente garantizaron la idea del pacto entre las comunidades indígenas y el rey católico. Bajo estos nuevos auspicios, la corona inició de este modo la prematura apertura de la frontera. Entre 1742 y 1795 se fundaron alrededor una decena de pueblos (Guarda, 1978:76-79), mejorando la integración del sistema regional, extendiendo las rutas comerciales con otras provincias y reorganizando la vieja estructura militar, esto último, ya en el marco de las reformas generales al ejército emprendidas por Carlos III.

En este sentido, en 1777 el gobernador de Chile –y futuro virrey del Perú– Agustín Jáuregui, constituyó oficialmente 2 cuerpos de infantería regular con base en el sur: el Batallón de Infantería Chile, cuyo grueso había llegado en el verano de 1770, y el Batallón Valdivia, conformado por distintas partidas del fallido ejército de refuerzo. Paralelamente, se conformó un cuerpo de caballería, el Regimiento de Dragones de Chile, conocido también como Dragones de la Frontera, integrado por el grueso de los viejos tercios de la Araucanía (Barros Arana, 1886: 366-367). Para el caso particular de nuestro estudio, nos centraremos en el primero y el último de estos cuerpos, tanto en función de su prestigio, como por su ubicación en el corazón de la vieja sociedad penquista.

Como hemos venido recalcando, una de las transformaciones más significativas que debieron experimentar los cuerpos veteranos hacia finales del siglo XVIII fue el proceso de criollización. ¿Cómo entender este fenómeno? Algunos autores clásicos de la historiografía americanista vieron en el mundo criollo una fuente de prematuros conflictos y antagonismos para con el predominio político y social de los peninsulares, de cuya pugna habrían surgido luego las bases ideológicas de los movimientos independentistas (Lynch, 1973; Brading, 1991; Pietschmann, 2003). Si bien, muchos de estos modelos son bastante sugerentes y entregan, así mismo, importantes reflexiones en torno a este periodo, convendría destacar la importancia que hoy ha adquirido la noción de crisis para explicar el estallido de las independencias. De ahí que, siguiendo a autores como Francois-Xavier Guerra (1992) y Jaime Rodríguez (2005), habría que rescatar la importancia de la crisis política de 1808, como punto de partida al surgimiento de estados independientes, restando así valor a las explicaciones de un protonacionalismo dieciochesco. Incluso para análisis enfocados en el propio estamento militar (Domínguez, 1985), no ha sido posible aplicar este tipo de interpretaciones, por lo que convendría descartarlas o aplicarlas a las coyunturas particulares sobre las cuales fueron diseñadas. De hecho, la mayoría de los trabajos que aplican el enfoque protonacionalista fueron desarrollados en base a experiencias de fuerte presión fiscal y burocratización –como la de Nueva España– sin tomar en cuenta lo acaecido en otras regiones del continente. Para Chile, por ejemplo, Jacques Barbier (1972) comprobó que, en ningún caso, las élites criollas se vieron asoladas por la presión de la nueva burocracia peninsular. Antes bien, muchos de estos funcionarios fueron cooptados al interior de sus redes familiares, al mismo tiempo que numerosos criollos lograron ingresar a la carrera burocrática, así como a los más altos puestos del Estado.

De ahí, entonces, la necesidad de utilizar otras perspectivas a la hora de analizar el proceso de criollización del ejército. Tal y como apunta Ossa Santa Cruz (2010: 432-433) en un sugerente estudio sobre el ejército colonial chileno, una primera propuesta, parte de la base de entender lo criollo como una esfera estrechamente asociada al mundo de las élites, ya que, como sostiene McFarlane (1998: 309-335), ni los mestizos, ni otras castas se identificaron con aquel tipo de representación. Para el caso particular de la oficialidad militar, valdría la pena analizar, no tanto la dimensión geográfica, sino sus niveles de profesionalización, en términos de grados alcanzados, calidades sociales y acceso al matrimonio, descartando así cualquier asociación de antagonismo entre criollos y peninsulares.

Vinculado a esta última posición, y basándonos esta vez en el criterio de Richard Lindley (1977: 107-109) para su ya clásico trabajo sobre la élite de Guadalajara, también habría que analizar cómo el peso de la criollización llegó a absorber a otros grupos, incluyendo a los propios peninsulares, en la medida en la que comerciantes, hacendados, mineros, eclesiásticos y militares se hallaban plenamente cohesionados a través de un solo cuerpo social, vinculándose a través de un conjunto de afinidades e intereses que hicieron más que borroso el límite que originalmente separaba a estas categorías.

Las principales fuentes para analizar estos procesos las podemos hallar en la abundantísima documentación existente en la Secretaría de Despacho de Guerra, del Archivo General de Simancas, así como en los propios archivos nacionales de cada país. En estos últimos, la información ha de resultar mucho más completa, en la medida en la que sus registros llegan hasta el periodo independentista. En nuestro caso, y por motivos de fuerza mayor, hemos tenido que recurrir exclusivamente en el primero de estos depósitos, a partir del análisis de las hojas de servicio, las cuales constituyen una verdadera veta para el estudio de la oficialidad americana, especialmente durante las últimas décadas del siglo XVIII. En general, se trata de fichas personales con información relativa a la edad, origen geográfico, calidad social, estado marital, grados militares, así como una relación de sus principales acciones y méritos, todo lo cual debía ser actualizado y despachado anualmente a la Península. En su conjunto, logramos revisar alrededor de 727 hojas de servicio, correspondientes al periodo 1787-1800, las cuales nos arrojaron información de 173 oficiales pertenecientes al Batallón de Infantería Chile y al Regimiento de Dragones de la Frontera, ambos con sede en la Intendencia de Concepción.

Complementariamente, también hemos revisado el clásico trabajo de Jorge Allende Salazar (1963) en donde, por primera vez, se hizo una recopilación de este tipo para estudiar el desarrollo del ejército colonial chileno. Pese a su carácter pionero, el gran defecto de aquella investigación radica en haber hecho una preselección de la oficialidad “de extracción notoriamente calificada”, lo cual resta un enorme valor a la información allí consignada, al obviar decenas o, quizás, centenares de individuos presentes en la documentación.

Las imágenes que siguen (Gráfica 1) muestran el origen geográfico de la oficialidad fronteriza, correspondiente al Batallón de Infantería Chile y al Regimiento de Dragones de la Frontera. En ambas sobresale el elemento criollo, con un 60 y un 71 por ciento, respectivamente, frente a los oficiales peninsulares que sólo alcanzan un 34 y un 21 por ciento. Las fluctuaciones, en ambos casos, obedecen a diversas variables. Por un lado, el mayor porcentaje de peninsulares al interior del Batallón Chile responde al propio proceso fundacional de este cuerpo, formado por la ya mencionada expedición de 1770. A su vez, esta última fue conformada desmembrando una serie de cuerpos provinciales, entre los que destacan los regimientos de Aragón, Galicia, Guadalajara, Mallorca, Saboya, Sevilla y Zamora, de donde surgió el núcleo original de 600 hombres al que ya hemos hecho referencia.

Por el contrario, la superioridad del elemento criollo en los Dragones de la Frontera, se debe a que, a diferencia del anterior, este cuerpo fue formado sobre la base del viejo ejército fronterizo, por lo que aquel 21% de peninsulares corresponde, en su mayoría, a oficiales instructores, así como a algunos miembros del escalafón superior. Por lo demás, estas cifras parecen no ser muy distintas a las del resto del continente ya que, según afirma Marchena, hacia 1800 el 60% de la oficialidad regular era americana, frente a un 36,4% de peninsulares (Marchena, 1983: 12).

El resto de la oficialidad, para ambas unidades, corresponde a europeos y americanos, los cuales no superan el 8%. Sobresalen, en esta pequeña categoría, algunos oficiales irlandeses, franceses e italianos, llegados en el curso de la década del noventa, aunque cabe destacar que otros tantos habían hecho carrera en Chile como “soldados de fortuna”. El caso más conocido de todos es el de Ambrosio O’Higgins, posteriormente virrey del Perú, y del cual hablaremos más adelante.

Gráfica 1: Procedencia geográfica oficiales del Batallón de Infantería Chile y Regimiento Dragones de la Frontera, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7267,1; SGu,Leg,7267,4; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,25).

Un análisis similar se desprende a la hora de observar las diferencias generacionales de la oficialidad fronteriza (Gráfica 2). Para el caso del Batallón Chile, el peso generacional descansaba en el grupo de oficiales jóvenes –los nacidos después de 1760– y que reunían alrededor del 55%. Fundamentalmente, se trataba de jóvenes cadetes nacidos en Chile, los que poco a poco comenzaron a desplazar a aquel componente original de peninsulares llegado a principios de los setenta. Estos últimos, aparecen claramente identificados en el segundo grupo etario –los nacidos entre 1740 y 1760– que con suerte llegan a un 29%. Finalmente, y con un 13%, figura un pequeño grupo de veteranos nacidos a principios del siglo XVIII, generalmente vinculados a antiguos cuerpos peninsulares agregados a la frontera. Sin duda, el caso más llamativo es el de Juan Bautista Rueda quien, luego de haber sobrevivido al naufragio de la expedición de Pizarro (1740), permaneció más de cincuenta años en la región, alcanzando el grado de capitán en 1785. Precisamente, la información familiar de muchos oficiales jóvenes y miembros de la élite local, revelan una conexión muy estrecha con este último grupo de militares, a partir de lo cual se desprende la formación de verdaderos clanes castrenses forjados en el curso del siglo XVIII.

Gráfica 2: Rangos de edad Batallón de Infantería Chile y Regimiento de Dragones de la Frontera, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,25; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,4; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,1)

La situación de los Dragones de la Frontera es diametralmente distinta al caso anterior. Su base descansaba en la segunda generación (51%), lo cual reafirma nuestra idea de que este cuerpo nació de los restos del viejo ejército de fronterizo. Lo anterior, se entiende por la “vocación” de este último la caballería, sumado al mayor prestigio social que brindaba esta arma respecto a la infantería. Esto último explicaría también el bajo porcentaje de oficiales jóvenes (39%), en la medida en la que el ingreso suponía ciertos requisitos especiales, necesariamente relacionados con el estatus socio-económico de sus miembros.

Si contrastamos estos factores con los niveles de profesionalización alcanzados en ambos cuerpos, lograremos adquirir una idea más clara en torno a esta fuerte distinción. La gráfica 3 muestra el historial de acceso de la oficialidad a los distintos rangos del escalafón militar. En primer lugar, sobresale el componente fundacional de ambas unidades, claramente identificable por su origen no profesional, lo que quiere decir que una buena parte de aquellos individuos ingresaron al ejército como soldados o cabos. Así mismo, llama la atención la homogeneidad de este primer eslabón al interior de ambos cuerpos, sólo matizado por la mayor cantidad de soldados presentes en los Dragones de la Frontera.

Con todo, parece ser que, en un primer momento, no existieron fuertes trabas para el ingreso de estos individuos a los cuadros de la oficialidad. Por el contrario, y como revelan las gráficas 4 y 5, la profesionalización se impuso fuertemente a partir de la década de los noventa. Dicho fenómeno fue mucho más plausible en el caso del Batallón Chile, cuya base fundacional acabó siendo desplazada por los cadetes (54%), para luego caer ostensiblemente en los niveles superiores. Por el contrario, los Dragones muestran menores niveles de profesionalización, por lo menos hasta mediados de los noventa. Sin embargo, esta misma característica les permitió gozar de una mayor estabilidad al interior de los escalafones intermedios. Las diferencias de acceso entre cadetes, alférez, tenientes y capitanes no sobrepasaban el 10%, a diferencia de los infantes, cuyas fluctuaciones alcanzaban más de un 25%. En otras palabras, un cadete de Dragones tenía muchas más posibilidades de ascender hasta el grado de capitán, que uno de infantería, precisamente, a raíz de los elevados índices de acceso que enfrentaba esta última unidad, respecto al ingreso más restringido –y exclusivo– que imponía la caballería. Todo parece indicar que se trataba de un problema importante, especialmente si consideramos los progresivos intentos, desde mediados de los noventa, por limitar el ingreso de nuevos cadetes, así como de ampliar los niveles de acceso a los escalafones intermedios. Ya hacia 1800 la situación parecía haberse estabilizado, sin embargo, valdría la pena analizar las cifras de los años posteriores.

Gráfica 3: Historial de acceso de la oficialidad del Batallón de Infantería Chile y Dragones de la Frontera en los diferentes grados del escalafón militar, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,25; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,4; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,1)

Más marcada parece ser la relación de ascensos a nivel de la alta oficialidad lo que, a primera vista, confirmaría la tesis clásica de una presión de las autoridades centrales por el control peninsular de la jefatura militar. De un total de 173 oficiales, sólo un 6% de ellos alcanzó un puesto en la alta jerarquía. Sin embargo, de aquella docena de oficiales, sólo un 66% era europea. De los cuatro oficiales restantes, 3 habían nacido en Chile y 1 en Panamá. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, ante el mismo fracaso estructural del ejército regular americano, muchas de estas plazas permanecieron desiertas durante décadas, tal y como lo demuestran las gráficas de este periodo. En fin, sin querer profundizar más en esta cuestión, habría que recalcar que, pese a las dificultades, persistieron las diferencias entre uno y otro cuerpo. Esto, ya que los dragones siguieron manteniendo cifras positivas, doblando las probabilidades de ingreso a los grados de teniente coronel, sargento mayor y coronel.

Una explicación al mayor dinamismo de esta última unidad puede vincularse, como ya hemos venido insinuando, al mejor posicionamiento económico y social de sus miembros, lo que les brindaba un mayor margen de negociación. Por mencionar un caso, en 1794, en el marco de la guerra contra la Convención, 30 de sus 43 oficiales hicieron un donativo voluntario de 1455 pesos para financiar el conflicto (Tabla 1), situación que no aconteció al interior del Batallón Chile. De hecho, un año antes, el regimiento completo –incluyendo a sargentos, cabos y soldados– habían ofrecido un donativo mucho mayor, de 6292 pesos, el cual no fue aceptado, “[…] atendiendo S.M. a la cortedad de sus sueldos, trabajo que tienen en aquella frontera y lo gravoso que les sería el proyectado descuento”¹. Sin duda, sorprende la actitud deferente del gobierno central, tomando en cuenta la dura política de exacciones fiscales impuesta en otras regiones, en las que una suma como esta habría sido recibida sin tapujos. Probablemente, esto nos esté dando cuenta de procesos de negociación distintos a nivel de provincias centrales y periféricas. También resulta curioso ver cómo detrás de los conflictos bélicos emergen prácticas sumamente arraigadas, como los donativos patrióticos, detrás de los cuales es posible ver una subversión del espíritu original de las reformas militares de acabar con el cohecho, las prebendas y los privilegios. Así, no resulta extraño ver cómo 2 jóvenes cadetes, Santiago Tirapegui y Raimundo Sesé, donaban al Rey una cifra superior a la mayoría de sus superiores. Al año siguiente, ambos oficiales podían relucir con orgullo sus nuevas charreteras de alférez².

Gráfica 4: Ascensos por grados y años, Batallón de Infantería Chile, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,1).

Gráfica 5: Ascensos por grados y años, Regimiento Dragones de la Frontera, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,25; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,4)

Hechos como el anterior ilustran cómo, frente al ideal de la profesionalización militar, subsistían las viejas prácticas de las élites criollas, hasta cierto punto fomentadas por el propio aparato estatal y su urgente necesidad de recursos. Como afirma Marchena, una de las costumbres más arraigadas de este tiempo fue, precisamente, la compra de grados militares y títulos nobiliarios, en la medida en la que los soldados regulares debían dar paso a los criollos, ya no sobre la base de la vieja nobleza de sangre, sino sobre la “nobleza de vida” (Marchena, 1992a: 168-169).

Fuente: Dragones de Chile, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg, 7267,25).

La gráfica 6 profundiza en esta cuestión de las calidades sociales. En ambos cuerpos sobresale el marcado peso de la calidad noble, lo que, a juicio de Marchena correspondería, más bien, a una tergiversación del verdadero principio de nobleza –la nobleza de sangre– en base de la compra de títulos no heredados. Con todo, y pese a las resistencias de Marchena, hay que recordar que se trataba de prácticas institucionalizadas por las propias reformas metropolitanas y ampliamente aceptadas por las élites criollas. Por un lado, dotaban al ejército americano de un carisma tradicional, al tiempo que permitían a los notables acceder al alto escalafón castrense y acrecentar su estatus social (Barbier, 1972: 418).

Las diferencias a nivel de ambas unidades resultan bastante significativas. Tanto en el Batallón Chile como en los Dragones de la Frontera prevalece la calidad noble, con un 73 y un 68 por ciento, respectivamente. De todas maneras, se observa un acento más marcado en la primera de estas unidades, si consideramos que dicha calidad, por lo general, va acompañada de otras categorías menores, como “buena”, “honrado”, “caballero”, “ciudadano”, o “hijo de oficial”, las que en este caso representan un 15% adicional, frente al 3% de los Dragones. La diferencia a nivel de estas categorías reside, fundamentalmente, en la inexistencia de un título que avale la condición noble, por lo que funcionaban a manera de sustituto, sin que llegaran a constituir una forma de denigración social. Por el contrario, la calidad labrador si constituye una separación fuerte respecto a la nobleza. De ahí que nos sorprenda que sean precisamente los Dragones quienes conserven un 30%, frente al 15% de los infantes. ¿Cómo explicar este hecho? En primer lugar, se nos ocurre asimilar dichas cifras con una buena porción de sargentos y suboficiales que predominan hasta finales de la década de los ochenta (Gráfica 5), la mayor parte de los cuales probablemente no pudo acreditar nobleza. Por otro lado, podríamos vincular los propios niveles de profesionalización, menores en el caso de los Dragones, como una explicación parcial en torno a esta diferencia.

Gráfica 6: Calidades sociales del Batallón de Infantería Chile y Regimiento Dragones de la Frontera, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7267,1; SGu,Leg,7267,4; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,25)

Con todo, el gran contraste está dado por los índices de estado marital y, básicamente, por la distintiva capacidad de acceso al matrimonio que manifestaron ambas oficialidades (Gráficas 7 y 8). Allí se observa cómo los Dragones presentaban una profunda diferencia respecto a los infantes, con índices de matrimonio superiores al 50%, especialmente hacia finales de los noventa, cuando las diferencias aparecen más marcadas. Contrariamente, los oficiales de infantería mantuvieron cifras bastante deficientes, inferiores al 30% durante los ochentas y noventas, para luego ascender hasta un 41% entrado el siglo XIX. La marcada diferencia apunta, necesariamente, a la mayor cuantía social y las posibilidades reales de éxito que podía llegar a tener un oficial de dragones respecto a uno de infantería. Y es que, como bien sostiene Marchena, el acceso de un oficial al matrimonio estaba estrechamente relacionado con la capacidad de aquél de vincularse con las redes familiares criollas, de tal manera de conseguir una mujer de buena estirpe y considerable dote. Por lo demás, sólo así podría obtener la consiguiente autorización real (Marchena, 1983: 157).

Gráfica 7: Estado marital por años, Batallón de Infantería Chile, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,23; SGu,Leg,7267,11; SGu,Leg,7267,1)

Gráfica 8: Estado marital por años, Regimiento de Dragones de la Frontera, 1787-1800

Fuentes: Hojas de Servicio de América, Secretaría del Despacho de Guerra, Archivo General de Simancas (SGu,Leg,7266,6; SGu,Leg,7266,5; SGu,Leg,7266,2; SGu,Leg,7267,25; SGu,Leg,7267,14; SGu,Leg,7267,4)

A partir de lo anterior, podemos decir que los índices de profesionalización, por sí solos, no determinaron un mayor nivel de ascenso social, ni menos probabilidades de éxito profesional, antes bien, fueron precisamente las distinciones económicas y sociales las que determinaron el verdadero valor de un militar. ¿Qué tan valiosas fueron, entonces, las reformas militares si, a fin de cuentas, el ejército fronterizo seguía siendo una fuente de prestigio y diferenciación social?

De la institución a la red: las estrategias familiares de la oficialidad fronteriza

Como hemos querido demostrar hasta aquí, la carrera militar en indias a fines de siglo XVIII no era precisamente un reflejo de la profesionalización impulsada por los reformistas borbones, sino que seguía siendo un símbolo de estatus y, por sobre todo, un mecanismo de estratificación social. De ahí que las estrategias matrimoniales de su oficialidad nos permitan observar estas realidades, pudiendo así comprender cómo finalmente la estructura social criolla logró adaptarse e imponerse ante los cambios político-administrativos introducidos en el último cuarto de siglo.

En términos cuantitativos, y sobre la escaza documentación a la que hemos logrado tener acceso, hemos podido establecer que, al menos, un 42% de la oficialidad regular del ejército fronterizo se hallaba inmersa al interior de las redes familiares locales. Si bien, no existen mayores diferencias a nivel de ambos cuerpos, éstas vuelven a contraponerse a la hora de constatar la centralidad e intensidad de los vínculos matrimoniales, esta vez de manera casi absoluta (Cuadro 1). Así, de un total de 35 oficiales del Batallón Chile, sólo un 68% de ellos logró contraer matrimonio con una miembro de una familia notable, esto a pesar de que la mayoría de estos individuos habían nacido en el seno de aquel núcleo. Por el contrario, la totalidad de los 33 dragones identificados lograron establecer uniones que podríamos considerar como ventajosas, tomando en cuenta los niveles de centralidad, así como la intensidad en sus vinculaciones familiares, que denotan un mayor estatus en la jerarquía social. Hay, así mismo, casos particulares en los que, pese a no existir vinculaciones familiares, si se logró una posición central. Nos referimos a la conocida historia de Ambrosio O’Higgins, padre del líder independentista Bernardo O’Higgins, y una de las figuras políticas más importantes de este periodo. En efecto, O’Higgins era de hijo de irlandeses. Llegó a Chile en la década de los cincuenta como agente comercial de una compañía gaditana, sin embargo, los malos negocios le obligaron a trasladarse a distintos puntos, logrando finalmente un puesto de agrimensor gracias a las gestiones de su paisano, John Garland. Al igual que muchos otros aventureros, su salto a la carrera militar lo dio tras su participación en la guerra mapuche de 1769. Allí consiguió los galones de capitán, iniciando desde entonces un meteórico ascenso que lo llevaría a ser el primer intendente de Concepción, luego gobernador de Chile y, finalmente, virrey del Perú. En este sentido, sus intereses iban mucho más allá del círculo local que le había dado fama, por lo que resulta un caso excepcional dentro del panorama aquí analizado. De hecho, varios de sus contemporáneos criticaron duramente su figura (Carvallo Goyeneche, 1875; Feliú Cruz, 1965: 1-4), precisamente a raíz de sus impresionantes ascensos y el influjo que logró generar entre figuras destacadas del reino, sin contar con los poderosos contactos que poseía en el Perú y en la misma Corte. Sin duda, estamos frente a un caso paradigmático del poder de los “lazos débiles”, frente a las tradicionales estrategias familiares.

En cuanto al resto de la oficialidad, es posible identificar algunos factores que explican el sentido y la funcionalidad de sus estrategias matrimoniales. En primer lugar, podemos decir que éstas se basaban más en la perpetuación de linajes ya establecidos que en un mecanismo de integración de nuevas familias. Esto ya lo habíamos podido dilucidar al determinar los niveles de criollización del ejército fronterizo. De hecho, sólo un 17% de aquellos oficiales provenían de Europa, siendo el resto miembros de la propia sociedad fronteriza. De estos últimos, hemos podido comprobar que al menos un 43% de ellos eran, efectivamente, originarios de la frontera –incluyendo Valdivia y Chiloé- a los que se podría sumar un 33%, a los que sólo se ha podido identificar su nacimiento en Chile. En cuanto la circulación interna de familias, ésta tiende a concentrarse en las regiones australes. Sólo un 5% de los oficiales provenían de Santiago, lo cual nos ofrece nuevas luces en torno a los poderos límites de la movilidad social regional.

Por otro lado, se percibe que una buena parte de las estrategias familiares de la oficialidad estaban vinculadas a la preservación de un valor social, en la medida en la que muchas de estas familias ya tenían un pasado militar, ya sea como parte del viejo ejército de frontera, bien como miembros de las nuevas familias llegadas a la región durante el siglo XVIII. Así, muchas de éstas se encaminaron a la preservación de los viejos linajes militares, esta vez, dentro de una estructura “profesional”. En su mayoría, éstos parecen haber estado vinculados con la infantería, siendo posible ver tres o, incluso, cuatro generaciones consecutivas vinculadas al ejercicio militar, seguidas de algunos eclesiásticos. Ejemplos sobresalientes de este género de familias los hallamos en los del Río³, Cruzat, Fernández-Barriga, Calderón, Vidaurre, Rioseco y Larenas, entre otros. Quizás, lo más interesante de este primer grupo de familias es que mantienen fuertes lazos familiares endogámicos, situándose en una escala intermedia del poder local. En otras palabras, invirtieron una considerable parte de su patrimonio en mantener a sus hijos en posiciones de prestigio social, como oficiales del ejército, monjas y sacerdotes, al tiempo que minimizaron la expansión de la estirpe, regulando la intensidad de los vínculos matrimoniales a una mínima expresión. Este mismo modo de operar explica por qué, pese a tener una presencia de varios siglos en la región, a la larga fueron incapaces de expandir su radio de influencia, no pudiendo invertir en cargos administrativos o políticos.

Cuadro 1: Las redes familiares de la oficialidad fronteriza

Fuente: Matrimonios 1, Parroquia El Sagrario, Archivo Diocesano de Concepción.

Como ya hemos dicho, la mayoría de estas familias tenían su origen en los antiguos tercios de la frontera. Tal fue el caso de uno de los clanes del Río. Su fundador, José Antonio del Río Espiñeiro, era un oficial gallego que había servido en la guerra de sucesión, así como en las campañas de Italia (1718) y el norte de África (1721). Llegó a Chile a mediados de la década del veinte, como comisario general de la frontera y, prontamente, contrajo matrimonio con una dama santiaguina, Lorenza Benítez de Velasco y Aguilar. De aquel matrimonio nacieron nueve hijos, seis de los cuales fueron destinados a la carrera eclesiástica. Sólo uno de ellos, Francisco del Río Benítez, logró contraer matrimonio. Al igual que su padre, se desempeñó como militar en la frontera, casándose en el fuerte de Nacimiento (1766) con Mariana de la Cruz y Goyeneche, proveniente de otra familia militar, esta vez con base en Valdivia. De la unión de ambos nacieron otros nueve vástagos, uno de los cuales, Manuel Del Río Cruz, siguió la tradición familiar al enrolarse como cadete del Batallón Chile (1780), permaneciendo como teniente de resguardo en Concepción. Pero la tradición no paró allí. Sabemos que, de su matrimonio con María Mercedes Fernández (se desconoce su origen), volvieron a nacer otros nueve hijos, de cuya cuarta generación surgió un militar de la independencia, Antonio Dámaso Del Río. Entre la tercera y la quinta generación es posible ver también cómo la familia reguló el acceso al matrimonio. Al parecer, sólo seis de los nueve miembros de la tercera generación permanecieron solteros, mientras que otros dos se unieron con las hijas de Manuel del Río Cruz. Ya en la quinta generación, otra de las hijas de este último contrajo matrimonio con su sobrino, Vicente Vidaurre Del Río.

Tradición militar y eclesiástica, sumado al control de los matrimonios, se percibe también en el clan de los Cruzat. Éstos eran herederos de una larga tradición militar que se remontaba a la Europa del siglo XVI. El fundador de la familia en Chile, Bernardo Cruzat Molleto, había llegado como oficial de la frontera a finales del siglo XVII, donde contrajo matrimonio con Josefa Calderón. Del matrimonio surgieron trece hijos, cinco de los cuales se vincularon a la Iglesia y uno a la milicia. Este último, Francisco Cruzat Calderón, fue oficial de la frontera, al tiempo que dedicó buenos años de su vida como capitular del cabildo de Concepción, como corregidor, alférez real y alcalde ordinario, aunque desconocemos mayores detalles del asunto. Lo que sí sabemos es que uno de sus descendientes –al parecer hijo único- alcanzó el grado de comisario general de la frontera durante la década de 1740. En efecto, José Cruzat Opazo, legó un nuevo militar, ya en la cuarta generación, Pedro Cruzat Medina, retirado de capitán del Batallón Chile en 1793⁴.

Como bien se aprecia, estamos frente a familias con un hondo pasado en la frontera, las cuales dieron un gran valor a la carrera militar y eclesiástica, dejando así de lado cualquier otro tipo de ocupación. Si bien, pudieron haber conseguido posiciones elevadas, como Francisco Cruzat, sus hijos no lograron uniones matrimoniales de importancia. Esto, sumado a la escaza diversificación profesional, condenó a estas familias a un plano secundario dentro del espectro social criollo.

Si bien, la mayoría de las familias obedecía a este tipo de estrategias, un grupo significativo se situó en la cúspide de la élite local. Al igual que las anteriores, muchas de estas familias podían jactarse de su abolengo militar y sus títulos nobiliarios. En efecto, provenían de las primeras oleadas de conquistadores. En cada generación iban dejando huella de su estirpe militar, sin embargo, a diferencia de la inmensa mayoría, habían logrado preservar su patrimonio, al diversificar sus actividades lucrativas y llegar a posiciones privilegiadas, las cuales mantuvieron inalterablemente hasta el estallido de la independencia. Sin duda, la clave de su éxito estaba en haber abierto sus puertas a los nuevos migrantes, vinculándose rápidamente con comerciantes, altos oficiales militares y burócratas de los escalafones intermedios. Entre los casos más significativos figuran familias como los Benavente, Roa, Carvajal-Vargas, Ibieta, Puga y Fernández del Manzano. Estos últimos, si bien no figuran dentro de la oficialidad, llegaron a adquirir un papel destacado al interior de las redes locales, al transformarse en grandes comerciantes y, por ende, en los principales financistas del ejército regular.

Con todo, la familia Benavente es la que ocupa el sitial privilegiado, al situarse como un punto neurálgico al interior de esta última red de familias. Su fundador, Juan Benavente y Sánchez era originario de Extremadura y había servido previamente en Europa, llegando a Chile con el grado de teniente coronel de infantería. Su elevada posición al interior del ejército fronterizo lo vinculó rápidamente con la élite local. Fue así como contrajo matrimonio con Antonia de Roa y Alarcón, hija de un clan de nobles y media hermana de Fermín Francisco Carvajal-Vargas, más conocido como el Duque de San Carlos; a juicio de algunos, el único americano que alcanzó la Grandeza de España (Campos Harriet, 1989: 274). La posición social y el patrimonio económico ya estaban, entonces, de su lado.

Con todo, el devenir de estas primeras generaciones es aparentemente similar al modelo anterior de familias. De los diez hijos de este matrimonio, cuatro siguieron la carrera de las armas y una se hizo religiosa: Juan, teniente de infantería fallecido en 1781; Luis Paulino, también fallecido en un naufragio en 1786; y Josefa, monja trinitaria. Los otros dos, Pedro José y Juan Miguel, ingresaron a los Dragones de la Frontera, convirtiéndose en los dos grandes troncos de la familia. La diferencia con los casos anteriores reside en el mayor nivel de proselitismo a la hora de establecer los enlaces. Así, dos de los cinco hijos restantes se unieron a grandes familias de la élite local; María Luisa contrajo matrimonio con José Ibieta Espinoza, líder de una importante casa mercantil; y Félix Alejandra se unió a Andrés Alcázar Diez- Navarrete, Conde de la Marquina y líder del cabildo penquista a finales del siglo XVIII. Mientras tanto, los dos dragones afianzaron la estirpe familiar, Pedro José se casó con su prima materna, Ana María Bustamante Roa, al tiempo que Juan Miguel lo hacía con María Juana Álvarez-Ramírez, hija del Sargento Mayor del Batallón Chile, Domingo Álvarez-Ramírez, y de Juana María Fernández del Manzano, del ya conocido clan mercantil.

Sin duda, estos dos hermanos fueron los que llevaron a su clan a la cúspide de la gloria y de la ruina. Hacia finales de siglo Pedro José había alcanzado el grado de capitán de la segunda división de los Dragones de la Frontera. Al mismo tiempo, y con ayuda del Conde la Marquina, comenzó a escalar puestos en el cabildo, alcanzando en varias ocasiones el título de alcalde, hasta que la amenaza de una invasión de los ejércitos ingleses en 1806 lo llevó a ser nombrado comandante general de armas de la provincia, cargo que mantuvo hasta el estallido de la guerra de independencia en marzo de 1813 (Amunátegui, 1930: 27). Los sucesos de ese momento no hicieron más que catapultar el liderazgo de ambos hermanos en el sur. En septiembre de 1810 se había instaurado una Junta Nacional de Gobierno en Santiago, la que posteriormente derivó en el proyecto de un Congreso Nacional para el año siguiente. Las desavenencias entre Santiago y Concepción hicieron que éstos últimos encabezaran una Junta Provincial, en septiembre de 1811, la que coincidió con un levantamiento de los sectores más revolucionarios en la capital, liderados por José Miguel Carrera. En adelante, Benaventes y Carreras tomaron las riendas del poder, eliminando a realistas y patriotas moderados a través de exoneraciones, asesinatos y varios golpes de fuerza que perduraron hasta la llegada el ejército realista. Hasta ese momento, Pedro José había liderado la escena penquista, mientras que Juan Miguel permanecía en Santiago junto al partido carrerista. Sin embargo, el estallido de la guerra acabó con estos proyectos, convirtiendo a ambos personeros en los chivos expiatorios de las retaliaciones monarquistas en el sur. Derrotados finalmente en octubre de 1814, Juan Miguel hubo de partir al exilio en Mendoza, mientras Pedro José fue tomado prisionero y conducido junto a su hijo Francisco José al presidio de Juan Fernández.

Con todo, la parte más trágica de esta historia se produjo tras la reconquista patriota en 1817. Ese año San Martín y O’Higgins instauraron un gobierno central, marginando al antiguo partido carrerista, acusados de der los culpables de la derrota de 1814. En adelante, los Benaventes fueron duramente marginados de la escena política y militar. Uno de los hijos de Pedro José –José María Benavente– acabó liderando montoneras en la Patagonia junto a su viejo jefe, José Miguel Carrera. Otros hermanos no pudieron volver del exilio hasta la década posterior, por lo que, en adelante, el apellido Benavente quedó completamente excluido del proceso de independencia, así como del liderazgo local que durante décadas habían amasado.

Consideraciones finales

No hemos querido enfocarnos expresamente en los hechos militares y políticos, ya que éstos escapan a los límites de este trabajo. Más que nada, hemos intentado ilustrar el desquiciamiento que provocó todo este periodo en el desarrollo de una élite emergente, la cual vio truncados sus objetivos, en parte, por la propia ilusión que le brindaba su efímero ascenso.

En 1810, un puñado de familias fronterizas había logrado acumular importantes cuotas de poder político y económico, fruto del mantenimiento de su viejo orden social, sumado a la utilidad que les habían proporcionado las reformas metropolitanas. En 1769 seguían luchando por las viejas prerrogativas heredadas de la conquista. En 1810, en cambio, se hallaban de lleno inmersas en los avatares de la Independencia, bien al interior de las juntas de gobierno, como en la propia dirección de los ejércitos insurgentes y realistas. Básicamente, habían pasado de ser una sociedad periférica, centrada en los negocios de la frontera, a convertirse una élite ilustrada que estaba pensando en términos de país, llegando a superar incluso al accionar de sus pares de la zona central. La clave de esta nueva estrategia estuvo, sin duda, en el poder militar. Desde el siglo XVI, el ejército fronterizo fue uno de los mayores contingentes de la América española, sin embargo, fueron las propias reformas del siglo XVIII las que lo dotaron de una mayor operatividad. Aunque podríamos decir que se trató de una operatividad indeseada puesto que, más allá de defender las fronteras del imperio católico, acabó transformándose en un instrumento de la propia élite criolla en la conquista de sus fines. De otro modo, no sería posible entender la hegemonía de este grupo regional en la dirección original de la revolución.

Una interrogante que nos ha rondado desde hace mucho tiempo es qué tan unida se hallaba dicha sociedad fronteriza. Esto, ya que, si separamos las directrices de su grupo dirigente con el desarrollo mismo de la guerra, nos hallamos frente a un panorama bastante complejo y contradictorio. Entre 1813 y 1823 –incluso más allá– los mismos oficiales que compartían los cuarteles, el vecindario y la cotidianidad del día a día, lideraron dos ejércitos en clara oposición y encaminados hacia la mutua aniquilación. Tal fue la violencia de sus enfrentamientos que, a principios de la década del veinte, cuando las regiones centrales se hallaban del todo pacificadas, cerca de veinte mil personas habían abandonado sus pueblos y permanecían en territorio mapuche, organizando guerrillas y realizando graves desmanes que mermaron las bases del desarrollo económico regional hasta bien entrado el siglo XIX. De acuerdo con los resultados obtenidos ¿Será posible que la guerra civil desatada en la frontera entre 1813 y 1823 esté relacionada con las fuertes desigualdades y la marcada estratificación que presentaba la jefatura del ejército regular a finales del siglo anterior? La verdad es que este trabajo no alcanza para responder a esta interrogante, ya que las fuentes son demasiado limitadas, siendo necesario reestructurarlo a través de las gestiones económicas y el manejo político de aquel entonces. Sin embargo, estos breves resultados nos han dejado abierta la posibilidad de profundizar la relación entre los cambios en la institucionalidad militar y el quiebre de la misma durante la independencia.

Referencias

Fuente

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Anexos

Anexo 1: Las hojas de servicio del ejército fronterizo, 1787-1800

Anexo 2: Las alianzas matrimoniales de la oficialidad fronteriza