Legitimación, violencia y miedo en la Provincia de Ñuble. Régimen cívico-militar. 1973¹

Introducción

Para Foucault, el “acontecimiento” es una relación de fuerzas que se invierte, un poder confiscado, un vocabulario retomado y vuelto contra sus usuarios, una dominación que se debilita, se distiende y se envenena ella misma, y otra que hace su entrada oculta (Revel, 2008: 56). Para Braudel, será un hecho histórico que va a irrumpir en un momento determinado, dejando claro que es necesariamente de corta duración y “explosivo” (2002: 59). Para nuestro estudio, el ejercicio extremo de la violencia en el Golpe Cívico-Militar (GCM)² y en el Régimen Cívico- Militar (RCM)³ los meses inmediatamente posteriores son acontecimientos que ocultan, pero también desarrollan los elementos mencionados. Los niveles de violencia ejercidos por el RCM en 1973 aun nos asombran, más aún si ello ocurrió en áreas geográficas lejanas de los centros más importantes de poder, situados en Santiago. Procuramos a través del miedo comprender las lógicas en que ello se insertó en cuanto “relaciones de fuerzas que se invierten”. El presente trabajo analiza historiográficamente, desde las categorías analíticas del miedo, los elementos legitimadores de la violencia que permiten su ejercicio extremo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1973, en el RCM en Chile. El Objetivo de nuestra investigación es determinar los objetos generadores de inseguridad (miedo) que permitan explicar la violencia ejercida en la provincia de Ñuble desde el 11 de septiembre de 1973, cuando se produce el GCM, hasta el mes de noviembre de ese año. El análisis de los ritmos del miedo se basa teórica y metodológicamente conceptos operativos que nos permiten empíricamente percibir sus efectos. El miedo es una emoción vinculada a un objeto externo que genera inseguridad e incertidumbre (Bauman, 2006: 10), por lo que está relacionado directamente con conocimiento como percepción de un peligro, real o imaginario (Nussbaum, 2005: 39-52).

El individuo se transforma al experimentar miedo, por cuanto su racionalidad de percepción del objeto generador de éste se ve afectada por procesos psicofisiológicos (Mannoni, 1984: 13-24) y por padecer dolor (Diel, 1995: 15-19) al estar sumido en incertidumbre mientras no encuentre una salida o dispensa respecto a este objeto. El miedo puede prolongarse indefinidamente, en función de su producción en cuanto psicotecnología. También si se comparte socialmente una determinada percepción de un objeto o situación. Es decir, existe en el vínculo miedo- conocimiento una legitimación⁴ del miedo que posibilita una acción de salida, neutralización o dispensa de él. Por ello el miedo genera efectos como fenómeno individual pero también social en cuanto a “significación subjetiva y política” (Lira, 1991: 7,8), más aún cuando lo analizaremos en un contexto específico, el RCM, caracterizado por el desarrollo de un terrorismo de Estado en que los hechos que generan tensión se caracterizan por un impacto repetitivo, sostenido y crónico de los factores que lo producen en un contexto de poder (Agger & Jensen, 1996: 135). Este miedo alcanza a toda la sociedad, incluso a las elites civiles y militares. Pensamos, junto a Mongardini, que el miedo no es un defecto del Estado moderno, como para Hobbes, sino una degeneración de la convivencia política en lo irracional (2007: 11-35). En el caso en estudio, el miedo se visualiza a partir de violencia ejercida desde el Estado militar en desarrollo, lo que nos lleva a precisar las legitimaciones en que esta se basa, debido a que las formas en que irrumpe en la sociedad carecen de experiencias previas al respecto. Estas legitimaciones permitirán precisar el conocimiento que sostiene al miedo padecido. Para ello, trabajamos dos fuentes que recogen testimonios directos de su padecimiento, el Informe Rettig y el Informe Valech⁵, las iniciativas más importantes, por su amplitud, que dan cuenta sistemáticamente de lo ocurrido. Trabajaremos estos hechos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta fines de noviembre, por considerar que en este período se produjo el nivel más elevado de violencia, lo que se acentúa en su recepción, y también ejecución desde la tropa (Timmermann, 2011: 141-160). Este contexto expone la presencia del miedo. Es importante considerar que el miedo actúa en el caso en estudio principalmente junto a otra emoción, la ira, que involucra la creencia en un daño que ha sido infligido injustamente (Nussbaum, 2005: 42). Este último elemento es central para comprender las acciones de las elites militares y terratenientes, desde antes y sobre todo después del 11 de septiembre de 1973, según más adelante veremos.

La refundación de los miedos en la Fuerzas Armadas

Más allá de la técnica

Aunque Pinochet insistió constantemente en que el país estaba en guerra, la violencia desplegada no era justificable ni necesaria. Las únicas excepciones fueron una escaramuza aislada en la provincia de Talca, que resultó en la muerte de un carabinero después de un enfrentamiento con un grupo de funcionarios de la región que trataba de escapar hacia la frontera argentina; un ataque a un remoto cuartel de policía en la zona forestal de Neltume, un conflictivo reducto de la organización rural del MIR en la provincia sureña de Valdivia, que no resultó en ninguna pérdida para Carabineros; y un incidente en Antofagasta, donde un carabinero que se oponía al GCM tomó prisioneros a dos oficiales superiores y los mató. Fuera de las muertes de los tres carabineros mencionadas en la nota anterior, las únicas otras bajas sufridas por las fuerzas públicas el 11 de septiembre de 1973 ocurrieron en Santiago: cuatro miembros del Ejército fueron muertos durante el sitio a La Moneda, tres carabineros murieron por heridas de bala mientras sofocaban la resistencia de la fábrica Indumet, tres carabineros más fueron muertos durante escaramuzas en La Legua, y otros dos carabineros murieron a manos de francotiradores. Al final del año, el número total de víctimas había llegado a treinta (Barros, 2005: 606). No existían grupos armados que pusieran en duda el monopolio de la fuerza que detentaron los militares. Nunca se entregaron antecedentes serios para apoyar la existencia del Plan Zeta -un supuesto autogolpe que realizarían elementos de la izquierda que comenzaría “con la eliminación física, por comandos terroristas, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores” (Secretaría General de Gobierno, 1974: 23)- constituido en el elemento central en la propaganda para construir un enemigo después del GCM⁶. Las armas que se denunciaron haber encontrado eran de menor cuantía⁷. Tampoco se demostró la existencia de miles de extranjeros ingresados en forma ilegal para incorporarse al ejército popular (Ahumada, 1989:59-63). El único grupo de extrema izquierda que operaba al momento del GCM, el MIR, carecía de una capacidad militar eficaz tanto propia como en los “cordones industriales”. Los militares realizaron rápidamente sus acciones el 11 de septiembre, consiguiendo en Santiago su objetivo incluso antes que despegaran los aviones que bombardearon La Moneda. En Concepción no necesitaron hacer uso de sus armas para ello. Valparaíso también fue controlado sin mayores dificultades por la Marina (Huneeus, 2001: 117,79, 82-95) ¿Por qué, entonces, se genera un nivel excesivo de violencia, que excede técnicamente lo requerido en función de un objetivo militar determinado?

Ideologías, ideas y creencias

Son las Fuerzas Armadas y Carabineros quienes principalmente ejercen la violencia en el período estudiado. Es una violencia organizada contra su propia población, desarrollada en la década de los setenta y ochenta, constituyendo una guerra psicológica, porque tenía como objetivos “la intimidación y el sometimiento de grandes grupos mediante el empleo de acciones psicológicas, concebidas para imponer la aceptación pasiva de estructuras de dominación autoritarias y crear en los virtuales opositores una sensación de constante amenaza existencial y de impotencia personal frente al aparato militar en acción”. Comprendió “la desaparición de los opositores, la tortura sistemática, el control de los medios de comunicación, el exilio de grupos sociales y políticos, la relevancia del miedo como agente represivo, imponiéndolo en la vida cotidiana” (Riquelme, 2001: 11,12) en función del ejercicio de una represión directa e indirecta. Entre los instrumentos de la primera están, en severidad ascendente, los arrestos violentos, el exilio forzado, las intimidaciones, el encarcelamiento arbitrario, la tortura, la desaparición de prisioneros, las ejecuciones, los asesinatos de opositores bajo justificaciones falsas y la muerte bajo la tortura. Los cinco primeros pretenden quebrar psicológicamente al opositor y el de los cuatro, eliminarlos. Entre los instrumentos de represión indirecta está la privación de alimento, de vivienda y cuidado de la salud, despido del trabajo, distorsión de los hechos y manipulación de la información. Ambas represiones generan marginación individual y social y un “miedo insidioso en la sociedad” (Agger & Jensen, 1996: 131-133, 219, 220).

A su vez los miedos que generan las acciones de represión directa e indirecta tienen su origen en matrices mentales de percepción provenientes de ideologías, ideas y creencias. Son miedos derivativos, sedimentos de experiencias pasadas de confrontación directa con la amenaza, que sobreviven a aquel encuentro y que se convierte en un factor importante de conformación de la conducta humana, aun cuando ya no exista amenaza directa alguna para la vida o la integridad de la persona. Este “miedo derivativo” “es un fotograma fijo de la mente que podemos describir… como el sentimiento de ser susceptible al peligro: una sensación de inseguridad (el mundo está lleno de peligros que pueden caer sobre nosotros y materializarse en cualquier momento sin apenas mediar aviso) y de vulnerabilidad (si el peligro nos agrede, habrá pocas o nulas posibilidades de escapar a él o de hacerle frente con una defensa eficaz; la suposición de nuestra vulnerabilidad frente a los peligros no depende tanto del volumen o la naturaleza de las amenazas reales como de la ausencia de confianza de las defensas disponibles). Una persona que haya interiorizado semejante visión del mundo, en la que se incluyen la inseguridad y la vulnerabilidad, recurrirá en forma rutinaria (incluso en ausencia de una amenaza auténtica) a respuestas propias de un encuentro cara a cara con el peligro; el miedo derivativo adquiere así capacidad autopropulsora” (Bauman, 2006, 11,12). Los soportes ideológicos de estos miedos derivativos se forman en las FFAA en su prusianización en el siglo XIX y en su formación desde mediados del siglo XX en escuelas militares norteamericanas. Son particularmente acentuadas en el contexto del gobierno de la Unidad Popular, a lo que se suman las especificidades, según veremos, de aquellos elementos funcionales existentes en la provincia de Ñuble. De esta forma, el objeto generador de inseguridad varía, y es en función de la violencia factual ejecutada desde el 11 de septiembre de 1973 en que, finalmente, se conforma una legitimación (conocimiento) específica que, recogiendo miedos derivativos, los modifica para adecuarlos a una situación de guerra. Estas matrices perceptivas son permeadas y acentuadas también, en el período estudiado, por las campañas de prensa de producción de miedo de la Derecha por medio de El Mercurio, y de la CIA y por operaciones de guerra psicológica.

Los Miedos Derivativos en la Fuerzas Armadas

El pensamiento de las Fuerzas Armadas en la década del sesenta e inicios del setenta se encontraba cercano a la evolución general de importantes sectores sociales y políticos respecto al papel del Estado en materia social y económica, como estimulador del desarrollo y cohesión social. Se consideraba que ellos debían prevenir los estallidos de violencia reprimiéndolos para evitar que alcanzasen un grado mayor, y, aunque un grupo de oficiales privilegió esto último, concibiendo al Estado como un instrumento destinado a mantener la seguridad y defensa nacionales mediante herramientas represivas y de exclusión social, esto no predominó al interior de sus filas. Fueron afectados por las transformaciones curriculares hechas en los estudios militares en los años cincuenta, en que se incorporan temas como economía, derecho constitucional, política, comercio exterior, para mejorar su preparación en el aporte que debían realizar al desarrollo nacional. Lo anterior dificultaría la mantención de un profesionalismo constitucionalista no deliberante. Uno de los factores influyentes en el desgaste del constitucionalismo militar fue la crítica de los grados medios castrenses a sus generales por su obsecuencia con las autoridades civiles y el abandono de la defensa de cuestiones corporativas. También son afectados por la formación en academias norteamericanas bajo la impronta del conflicto este-oeste. El Programa de Ayuda Militar operó en Chile desde 1952. Los conceptos que predominarían eran nación, Estado, unidad nacional, poder nacional, geopolítica, guerra contrasubversiva. La tesis de Kennedy acentuó este adiestramiento en Fort Gulick en Panamá, enfatizándose ahora, más que el reforzamiento de las defensas frente a un ataque, la contrainsurgencia. Hasta 1965 habían asistido 2613 oficiales chilenos y, hacia 1973, 3000, que, aunque constituían una elite, transmitían sus conocimientos en los regimientos y escuelas especiales (Valdivia, 2003: 23-63, 243-244).

Lo anterior no era suficiente para generar una violencia extrema. Se necesitaba un contexto que operase como catalizador. El despliegue de las formas de gobierno y de los discursos propios del gobierno de la Unidad Popular lo proporcionaron en no poca medida, pero estas inseguridades que se generaron fueron también exacerbadas por EEUU en su óptica de Guerra Fría, lo que fue funcional a los miedos derivativos de las Fuerzas Armadas ya mencionados. En Latinoamérica, Brasil y Chile fueron áreas centrales donde estas acciones se concentraron. En ellos, la democracia poseía un razonable desarrollo y la izquierda tenía gran presencia. En estos países “ya no bastaba con la técnica del coup d´État, sino la técnica para crear las condiciones objetivas, tanto económicas como sociales y políticas, que obligasen a las Fuerzas Armadas a culminarlo. Y a esta tarea la CIA se dedicó, a través de spoiling operations, operaciones de engaño, una de las cuales consistía en penetrar en las organizaciones políticas, estudiantiles, de trabajadores y otras para inducir artificialmente la radicalización de la crisis, mediante un largo período de agitación y profunda desorganización social, agudización de la lucha de clases, de manera de socavar las bases sociales y políticas del gobierno y favorecer su derrocamiento por medio de un golpe militar” (Monitz, 2008: 83, 159-205, 301-477).

La inducción de la “guerra”

Fundamentalmente es por medio de la radio que el RCM instala rápidamente, al reiterar varias veces al día el contenido de los “bandos”, la percepción de encontrarse en una situación de guerra, desde el 11 de septiembre y, con ello, la existencia de dos objetos de inseguridad, el marxismo y las FFAA, en cuanto generadores de peligro de signos opuestos, imagen que se concreta con las noticias y rumores que oralmente comienzan a circular. Más allá de establecer una normativa legal, en sí ya se deslegitima el anterior orden y gobierno, legitimando al mismo tiempo la violencia desplegada. El contexto legal para el ejercicio de la violencia lo otorgan, primero, el carácter mismo del instrumento jurídico utilizado, el bando, puesto que las órdenes militares ocuparon el lugar de las leyes civiles y penales ordinarias. Dichos bandos “eran edictos penales y administrativos excepcionales sin fundamento constitucional y, según el Código de Justicia Militar, podían ser utilizados en tiempos de guerra para gobernar a las tropas y a los habitantes de los territorios ocupados” (Barros, 2005: 68). En el Bando Nº 5 de la Junta Militar, en los puntos 1 a 8, al exponer los efectos negativos que generó el gobierno de la Unidad Popular, se rechaza su proyecto instalando un enemigo de la patria y una inseguridad que se debe evitar. Se refiere que allí existió “indisciplina”, “anarquía” o falta de “autoridad” y se sostiene que para corregir esta situación intervienen las Fuerzas Armadas; también se instala una dispensa de esta inseguridad y se sitúa en el RCM. De la “legitimidad” de las “normas” que se sustentan para ello “se colige su obligatoriedad para su ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades” (Autores Varios, 1980: 137-139). En Realidad y Destino de Chile, dada a conocer un mes después del golpe, se afirma que el Gobierno procura lograr la “depuración moral de la Patria”, que “restablecerá” “integralmente” el “principio de autoridad, que se ejercerá sin contemplaciones contra todos aquellos grupos minoritarios y extremistas que intentan perturbar la convivencia pacífica entre los chilenos, como igualmente contra toda forma de delincuencia” y que “Nunca más un pequeño grupo de audaces contará con la tolerancia oficial para creer y practicar una filosofía deviolencia que pretenda separar la unidad de los nacidos en este suelo”, que “No se pretende perseguir a nadie por sus ideas ni por su simple adhesión al régimen depuesto” pero sí existe una “determinación” para “ser inflexibles para sancionar a quienes pretendan o hayan pretendido usar la violencia, como asimismo a quienes hayan delinquido o abusado ilícitamente en el ejercicio de sus cargos” (1973: 8, 9).

Pero se debe imponer un orden de guerra más que un orden de paz. Los decretos iniciales terminan de estructurar el contexto legal de los bandos. El Decreto ley N° 1, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, publicada en el Diario Oficial N° 28.653, el 18 de septiembre de 1973, otorga la legitimación trascendente, pues expresa que las FFAA y Carabineros, “Considerando” que la Fuerza Pública FFAA, Carabineros “representa la organización” que “el Estado se ha dado para el resguardo y defensa” “de su integridad física y moral”, “de su identidad histórico- cultural”, y que su “misión suprema” es “asegurar” la “supervivencia” “de dichas realidades y valores”, “que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena…” - porque Chile “se encuentra en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos… constitutivos de su ser” “por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo- leninismo”- se constituyen en Junta de Gobierno, asumen el Mando Supremo de la Nación con el patriótico compromiso de la restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, porque esta es la única forma de ser fiel a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria, a la Historia de Chile para permitir el progreso de Chile (100 Primeros Decretos, 1973: 6-8). El Decreto ley N° 3, publicado el 18 de septiembre de 1973, declara el “estado de sitio”; el N° 4, publicado también el 18 de septiembre, declara el “estado de emergencia de las provincias y departamentos que indica”; el N° 5, publicado el 22 de septiembre, “declara que el estado de sitio decretado por conmoción interna” debe entenderse “estado o tiempo de guerra” (100 Primeros decretos, 1973: 6-21). Con ello, la Junta puso énfasis de inmediato en la caracterización belicosa de la situación, aclarando que el estado de sitio debía ser entendido como en “tiempo de guerra” 22 de septiembre de 1973) (Barros, 2005: 154, 155, 199).

La Reforma Agraria

La guerra oculta

Los miedos derivativos mencionados y los contextos psicológicos inducidos para generar inseguridad e incertidumbre y, con ello, una inseguridad y un enemigo contra el que se dirige el ejercicio extremo de la violencia, que más adelante veremos, operan específicamente en la Provincia de Ñuble en un contexto específico, agrario. En este espacio no de desconocen las polarizaciones propias de la Guerra Fría y de su recepción en Chile, ni sus desarrollos extremos en el gobierno de la Unidad Popular. Al contrario, afectando principalmente a los civiles terratenientes y a Carabineros en las zonas rurales, estos adquieren especificidades propias en el marco de la Reforma Agraria, que desde fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, y en forma más acelerada y profunda, con mayores tensiones, en el gobierno de la Unidad Popular. Es un acontecimiento especialmente sensible. El Obispo Carlos González Cruchaga no duda en afirmar que la Reforma Agraria es para la Iglesia el tema más polémico que la ha afectado desde la época colonial, pues significó para ella “tantas o mayores repercusiones que las orientaciones del Cardenal Pacelli y la creación de la Falange”⁸. En marzo de 1956, la editorial de la revista “Panorama Económico” sostenía que uno de los tres eventos principales de esos años era “el regreso del problema agrario a la primera plana de las cuestiones económicas” (“Panorama Económico, 1956: 68). Friedmann y Lackington afirmarían en 1967 que la situación existente era insostenible pues era imposible que en un mismo país coexistieran una estructura social semimedieval arcaica con una estructura urbana moderna (1971: 429). El tema genera de inmediato repercusiones. El anuncio de los inicios de una Reforma Agraria de la Iglesia Católica en Talca y Santiago suscitó considerables debates. Afirma el Cardenal Silva Henríquez que “Para los sectores más conservadores, entre los cuales militaban numerosos católicos, los obispos de Talca y Santiago se habían embarcado en una acción demagógica y populista, que no haría más que precipitar las pasiones políticas en torno al dominio de la tierra. Se nos acusó de realizar un ejemplo escandalizador, porque muchos católicos, que no se sentían en posición de entregar sus tierras, serían acusados de no cumplir las normas de la Iglesia, o de actuar con mezquindad. Otros opinaban que la entrega de las tierras no debería haberse realizado a través de un plan de reforma agraria, sino en un proceso educativo que, bajo el mando de la Iglesia, convirtiera a estos fundos en “haciendas modelo” para instruir al campesinado. Nos acusaban de demagogia porque se había entregado herramientas productivas a campesinos que no sabrían cómo usarlas, sin respaldo técnico y sin capacitación (Cavallo, 1991: 248, 249).

La Violencia Estructural

Al mismo tiempo que puede leerse a la Reforma Agraria como generadora de una emoción, la ira, para las elites terratenientes y los carabineros que posiblemente deben enfrentar cotidianamente los conflictos generados, en un medio en que la autoridad tradicional era la del “patrón”, que era cuestionada y sobrepasada por “el gobierno del pueblo”, también puede interpretarse como una salida para los campesinos, en cuanto les ofrece la posibilidad de dispensa de miedos autoritarios y de la miseria material por décadas acumulados. Las formas que la Reforma Agraria adquiere -políticas, económicas, sociales-, ante la carencia de experiencias democráticas, posiblemente se adentran también en el atropello, abuso e injusticia, las que, a su vez, generan miedos e ira - sin desconocer, por supuesto, que van unidas al necesario cálculo político, cultural, social y político que se ve afectado- en quienes hasta entonces poseían el poder.

El mundo agrario reflejaba en sí la existencia de una violencia estructural que afectaba las formas de vida de la mayoría de la población. La producción agrícola per cápita en 1957 fue un 3 por ciento menor inferior al promedio 1934-38 y la superficie arable disminuyó de 5,75 millones de hectáreas en 1936 a 5,51 millones en 1955, unas 13 mil anuales. La CEPAL dio en 1949 una relación de 1,04 hectáreas por persona, cifra que baja en 1955 a 0,85, lo que significa que en seis años la disponibilidad de tierra arable disminuye en un 18,27% por habitante. Más de 18 millones de hectáreas (61,1% de la superficie agrícola) están en peligro de erosión. Respecto a las praderas naturales, sólo el 8,2% están cultivadas y el 62,4% cubiertas de pastos, pues la ganadería, a diferencia de los cultivos intensivos y extensivos, ocupa menos gente, agudizándose así la expulsión de la mano de obra rural. Los cereales, que constituyen el 80% de la superficie arable, muestran que el trigo tiene rendimientos bajos, siendo su superficie sembrada inferior a la de 1938, aumentando la proporción importada en relación con la cosechada (26% en quinquenio 1951-55), lo que genera una disponibilidad por habitante inferior a la de 1938. El 64% de las explotaciones agrícolas realizan sus trabajos en condiciones precarias y difícilmente pueden capitalizar trabajando sólo el 12,5% de la superficie arable. En el otro extremo está el 3% de las explotaciones agrícolas, que dispone del 41% de la superficie arable, constituyendo los predios de mayor valor (Domínguez, 1961: 9-17). Meller afirma que a inicios de la década del cincuenta, considerando un total de cuatrocientas mil familias rurales, un 5% es dueña de los grandes fundos, un 30% es minifundista, otro 30% es propietaria de fundos de tamaño mediano y un 35% de las familias carece de tierras (son medieros, afuerinos, etc.) (1996: 86). Según Jacques Chonchol, en 1955, de 345 mil familias campesinas, la mitad no poseía tierras y de las restantes 151 mil poseían explotaciones subfamiliares (0.3% de la superficie agrícola), familiares (8.1%), medianas (13.1) y grandes (78.5%) (1994:289).

En los fundos, la autoridad del “patrón” es paternalista (cuida, decide, vigila) no existiendo para el trabajador agrícola o “inquilino” un sistema de estímulos para retribuirle su mejor esfuerzo, interés, responsabilidad o rendimiento; recibe sólo el 25% de su salario en efectivo, siendo el resto “regalías” (derecho a casa, pan, ración de tierra, uno o más talajes). No hay horario de trabajo⁹. El salario no alcanza para subsistir y la “regalía” beneficia a un trabajador por familia (Domínguez, 1961: 19, 20). Por más de un cuarto de siglo, por lo menos, los ingresos reales de las áreas rurales de Chile han venido disminuyendo, tanto en términos absolutos como relativos. Schatan afirma en Panorama Económico: “Si suponemos que el ingreso medio es igual a 100, el del habitante activo de la agricultura alcanzaría aproximadamente a 50, en tanto que el de la minería es de alrededor de 150”. Sostiene que “Según la CEPAL, el ingreso bruto medio por habitante activo llegaba a 689 dólares anuales, pero el de las personas ocupadas en la agricultura a sólo 308 dólares por año” (1956: 69). En 1964, por ejemplo, el salario oficial mínimo de los obreros rurales tenía sólo un 76% del poder adquisitivo del salario que recibía once años antes. De hecho, a inicios de la década del sesenta, el ingreso familiar promedio anual era sólo de 636 escudos (aproximadamente 53 dólares al mes). Por ello, en todos los índices pertinentes -ingreso, dieta, vivienda, escuelas, salubridad-, la clase rural de bajo ingreso se encuentra en los últimos peldaños de la escala social, y su situación fue empeorando (Friedmann & Lackington, 1971: 427-429). En 1955, el analfabetismo, que afectaba al 12% de la población urbana, llega a un 35% en la rural. El 65% de sus viviendas eran chozas o ranchos. La sindicalización era restrictiva y sólo el 2% de los campesinos estaba integrado a un sindicato (Chonchol, 1994: 289).

La Reforma Agraria, procurando corregir este desarrollo económico del agro, pero también el autoritarismo patronal y la dependencia cultural, quiebra la “subordinación ascética”¹⁰ existente desde el siglo XIX y, con ello, el fundamento de lo aristocrático, que radica en una serie de creencias y valores religiosos que cristalizan en una visión mítica del mundo, que puede incluso ser aberrante o falsa desde el punto de vista de la doctrina oficial católica. Lo más esencial de ella es la escisión de la humanidad en dos partes, la plena, dotada de una conciencia trascendente y ungida de la dignidad de estar hecha a semejanza de Dios, y la que está en ciernes, atada fuertemente al instinto y que requiere ser redimida. He aquí la natural superioridad de unos y la inferioridad extrínseca de otros (Vergara & Barros, 1978: 230-240). El “señor”, que portaba las señas del espíritu santo, que ya estaba redimido, y cuya función era redimir a los demás, comienza a sentir que su orden agrario es discutido y disputado. Por ello, sus miedos son, junto a los económicos, sociales, políticos y culturales, también trascendentes. No le será difícil en el futuro, buscando neutralizarlos, sentirse en una cruzada religiosa por el cristianismo para ello. Sobre esta base, legitimará todo exceso de violencia, venga de su mano o de la mano militar.

Legitimación, Violencia y Miedo en la Provincia de Ñuble

Miedos escalonados, sincrónicos y dispersos

¿Cuáles fueron las legitimaciones que influyeron en la explosión y dispersión de la violencia en el GCM y en los primeros tres meses del RCM? Estas provienen del contexto de Guerra Fría y de su manifestación en Chile, especialmente durante la UP, pero existe una diferencia en las legitimaciones que se generaron en la provincia de Ñuble pues estas se vinculan con las seguridades e inseguridades surgidas con la “Revolución en Libertad” de Frei y, especialmente, con el gobierno de la Unidad Popular, con la percepción de un Estado interventor y uno no interventor, lo que para la Provincia de Ñuble adquiere cercanía con la Reforma Agraria, es decir, con un miedo relacionado directamente con un objeto y con un conocimiento de este en cuanto generador de incertidumbre.

La Reforma Agraria tiene efectos directos en el monopolio del poder político, económico, social y cultural de las elites terratenientes. Por ello, a las expropiaciones se suman, en cuanto a inseguridades profundas, la democratización de los campesinos. Esta preocupación se comprende si se considera que el crecimiento de los sindicatos agrícolas en Chile, entre el año 1925 a 1964 fue de 10 a 32, mientras que desde ese año a 1970 fue de 476, aumentando sus miembros de 2118 a 136984 campesinos (Valenzuela, 1989: 97). Lo expresado para la Reforma Agraria para los actores rurales de San Fernando nos parece también refleja lo acontecido en la Provincia de Ñuble, porque en la Unidad Popular “el conflicto se agudizó y los campesinos superaron los marcos legales en su lucha. Se enfatizó el proceso de las “tomas” u ocupaciones ilegales, como una nueva forma de lucha campesina, mostrando así una confrontación de clase directa, indicando una mayor conciencia campesina, pero a su vez un creciente proceso de caos y confusión incentivado, en parte por la injerencia política, y por los grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. En este período el movimiento campesino ejerció acciones directas con el fin de acelerar la expropiación de los fundos, rompiendo las barreras legales y en el que muchos inquilinos optaron por adoptar posiciones desafiantes, que sorprendieron a sus patrones, pues sólo las habían visto en sus peones” (Mira, 2010). Ello, desde el 11 de septiembre de 1973, explica porque “la mayor cantidad de víctimas fueron campesinos u obreros agrícolas, muchos de ellos sin militancia conocida; dirigentes políticos vinculados a organismos agrarios del Estado, como Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario Indap, SAG y Servicio Agrícola y Ganadero y Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); y funcionarios de los mismos” (Informe Rettig, 1991: 325, 326). El Informe Rettig señala que se detiene, se asesina, o tortura o desaparece a obreros agrícolas y funcionarios de INDAP, CORFO, Corporación de Obras Urbanas, SAG, obreros, zapateros, militantes del MAPU, MIR, Partido Comunista, de la Juventud Radical Revolucionaria, del Partido Socialista, Presidente de la CUT, de Junta de Vecinos, de la Federación de Sindicatos Isabel Riquelme, Vicepresidente y Secretario del Comité Campesino Ranquil, estudiantes secundarios y universitarios, un relojero, un profesor universitario, agricultores, un abogado, un carpintero, un entomólogo, un cajero, un taxista, un capataz de minas, un artesano, un chofer. Sin dar más detalles, se menciona también mecánico (del Partido Nacional). Lo anterior, si bien posee componentes de varios miedos en su origen y en función de ello se comprende que la violencia ejercida desde el 11 de septiembre de 1973 procura dar salida a un miedo generado por los hechos ocurridos durante la Reforma Agraria entre los años 1965 y 1973 y, con ella, neutralizar su causa, también operan en ella como causa la venganza, la ira, la ambición, etc. Sin duda, la Reforma Agraria polariza las percepciones del mundo e instala categorías que acentúan los miedos padecidos, las que se desarrollan, acentuándose, desde la elección de Salvador Allende. Podríamos expresar que ella constituye en la historia reciente el primer gran miedo de estas elites. El segundo será a la Unidad Popular, el que recoge el mencionado junto a otro de larga data, el miedo al marxismo. Existen por ello, desde la década del sesenta, varios miedos escalonados o actuando al mismo tiempo, de amplia intensidad en sus efectos, entrecruzados con otras emociones, siempre en tensión creciente, por lo generado por la Unidad Popular, por las operaciones de producción de miedo de la CIA y la Derecha y, finalmente, por el clima de “guerra” que se construye desde el GCM. Cada miedo genera una acción de dispensa, que visualizaremos en un acontecimiento específico: el ejercicio de la violencia extrema.

La irrupción espacial del terror

Existe una dispersión espacial de la violencia estudiada. Los informes Rettig y Valech mencionan que en zonas rurales de la Provincia de Ñuble se ejerce la violencia en los ríos Ñuble, Cato, Niblinto; en el camino que une a Chillán con Yungay y en el que conduce al puente El Ala; en el puente Chequén de Pemuco; en el asentamiento Ranquil de la comuna de San Nicolás; en Quirihue, Huambalí, Quinchamalí, Ninhue, Cobquecura, Coihueco, Pinto, Confluencia y Liucura. También se menciona el fundo Quilmo, de propiedad del Ejército, la Comisaría de Carabineros n° 3 de Bulnes, la Cárcel de Yungay, Fundo Torrecillas, asentamiento Montaña Bustamante, Retén de Niblinto, Retén de Quinchamalí, Cuartel de Carabineros de Cato.

En Chillán, en la ciudad, mencionan que se ejerce la violencia en la 2° Comisaría de Carabineros, el Regimiento de Infantería de Montaña n° 9, el Cuartel de Investigaciones, la Cárcel, la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, en diversos domicilios particulares, en barrios (se aíslan algunas calles para operaciones represivas), Retén España, Retén Schleyer, Retén Zañartu.

De los principales centros de violencia se dan más detalles. Sobre el Regimiento de Infantería de Montaña n° 9 Chillán se expresa que “fueron habilitados como recintos de reclusión masiva, interrogatorios y torturas, durante el año 1973”, que fue “de reclusión transitoria”. La mayoría de los detenidos provenían de la ciudad de Chillán y de sectores rurales y pueblos de la Provincia de Ñuble, siendo apresados por Carabineros, Investigaciones o militares o por operativos conjuntos, o eran llevados desde la cárcel. Otros se presentaron voluntariamente llamados por bando militares. Por lo general, eran trasladados a la cárcel de Chillán, liberados, y algunos debieron firmar allí por un largo tiempo. “[P]rácticamente todos los detenidos que señalaron haber permanecido en este recinto denunciaron que se les torturó”. Había celdas en el subterráneo, donde se les vendaba e incomunicaba. Se les torturaba en el sector de la guardia n° 2 (denominado Sheraton). A algunos se les llevaba a torturar al fundo Quilmo, para regresarlos al regimiento. Participaron civiles en las torturas. Sobre el fundo Quilmo, se afirma que fue utilizado entre 1973 y 1975, y en septiembre de 1977. Los detenidos eran trasladados desde otros lugares: regimiento de Chillán o Cárcel de Chillán. Todos fueron torturados y luego devueltos a su lugar de origen o a la fiscalía. Se sostiene que la Comisaría de Carabineros n° 3 de Bulnes se concentra principalmente en campesinos de zonas rurales. Detienen principalmente a campesinos en asentamientos y fundos de la provincia, muchos de ellos dirigentes sindicales. En el arresto mismo se les golpeaba delante de sus familiares, lo que proseguía durante el traslado. En la Comisaría, se les torturaba en el patio o caballerizas, o se les trasladaba al regimiento de Chillán para hacerlo. Participaban en ellas militares. Finalmente, se les trasladaba a la cárcel, regimiento de Chillán, cárcel de Bulnes o 4° Comisaría de Concepción (Informe Valech, 2004: 335, 357, 358, 365).

En el Cuartel de Investigaciones de Chillán, se expresa, los detenidos eran llevados desde la cárcel de Chillán para interrogarlos, o bien desde este Cuartel, donde los torturaban, los trasladaban al regimiento de Chillán para seguir haciéndolo. Participaban carabineros, militares, detectives, y civiles de la localidad. La Cárcel de Chillán se menciona que fue “el principal centro de detenidos de la ciudad” el año 1973. Los detenidos llegaban allí desde cárceles locales de Yungay, Quirihue y San Carlos. Los conducían frecuentemente al Cuartel de Investigaciones de Chillán, al regimiento de Chillán o a la Isla Quiriquina. En todos estos lugares eran duramente torturados. De la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Chillán, se dice que fue usada en 1973 y 1974. La mayoría de las detenidas antes había sido torturada en otros recintos (comisarías, cárcel de Yungay, Fundo Quilmo, Regimiento de Chillán). La Cárcel de Yungay lo fue en 1973. Los detenidos provenían de recintos de Carabineros en Yungay y Chillán, de retenes y tenencias de localidades rurales y desde el regimiento y cárcel de Chillán. La mayoría se les trasladaban a la cárcel de Chillán. “Las personas… relatan que debían levantarse a las seis de la mañana, salir desnudos de sus celdas y correr por un pasillo entre las celdas… mientras eran flagelados con un látigo, luego eran conducidos a las duchas frías a golpes de látigo”. A varios les cortaron el pelo al rape” (Informe Valech, 2004: 357, 371-373).

La Dispersión de Métodos

La descripción de las detenciones que realiza el Informe Rettig muestra una dispersión de métodos en el ejercicio de la violencia. En la acción represiva contra la familia Lagos, se les da muerte en su domicilio. Se incluye a su hijo de 20 años y a la esposa embarazada, previa realización de un amplio operativo de detención en barrio, por varias horas, procediéndose también al robo de especies en el domicilio allanado. A Cécil Alarcón lo tiran muerto al río Ñuble, expresando en la prensa que sería instructor de una escuela de guerrillas y que estaba prófugo, junto a Reinaldo Poseck (que muere de un ataque cardiaco mientras lo torturan). A Manuel Lara lo matan en su domicilio Carabineros, por una discusión conyugal. A Gabriel Cortéz, de 17 años, lo matan en la 2° Comisaría Carabineros. A Reinaldo Jeldres -antes detenido, pero dejado libre- lo fusila Carabineros por presiones de los agricultores, pues era funcionario de INDAP y militante del MAPU. Personal civil participa en la detención y ejecución en el río Ñuble de José Retamal, Patricio Weitzel y Arturo Prat Marti. Eduardo Crisóstomo se presenta voluntariamente en la 2° Comisaría de Carabineros, desapareciendo. Jaime Espinoza fue detenido por un suboficial con el que había reñido días antes por asuntos particulares. Desaparece. Carabineros detiene a seis obreros en la planta de construcción de casas prefabricadas del Hogar de Cristo, en función de una lista que portaban. El cuerpo del detenido Octavio Riquelme aparece en el río Cato, el de Carlos Carrasco, baleado, sorprendido en toque de queda, a orillas del camino que une a Chillán con Yungay, el de Jaime Vega aparece en el camino que une Cobquecura con Quirihue. Hay ejecuciones en sus domicilios en Cobquecura, Quinchamalí, Ninhue. En Cobquecura se ejecuta al conscripto del Regimiento Buin Darío Montoya. En Coihueco detienen a Lorenzo Cofre y su tractor, con su cuerpo, es despeñado en el río Niblinto. En Pinto, por una delación, es ejecutado Juan Barrera, mientras hacía carbón con otras dos personas. En el asentamiento Ranquil de la comuna de San Nicolás son detenidos y torturados por carabineros tres obreros agrícolas, que desaparecen en el camino que lleva al puente El Ala. En Liucura son muertos Juan Iturra y Francisco Jeldres en el puente Chequén por carabineros de Pemuco (1991: 335-348).

La irrupción cotidiana del terror

El patrón de la irrupción de la violencia estatal muestra características similares en su manifestación a nivel nacional (Informe Valech, 2004: 207, 208), las que no ofrecen una mayor variación en la provincia de Ñuble. Lo que habría que preguntarse es la razón de que en forma tan sincronizada estas características sean similares, cuando el GCM se planificó en secreto, sin una mayor instrucción masiva en las FFAA, salvo en la Marina. Se puede sostener que si el contexto existente en la Unidad Popular hubiese generado las emociones funcionales para este ejercicio de la violencia, no necesariamente ello implica que las técnicas utilizadas fuesen homogéneas, en cuanto a la relación con el objetivo militar considerando su variedad e intensidad. Habría que pensar para la Provincia de Ñuble en la Reforma Agraria como un hecho que exacerba las legitimaciones y las iras que inciden en estos aparentes desequilibrios.

El descontrol controlado

La violencia es organizada y ejecutada por agentes del Estado, y también se permite a civiles que operan fuere de éste. Es el “personal de la policía uniformada el que aparece con mayor frecuencia, y con diversos grados de responsabilidad, en las violaciones a los derechos humanos”. Para la Provincia de Ñuble, Carabineros aparece ejecutando la mayoría de los actos violentos. A veces, en conjunto con el Ejército. Pero es éste último quien principalmente tortura y, al parecer, está encargado de trabajar en función de tareas de inteligencia. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que “Las formas de mayor ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos… fueron las desapariciones de detenidos y las ejecuciones sin juicio” (Informe Rettig, 1991: 335).

Se puede observar en las fuentes estudiadas un descontrol aparente de la violencia ejercida. Es posible que este sea un efecto buscado por quienes diseñan estos procedimientos y escenarios. Ello es absolutamente funcional a la producción de miedo, lo que es propio de un Estado Terrorista que ejerce violencia organizada. Por ello es que se observa el uso de métodos diversos y gratuitos, esto último en cuanto a que no tienen relación el nivel de la violencia ejercida con el objetivo militar. Por una discusión conyugal se asesina frente a la familia. Luego de ello, se dan a conocer cargos infundados (instructor de una escuela de guerrillas) (es como justificarse luego de un exceso no controlado). También se asesina por riñas personales con un carabinero, lo que denota que no hay control de estos hechos y que existe autonomía para el ejercicio extremo de la violencia. Ello posibilita que se abuse y quiebre el anterior honor militar en los allanamientos al robar en los domicilios, lo que no se oculta en medio de los uniformados. También se mata y detiene a mujeres, por lo que el odio y la violencia legitimada ideológicamente y los miedos derivativos sobrepasan los patrones machistas propios de una sociedad agraria. También se asesina a jóvenes estudiantes y trabajadores. En este sentido, de coincidencia de los elementos mencionados, no sorprende que las operaciones propiamente militares sean interferidas por los civiles terratenientes, que influyen para ejecutar a determinados prisioneros relacionados con la Reforma Agraria. Tampoco se puede descartar en algunos uniformados el ejercicio de la violencia extrema en función de un apetito extasiado de ella, lo que excluye un motivo para su ejercicio (Sofsky, 1996: 63-81).

La lesión de la confianza

Se comienza a deteriorar la confianza -y a aumentar la inseguridad- también en el entorno cotidiano más cercano, ante la delación de los vecinos. En adelante, todos pasan a ser potenciales enemigos. Pronto imperará el silencio de cuanto ocurre como salida al miedo que escala a terror. También la confianza existente en las FFAA y Carabineros como otorgadores de seguridad se debilita cuando se produce un uso de variados recintos de las FFAA, Carabineros e Investigaciones para su ejercicio, lo que impone y amplía de inmediato un nuevo parámetro de normalidad al respecto, lo que pronto circula informalmente, principalmente por medio del rumor. Para los civiles pobladores ello significa que la violencia extrema proviene de quienes, primero, normalmente se siente con una mayor cercanía en el mundo cotidiano, de Carabineros y, segundo, que “Para la mayoría de las víctimas que fueron objeto de represión, el primer impacto fue descubrir que la agresión, la tortura y el riesgo de muerte provenían de los agentes del Estado” porque “la mayoría de los chilenos, por tradición histórica, tenía una noción de sus derechos y sus garantías, y una cierta expectativa en las funciones protectoras y de defensa de las autoridades y de la policía” (Informe Valech, 2004: 497). La percepción que se tenía del Ejército era de confianza, en cuanto la violencia que ellos podían ejercer se pensaba estaba dirigida hacia los enemigos externos de Chile, especialmente los países limítrofes, es decir, su violencia estaba legitimada. Lo que se experimentó después del 11 de septiembre fue el padecimiento de una violencia deslegitimada contra la población chilena, lo que instaló una inseguridad extrema.

Violencia a la luz del día

Se detiene, se abusa, se tortura y asesina en medio de la familia y del barrio, en los domicilios, a toda hora. Los uniformados no ocultan su identidad. Se dejan cadáveres en todos lados, en caminos y ríos. No importa establecer una violencia abierta y, con ello, deslegitimarse ante la ciudadanía, sino justificar una eficiencia en una operativa de servicios ante el superior para evitar ser confundido con un enemigo -miedo nuevo en las FFAA- o exhibir una ejecutoria de servicios para ascender en grados militares. Ello acentúa el miedo, cuyo objeto generador de peligro puede aparecer en cualquier lugar, por motivos ignorados. En cambio, la tortura sí se oculta, pues es fácil identificar a sus autores y lugares y, posiblemente, no está legitimada por la ciudadanía como técnica militar. Además, es ilegal. En Chillán, “existió un flujo permanente entre cuartel de Investigaciones, la cárcel, el regimiento y el fundo Quilmo a cargo del Ejército”, lo que evidencia que el ejercicio extremo de esta violencia, la tortura, debía ser ocultado. Una práctica normal era que “los militares sacaran prisioneros de las cárceles, como ocurrió en Chillán”, para llevarlos a interrogatorios (Informe Valech, 2004: 356), generalmente con aplicación de torturas.

Conclusión

Consideramos que el terror es un tipo extremo de miedo, aquel en que su salida o dispensa es prácticamente imposible o muy difícil. Instalar un miedo extremo como es el terror es propio de un Estado terrorista que busca con ello evitar todo tipo de resistencia a sus acciones militares y generar una obediencia sociopolítica en función de operaciones de guerra psicológica propias de una guerra contrasubversiva. Estas técnicas las adquieren los militares que desarrollarán los regímenes militares de Brasil, Argentina y Chile desde 1964, en academias norteamericanas y, posteriormente ya en el poder, asesorados directamente por la CIA, quien, por ejemplo, diseña en Chile el Plan Zeta y el Libro Blanco para instalar un ambiente psicológicamente funcional a una guerra en las FFAA. Influyen en ello decisivamente, además, otros miedos derivativos de largo y reciente arraigo en las FFAA y en las elites de derecha y conservadoras, los que son acentuados en contextos recientes, como fueron los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y, especialmente, de Salvador Allende.

Creemos que esta inseguridades y tensiones fueron las que generaron a nivel nacional el GCM y que algunas se refundaron con el desarrollo del RCM, pero que en la Provincia del Ñuble se potenciaron a partir de la existencia de una gran miedo e ira anteriores desarrollados por la Reforma Agraria, que democratiza el mundo agrario de los campesinos, lesionando el monopolio del poder que poseían los terratenientes en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. El hecho que sean corrientes izquierdistas o cercanas al Estado Benefactor quienes la dirijan instala la llegada del marxismo como miedo extremo en momentos en que la Revolución Cubana de Fidel procura exportarse al continente. A ello se agregan los abusos e ilegalidades cometidas por los campesinos en el proceso.

En la Provincia de Ñuble la aparición del terror es inmediata, sin límites de intensidad ni geográficos. La violencia aparece en todas partes, desde la intimidad familiar, desde el barrio, la ciudad, los caminos rurales, los pequeños pueblos, afectando a mujeres, jóvenes, a adultos de todas las profesiones ligados al anterior gobierno o a grupos o partidos de izquierda u organismos que desarrollaron la Reforma Agraria, o a dirigentes campesinos. Es ejecutada mayormente por Carabineros y el Ejército, lo que lesiona la confianza en quienes se percibe otorgadores de protección y seguridad. Si a ello se agrega la delación y la intervención de civiles en estas tareas, entonces los niveles de inseguridad escalan a todos los planos vivenciales. La violencia, a ratos, parece desarrollarse blindada por motivaciones ideológicas antimarxistas que, sin embargo, permiten abusos, venganzas y saqueo material, sin descartar la perversión de su ejercicio inserto en el paroxismo de la violencia. Todo ello se agrava si se considera que no existió resistencia militar significativa al GCM. Este aparente descontrol es funcional a la instalación del miedo como terror, lo que nos lleva a pensar que este descontrol es controlado por quienes diseñan la aplicación de la guerra contrasubversiva desarrollada.

A ello se agrega que la sistematicidad con que describimos la articulación de los miedos y legitimaciones no opera en la realidad de forma ordenada o, al menos, sincrónicamente. Ello implica su imprevisibilidad, con un efecto de indefensión e inseguridad crecientes. Si la violencia desplegada es dispersa en todo sentido -lo que también se explica por los efectos de los miedos precedentes- también los miedos o inseguridades lo son. Ello, sin embargo, es variable en sus efectos, pues estos dependen de las formas en que cada uniformado y carabinero internaliza las inseguridades -las reales, las que se derivan de la producción de miedo a las que está expuesto-, y de los contextos de sobrevivencia (física y profesional) que esta absorción psicofisológica implique. También dependen de las acciones que deban llevar a cabo, pues no es lo mismo hacer una guardia que realizar operaciones de detención, de tortura o de asesinato. Todo, en un supuesto ambiente de “guerra” ante un enemigo que estaba en todas partes, propio de las operaciones psicológicas de guerra antisubversiva.

De esta forma, la instalación de un miedo extremo, el terror y sus efectos disciplinadores sociopolíticos preparan tempranamente en el RCM el contexto futuro para el desarrollo de políticas fundacionales de largo plazo. En lo inmediato, la vivencia democrática, ya lesionada desde la Unidad Popular, se contrae brutalmente, y es la racionalidad sustentada en los miedos padecidos quien orienta y sustenta la convivencia social en el Estado militar chileno.

Referencias

100 Primeros Decretos Leyes Dictados por la Junta de Gobierno de la República de Chile. Editorial Jurídica, Santiago, 1973.

Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. 11 de septiembre, 1973. Editorial Jurídica de Chile. Primera Edición, noviembre 1973.

AGGER, I., JENSEN, S. (1996). Trauma y cura en situaciones de terrorismo de Estado, Derechos Humanos y salud mental en Chile Bajo la dictadura militar. CESOC, Santiago.

AHUMADA, E. et al. (1989). Chile: La Memoria Prohibida. Pehuén Editores, Santiago.

Bando N° 5 de la Junta Militar. Santiago, 11 de septiembre de 1973. En Ordenamiento Constitucional, Autores Varios, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1980.

BARROS, Robert. (2005). La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de 1980. Editorial Sudamericana, Santiago.

BENGOA, J. (1988). El Poder y la Subordinación. Acerca del origen rural del poder y la subordinación en Chile. Sur Ediciones, Santiago.

BRAUDEL F. (2002). La Historia y las Ciencias Sociales. Editorial Alianza, Madrid.

BAUMAN, Z. (2007). Miedo Líquido. Paidós, Buenos Aires.

CAVALLO, A. (1991) Memorias. Cardenal Raúl Silva Henríquez. Ediciones Copygraph, Santiago. Tomo I.

Declaración de Principios. 11 de marzo, 1974. Editora Nacional Gabriela Mistral.

DIEL, Paul. (1995). El Miedo y la Angustia. Fondo de Cultura Económica.

DOMINGUEZ, O. (1961). El Campesino Chileno y la Acción Católica Rural. FERES-Centro de Investigaciones y Acción Social, Madrid.

FRIEDMANN, J., LACKINGTON T. “La Hiperurbanización y el Desarrollo Nacional en Chile”. Comité Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU), Universidad Católica, abril 1967. En: Godoy, Hernán. (1971). Estructura Social de Chile. Editorial Universitaria, Santiago.

Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Ministerio del Interior. Santiago.

LIRA, E. (1991). Psicología de la Amenaza Política y del Miedo. ILAS, Santiago.

HUNNEUS, C. (2000). El Régimen de Pinochet. Editorial Sudamericana Santiago.

HUERTA, M. (1989). Otro Agro Para Chile. CISEC-CESOC, Santiago.

GONZALEZ, C. (2004). Manuel Larraín. Un Obispo Sorprendente. Universidad Católica del Maule, Talca.

Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile. 11 de Septiembre de 1973. (1974). Secretaría General de Gobierno.

MANNONI, P. (1984). El Miedo. FCE México.

MELLER, P. (1996). Un Siglos de Economía Política Chilena (1890-1990), Editorial Andrés Bello, Santiago.

MIRA, A. (2010). Algunas reflexiones al estudio de las convergencias y divergencias socio-políticas durante la Reforma Agraria, 1970–1973, en los actores sociales rurales de San Fernando. Tiempo y Espacio 24, pp. 83–93. Recuperado a partir de http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/article/view/1762

MONGARDINI, C. (2007). Miedo y Sociedad. Alianza Editorial, Madrid.

MONITZ, L. (2008). Fórmula para el caos. La caída de Salvador Allende (1970-1973).Debate. Santiago.

NUSSBAUM, M. (2005). El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley. Katz Editores, Buenos Aires.

Programa Informe Especial. (2001). Caravana de la Muerte. Televisión Nacional de Chile. Santiago.

Realidad y Destino de Chile. Editora Nacional Gabriela Mistral. 11 Octubre 1973.

REVEL, J. (2008). El Vocabulario de Foucault. ATUEL, Buenos Aires.

Revista Panorama Económico 140, Santiago, 16 de marzo, 1956.

RIQUELME, H. (2001). Asedios a la memoria. La experiencia de psicólogos bajo las dictaduras militares de América del Sur. Ediciones CESOC, Santiago.

Síntesis del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. (1991). Comisión Chilena de Derechos Humanos / Centro Ideas. Santiago.

SOFSKY, W. (2005). Tratado sobre la violencia. 2° edición, Madrid: Abada editores.

TIMMERMANN, F. (2012). La Construcción de la Legitimación Militar. Chile, 1973. Historia 396 2 (1), pp. 141-160. Ediciones Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso.

VALDIVIA, V. (2003). El Golpe Después del Golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960- 1980. LOM Ediciones, Santiago.

VALENZUELA, A. (1989). El quiebre de la Democracia en Chile. Flacso, Santiago.

VAN DIJK, T. (1999). Ideología. Una Aproximación Multidisciplinaria. Barcelona, Editorial Gedisa.

VERDUGO, P. (1990). Tiempo de Días Claros. Los Desaparecidos. CESOC. Ediciones ChileAmérica. Santiago.

VERGARA, X., BARROS, L. (1978). La imagen de la mujer aristocrática hacia el novecientos. En P. Covarrubias & R. Franco (Eds.), Chile, Mujer y Sociedad (pp. 229–247). UNICEF. Santiago.