Los nuevos conflictos socioterritoriales y el espacio geográfico en Chile¹

Este escrito surge luego de la finalización de la primera etapa de un proyecto de investigación mayor, en el que desde una perspectiva etnográfica se ha realizado trabajo de campo con observación y entrevistas en profundidad en la precordillera del valle central de Chile, durante el primer semestre de 2018. Muy cerca de la ciudad de Rancagua, un grupo de pequeñas comunidades rurales (Coya, Termas de Cauquenes, Fundo Perales y Chacayes) han tenido que subsistir desde el inicio del siglo XX con el mineral El Teniente, uno de los principales productores de cobre del país. Las consecuencias ambientales y territoriales se han podido determinar claramente al encontrarse el mineral localizado muy cerca de grandes centros poblados y de un valle con un alto desarrollo de actividades agropecuarias (Lagos, 1989; Infante, Pimentel y Díaz, 1992; Verdugo, 1998; Torres, 2002). A esta situación se agrega una nueva intervención de los cursos de agua (ríos Pangal y Cachapoal) que se ha producido por la construcción de una nueva central hidroeléctrica, que se suma a las centrales Coya (1911), Pangal (1921), Sauzal (1948) y Sauzalito (1959) que abastecen al mineral desde sus inicios. La transnacional Pacific Hydro S. A. que en 2002 compró las dos primeras centrales a CODELCO, en el 2011 inauguró la nueva hidroeléctrica Chacayes, a sólo 10 km. aguas arriba de la central de Coya.

De esta situación podemos vislumbrar dos problemas. Primero, la cuestión de la construcción del espacio geográfico en un entorno altamente intervenido por la gran industria del cobre y por las instalaciones industriales adyacentes. En particular, la instalación de centrales hidroeléctricas en los principales cursos de agua que alimentan el valle, modifica la forma en que las comunidades construyen y se vinculan con el espacio natural en su totalidad, alterando no solo ríos y canales, sino que además, el bosque nativo, los senderos y el paisaje natural en general. En segundo lugar, plantea nuevos elementos en el desarrollo de los movimientos sociales asociados a las problemáticas ambientales. Según se ha podido constatar por diversos autores, desde la década del 2000 existe una fuerte relación entre movimientos sociales y conflictos ambientales (principalmente contaminación) en diversas actividades económicas y a lo largo de todo el país (Fuenzalida y Quiróz, 2012; Valenzuela, Penaglia y Basaure, 2016; Delamaza, Maillet y Martínez, 2017). Una lectura poco acuciosa daría la impresión de una relación casi causal entre conflicto y movimiento, pero creemos que esto sería un error ya que no todo conflicto ambiental indefectiblemente hace surgir un movimiento social. Para nuestro caso de estudio cabe preguntarnos, ¿por qué en el Alto Cachapoal no hay ningún indicio de una organización político-social permanente?, ¿esta relación funcionaría más bien en un contexto altamente urbanizado, con un número suficiente de población?, siendo así, ¿esta situación no sería posible en pequeñas localidades rurales o semi-rurales? o, más bien, ¿el alto grado de intervención que sufren y que han sufrido estas pequeñas localidades bloquearía cualquier intento de organización política-social?

Partiendo por esta serie de interrogantes; al concentramos en la bibliografía que hace la relación anterior, podemos ver que en 2012 Fuenzalida y Quiroz, realizaron un recuento de los conflictos ambientales denunciados por ONG´s, particularmente por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Fundación Terram. Observaron que todas las regiones de nuestro país tienen, por lo menos, un conflicto ambiental activo y que desde Arica-Parinacota hasta Magallanes habría un total de 68 comunas afectadas. En la región de O´Higgins donde se sitúa nuestra investigación, cuatro (04) comunas presentan conflictos ambientales: a) La Estrella, una pequeña localidad agrícola y ganadera de unos 3.000 habitantes, en la que el conflicto está asociado a las operaciones de la empresa Agrosúper; b) en Litueche, de poco más de 5.000 habitantes, se asocia el conflicto a la operación de la empresa Aristía, quien produce carne de pavo en la comuna; c) en Machalí, comuna precordillerana de 55.000 habitantes, el conflicto se relaciona con la Central hidroeléctrica Chacayes y la expansión del mineral El Teniente y d) Pichidegua, de poco menos de 20.000 habitantes, con la Central de energías renovables no convencionales Tagua Tagua-FibroAndes S. A.² El objetivo de este estudio era la construcción de un índice que contuviera la distribución por pobreza, la tasa de desocupación, el porcentaje de subsidios que componen el ingreso de los hogares, el porcentaje de población inactiva y el porcentaje de población que finaliza estudios terciarios, para poder determinar si una comuna representaba vulnerabilidad social. Los resultados muestran que existe una brecha de 6.11 puntos entre el valor más óptimo (Vitacura) y la menos favorable (Alto Biobío). A nivel comunal cerca de un 45% del territorio presenta una alta vulnerabilidad, o sea, 149 comunas, mientras que 147 tienen una vulnerabilidad media, mientras que solo 38 municipios presentan buenos indicadores sociales. La zona del Alto Cachapoal demostró tener una media que está ligada a actividades mineras, industriales y agro-industriales. Concluían los autores que más de un 80% de los conflictos ambientales estaban localizados en territorios con un índice de vulnerabilidad media y alta, lo que demostraría la vulnerabilidad que tienen los territorios pobres para hacer frente a las externalidades de los procesos productivos.

Para Valenzuela, Penaglia y Basaure (2016), en el marco de una serie de conflictos sociales regionales se ha podido establecer un proceso de politización y de conflictividad social de base territorial que postulan demandas plurales dirigidas hacia un metarrelato anticentralista. Según estos autores, tres son los factores estructurales que hoy alientan la protesta territorial: a) el agotamiento del modelo centralista, que perpetúa desigualdades en relación a la zona metropolitana de Santiago. La que concentra el 40% de la población y el 50% del PIB; b) la crisis del capitalismo y del modelo neoliberal concentrador - extractivista, que es fundamental para el daño ambiental, la pobreza y falta de empleo de calidad, la ausencia del Estado y la corrupción y c) la crisis de representación de los partidos tradicionales, que transformados en elite oligárquica asentadas en Santiago, no representan los intereses del territorio y las demandas ciudadanas. Las acciones colectivas territoriales, para estos autores, se observan fuertemente en los casos de Arica, Atacama, Calama, Tocopilla, Aysén y Magallanes. Arica vive de la conciencia de ser frontera geopolítica y de haber sido en la segunda mitad del siglo XX un puerto libre y polo industrial. Beneficios económicos que perdió con la creación de la zona franca en Iquique y con la competencia comercial que realiza la muy cercana ciudad de Tacna en Perú. La deteriorada relación bilateral con Santiago, como capital Chile, y las regiones incentiva la competencia y la rivalidad entre ellas en la búsqueda de recursos del gobierno central. En la región de Atacama las movilizaciones territoriales están determinadas por tres líneas: a) el rescate histórico de la revolución constituyente de 1859, b) los movimientos territoriales-étnicos contra empresas mineras, termoeléctricas y faenadoras por conflictos ambientales y, c) la emergencia de actores políticos independientes y regionalistas.

En Calama, todo proceso de reivindicación pasa por las consecuencias económicas y ambientales de la explotación de la gran minería del cobre y principalmente de la derogación en los años 80 de la ley que dejaba parte de las utilidades mineras en las comunas de origen. Tocopilla, en tanto, vive las consecuencias de la destrucción en infraestructura que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010 y a la falta de una respuesta política. Con el tiempo el discurso de los líderes sociales pasó de centrarse en elaborar petitorios a desarrollar altos grados de politización anticentralista. En el extremo sur de nuestro país las regiones de Aysén y Magallanes han desarrollado procesos de politización motivado por diversas causas. En el caso de Aysén la crisis económica derivada de la industria del salmón y de la pesca cultivaron una serie de demandas económicas y políticas, demostrada en una alta presión de organizaciones sociales. Magallanes presenta un fuerte sentimiento de identidad histórica y social, fundamentado principalmente en la participación de grupos obreros en la vida política regional y nacional desde comienzo del siglo XX. Al igual que en Arica, existe un sentimiento de abandono y postergación respecto de Santiago, si se compara con el desarrollo que han tenido algunas ciudades en la Patagonia argentina. En conclusión, para este grupo autores, los movimientos aquí identificados no pueden agruparse en una única motivación, sino que más bien representan movimientos tradicionales, movimientos contenciosos y demandas por leyes especiales.

Finalmente para Delamaza, Maillet y Martínez (2017) entre 2005 y 2014 se pueden observar un total de 101 conflictos distribuidos por todo el país, con la característica distintiva de estar alejados de los centros urbanos tradicionales. Incluyendo nuevos actores políticos en las actividades contenciosas desde sectores no metropolitanos, estos conflictos han logrado modificar proyectos de inversión públicos y privados, ampliando la discusión sobre el extractivismo. Es destacable el hecho que todas las regiones del país presenten conflictos, a excepción de la región de O´Higgins que es donde nosotros hemos realizado nuestra investigación. Además, considerando que el sector económico donde se concentran la mayoría de los conflictos sea la minería, seguido de la energía termo e hidroeléctrica, y que los motivos de los conflictos sea la contaminación ambiental, el patrimonio natural y los problemas derivados por el uso y la contaminación del agua. En general, siguiendo a estos autores, una forma interpretativa de estos conflictos, escapando de una explicación simplista como NIMBY (“no en mi patio trasero”) - SPAN (“sí, pero aquí no”), es considerar un nuevo ciclo en la política chilena alejada de la visión tradicional que dirigía a relevar movimientos sociales nacionales en grandes ciudades industrializadas. Los casos de Aysén, Freirina o Tocopilla confirmarían esta situación con características originales, como las diferentes escalas de acción de los conflictos socio-territoriales, la densificación de la acción colectiva (en cuanto la coordinación de diferentes niveles del sistema público y privado) y de actores locales y extralocales. La territorialización de los conflictos implica efectos acumulativos frente a un Estado con una limitada capacidad institucional para hacer frente a decisiones locales, producto de su centralismo y unitarismo, que se mantuvo y fortaleció como característica en el proceso de consolidación democrática de los años noventa. Finalmente, los autores proponen revisar el conocimiento común acerca de las movilizaciones en Chile y de los conflictos socioterritoriales en particular, logrando refutar la idea que nuestro país está inserto totalmente en el sistema neoliberal y el extractivismo como modelo económico. Invitándonos a reflexionar sobre la capacidad de estos conflictos para modificar las políticas públicas en general y nuestro modelo de desarrollo en particular.

Un hecho llamativo que presentan estas investigaciones es que dan cuenta que mayoritariamente todas las regiones del país presentan algún tipo de conflicto socioterritorial, marcado por su concentración en territorios donde la pobreza es un factor permanente. Es en este contexto donde podemos entender mejor la elaboración de un discurso anticentralista, dirigido hacia la capital Santiago por parte de regiones alejadas física y políticamente, y que han asumido las consecuencias negativas del desarrollo económico. La aparición de nuevos actores políticos es un hecho relevante y que da sustento a movimientos sociales de carácter local que se enfrentan a actividades tradicionales dentro de la estructura económica nacional, como es el caso de la gran minería o la generación de energía. Si esta es la trama en donde confluyen los conflictos socioterritoriales y los movimientos sociales, cabe preguntarnos desde la geografía social, ¿cuál es la forma en que se construye el espacio geográfico en un entorno de crecientes movilizaciones sociales, con discursos anticentralistas, enraizados en zonas no metropolitanas y que enfrentan actividades económicas base del modelo económico neoliberal?³

Al volver a nuestro caso de estudio: un grupo de pequeñas localidades rurales situadas en la zona precordillerana del Alto Cachapoal que desde comienzo del siglo XX ha sido intervenido su entorno social y natural por la explotación de la gran minería del cobre, a través de la mina el Teniente, y de la producción de energía hidroeléctrica por medio de centrales de paso. Podemos observar que esta situación, que se consolidó a lo largo del siglo XX construyó una idea del espacio geográfico como una naturalización del entorno altamente intervenido por procesos industriales. No solo los vestigios de maquinarias y estructuras industriales que podemos encontrar diseminadas en el territorio constatan esta situación, sino que también en la forma en que los habitantes entienden los usos y prácticas del paisaje natural. Este es un punto fundamental en la elaboración elaboración del espacio geográfico, ya que consideramos que la construcción de la nueva central hidroeléctrica en 2011 (Chacayes) modificó la forma en que los miembros de estas pequeñas localidades se relacionaban con los elementos más característicos del paisaje natural que los circunda: ríos, bosque nativo, senderos y paisaje natural en general. Pero esta trasformación no llevó a la aparición de algún tipo de organización político-social, a pesar que es una idea común dentro de los entrevistados las consecuencias negativas del nuevo proceso de intervención del paisaje natural. Dentro de los elementos que se identifican como fuertemente alterados producto del funcionamiento de la hidroeléctrica Chacayes tienen un punto central los cursos de agua, ya sea por contaminación o por restricción en su uso entre los mismos habitantes.

Dos posibles ideas podrían aclarar esta situación. La primera es ciertamente más una hipótesis de trabajo, en el sentido de poder considerar que por medio de la intervención que realiza la gran minería del cobre en la zona, el paisaje natural que se construye tiene como condición esencial estar siempre intervenido. Por ello, los habitantes de las localidades de Chacayes, Termas de Cauquenes, Coya y Hacienda Perales no conciben su entorno sin actividades industriales, independiente de la valoración que le otorguen. Desarrollándose en esta relación habitantes/entorno/industria una suerte de naturalización forzosa de las explotaciones mineras y de las centrales hidroeléctricas, por ello pensamos que no se percibe un proceso de organización político-social en estas localidades. A pesar que se verifican conflictos ambientales, directamente referidos a la contaminación del agua producto de las actividades de la gran minería y a la idea de una concordancia (según la bibliografía) entre daño ambiental y movilización social, no hemos podido encontrar evidencia de actividades, aunque sea iniciales, de movilizaciones. La segunda idea, está en correspondencia con la forma cómo se concibe el espacio geográfico. Al querer asimilarlo a la idea del espacio social y al entender la dificultad de establecer una concepción unívoca o estable del concepto, buscamos superar la noción que el espacio es sencillamente el lugar dónde ocurren las cosas, acercándonos a su esencia social⁴. Si nos apoyamos en Lefebvre (2013), el espacio social:

"...no consiste en una colección de cosas, en una suma de datos (sensibles), ni tampoco en un vacío colmado (algo así como un envase) de materias diversas; habrá que mostrar que no se reduce a una «forma» impuesta a los fenómenos, a las cosas, a la materialidad física" (Lefebvre, 2013, p. 87).

El espacio es producto de lo social, hay un proceso de producción del espacio social que involucra diversos niveles de análisis y que se aleja consecuentemente de una noción de espacio naturalizado. Este producto en ningún caso es creado sin contradicciones, de forma lineal u homogénea, es contradictorio por sí mismo gracias a las distintas relaciones que se enfrentan. Engloba a su vez, una práctica espacial, un hacer con lugares específicos, miembros y performance adecuadas; representaciones del espacio, conocimientos, signos, códigos y relaciones que imponen un orden en las relaciones de producción, y espacios de representación, que expresan simbolismos complejos de la vida social (Lefebvre, 2013).⁵

Lo dicho anteriormente, nos permite comprender mejor la situación de nuestro caso de estudio y aquilata las consecuencias de un alto grado de intervención en el espacio que realizan los grandes complejos industriales asentados en el territorio. Mientras que las comunidades demuestran un claro conocimiento y elaboración de representaciones del espacio afines a las consecuencias negativas (preferentemente sobre el agua) de las actividades industriales, carecen de una multiplicidad de espacios de representación, formas de expresión de la vida social debilitadas constantemente por la relación contradictoria entre habitantes/entorno/industria. Esta situación da como resultado prácticas espaciales restringidas, sin lugares específicos donde desenvolverse, con una ocupación del espacio extensiva de parte de la industria del cobre y de las centrales hidroeléctricas. Surge la pregunta entonces, ¿qué tipo de espacio geográfico pueden construir estas comunidades al mantener esta relación en el tiempo?, o ¿cuáles son los intersticios, por dónde, se puede construir espacialidad? Pensamos que las tácticas de apropiación espacial de los elementos del paisaje natural que los circunda son fundamentales para el proceso de construcción del espacio geográfico. No sólo el agua, que es el elemento central en las formas de representación espacial, sino que, además las diversas formas de la flora y fauna nativa, senderos y espacio natural en general deben ser constantemente reconstruidas, usadas, practicadas.

Referencias

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