Ordenamiento territorial y modos de vida en el Cañón de Las Hermosas (Colombia) 1960-2023

Introducción

Partiendo de la visión crítica del ordenamiento territorial como un instrumento que sirve para producir territorios al servicio de los intereses del capital, este es abordado aquí como un proceso de producción espacial capitalista (Lefebvre, 2013) en el que intervienen diversos agentes sociales con sus propias ideas, intereses e intencionalidades configurando así un complejo entramado de relaciones sociales de poder en el cual el agente más fuerte impone su concepción de orden, haciendo que el proceso sea muy dinámico, complejo y muchas veces injusto. En consecuencia, el espacio (Lefebvre, 2013) es entendido no como un simple hecho material donde sucede cosas, sino como producto y a la vez productor de las relaciones sociales, implicando una intrincada red de pensamientos, acciones y objetos que producen el espacio y las formas como es concebido, percibido y vivido.

En este sentido dialéctico abordo el Cañón de Las Hermosas como un sistema socio-ecológico de alta montaña. En los sistemas socio-ecológicos (Urquiza & Cárdenas, 2015) se destaca la integridad y complejidad de los vínculos e interacciones entre los procesos ecológicos y sociales y la forma como enfrentan las transformaciones en un contexto de crisis ambiental. Un sistema que produce y es producido por relaciones dinámicas y estrechas, es decir la interdependencia, entre sociedad y ambiente, de forma que los cambios en las condiciones socioculturales pueden dar lugar a modificaciones en el entorno biofísico y viceversa.

Los sistemas socio-ecológicos de alta montaña se caracterizan por la presencia de diversidad biológica y cultural. Se encuentran ecosistemas de páramo, bosque alto andino y andino, con características ecológicas relacionadas con la diferenciación de pisos que tiene efectos en el clima, la morfología y las especies de flora y fauna presentes, y cuya integridad ecológica es fundamental para su funcionamiento. También hacen presencia de baja intensidad poblaciones campesinas e indígenas distribuidas en asentamientos dispersos con prácticas culturales de apropiación del espacio. La alta montaña en Colombia “se considera como un espacio estratégico por el interés de la conservación de las formaciones vegetales, la regulación hídrica, el conocimiento de los impactos del cambio climático, ascenso de la frontera agrícola y también en el sentido estratégico para las comunicaciones y el dominio militar” (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2010, p. 30).

Bajo esta perspectiva se observa al Cañón de Las Hermosas y sus dinámicas ambientales, sociales, políticas y económicas que presentaré a través de las prácticas espaciales (Souza, 2013) de los agentes sociales –estatales, armados, del capital y comunitarios— que lo producen como un socioecosistema. Aparecen así, 1) la relevancia del páramo para el Estado nacional, para lo cual diseña unas figuras de control, disciplinamiento y dominio, entre ellas, 2) los instrumentos de ordenamiento y panificación ambiental y territorial para su protección, 3) la importancia del conflicto armado y el posacuerdo, 4) las dinámicas de producción y organización de comunidades campesinas e indígenas, y 5) la presencia de proyectos de desarrollo hidroeléctrico, como elementos centrales del problema. Estos son expuestos a través de tres periodos –poblamiento, crisis y transición— que permiten dar cuenta de su procesualidad y de las relaciones entre ellos.

A continuación, se presenta el abordaje conceptual del ordenamiento territorial y los modos de vida desde el cual se hace una observación inicial al Cañón de Las Hermosas y sus dinámicas de ordenamiento territorial a partir de 1960.

Abordaje conceptual

Ordenamiento Territorial

Partiendo la Geografía Crítica se entiende el ordenamiento territorial como una herramienta de espacialización de los diferentes agentes sociales que tiene impactos concretos en los espacios biofísicos y sociales, y que responde a las relaciones de poder que se tejen entre ellos. En este sentido, se puede entender el ordenamiento territorial como un ordenamiento de las fuerzas de cada uno de los agentes sociales que intervienen.

Es “una forma de ordenamiento que tiende a pasar desapercibida, porque el espacio -más que manifestarse abiertamente como lo hace el tiempo- es una estructura silenciosa e inconsciente de la cotidianidad” (Herrera, 2014, p. 343). Justamente por llegar al plano de lo inconsciente logra el poder para controlar y “moldear el comportamiento de los seres y de las colectividades, tanto en lo que tiene que ver con los esfuerzos que se adelantan para dominar a la población, como en la resistencia que esta última opone a esa dominación” (Herrera, 2014, p. 343). Estos ejercicios de control a través del establecimiento de un orden socioespacial van asignando espacios y tiempos determinados a personas y actividades. El control del espacio-tiempo se traduce en todas las escalas, así “los trabajadores ricos controlan a los más pobres, los hombres controlan a las mujeres, los padres controlan a los hijos, el Estado controla a la sociedad y los partidos políticos o las corporaciones controlan el aparato del Estado” (Harvey, 2018, p. 306).

Este control se da en unas relaciones específicas de poder siendo que este último es una instancia de todas las relaciones sociales ya que están fundadas en las estructuras sociales de dominación. Las relaciones entre agentes sociales crean campos de poder que operan de acuerdo con la organización de fuerzas, las cuales a su vez resultan en espacializaciones (Pedreros, 2018; Raffestin, 1993), es decir, en prácticas de producción espacial. En este sentido, se podría considerar el espacio como la materialización de los campos de poder.

De acuerdo con Lefebvre (2013), el espacio es un producto, productor, soporte y expresión de las relaciones sociales. Este autor conceptúa sobre el espacio como un producto social y un valor de uso, ya que estudia la producción del espacio capitalista basándose en el análisis marxista de la producción de mercancías y del capital dentro de la fábrica, para analizar las ciudades como un producto espacial resultado de los desarrollos del sistema de producción capitalista, pensamiento que se extrapola a la producción de espacios rurales como soporte de la producción urbana.

En este sentido, cuestiona el espacio como un simple hecho material, un área donde suceden cosas, para analizarlo dentro de la dialéctica según una intrincada trama de relaciones sociales donde se produce capital el cual, a su vez, produce relaciones sociales, como, por ejemplo: patrón-empleado, empleado-mercancía, mercancía-dinero, dinero-plusvalía, etc., las cuales están localizadas, es decir, ocurren en un espacio físico-material determinado (Lefebvre, 2013). El espacio es un productor de relaciones sociales, y al mismo tiempo es un producto de esas relaciones sociales. Un productor porque el espacio es el soporte de las relaciones sociales ya que es sobre el espacio físico-material que ocurren y, un producto porque son el tipo, la forma, la intensidad y las y los agentes que participan de estas relaciones las que lo dotan de sentido, de significado, ya que si se dieran en otro espacio material tendrían otra configuración social. Para explicar esta mirada sobre el espacio, como una noción compleja, Lefebvre (2013) propone que existe una intrincada red de pensamientos y acciones que producen el espacio a partir de la forma como es concebido, percibido y vivido.

El espacio concebido es entonces el espacio que se da en el plano mental, abstracto. Este espacio pertenece al plano del Estado, de la institucionalidad, y del capital. Es el espacio de las normas, políticas, leyes, del ordenamiento territorial y ambiental. El espacio percibido es la concreción material del espacio concebido, en este caso principalmente por los agentes hegemónicos capitalistas. Es la materialización de las políticas en planes, programas y proyectos de desarrollo, zonas de control y tránsito de grupos armados y sus dinámicas y, cartografías y delimitaciones de áreas de importancia natural, que concretan las ideas que fueron preconcebidas y guiadas por unas intencionalidades y unos marcos de valoración particulares. El espacio vivido es donde se expresan las contradicciones, intereses y conflictos de los agentes sociales (Lefebvre, 2013). Es el espacio de la subjetividad, de la vida cotidiana, de producción y reproducción de los universos simbólicos, de los modos de vida, es el espacio también donde se viven los espacios mentales y materiales y, por lo tanto, donde se evidencian los conflictos de todo tipo, entre ellos, los ambientales.

De acuerdo con ello, la producción del espacio capitalista se remite a los procesos socioespaciales resultado de la imbricación de agentes sociales que están disputando, produciendo y construyendo el espacio desde distintos lugares epistemológicos. Son las concepciones que se van materializando producto de las relaciones sociales que tejen dichos agentes. Esa producción espacial termina produciendo una organización, es decir, una forma específica que satisface cierto tipo de intereses del capital. Para el Cañón de Las Hermosas, se puede observar de forma preliminar que su producción espacial ha conjugado diversas visiones y racionalidades, así como un ajuste de fuerzas de los agentes involucrados, que a su vez responde a escenarios nacionales y globales.

El capitalismo, más allá de ser el modo de producción dominante, es una manera humana de ordenar la naturaleza (Moore, 2020), y como tal ha establecido un tipo de construcción del espacio-tiempo que tiene efectos sobre las localizaciones, los cuerpos y los valores. Esta idea de orden influye las concepciones y valoraciones que los humanos tienen sobre la naturaleza y bajo las cuales toman decisiones sobre ella. Es el caso de los procesos de planificación ambiental que tienen como objetivo la conservación de la naturaleza desde una perspectiva dicotómica (sociedad-naturaleza) y, por lo tanto, pretenden crear áreas protegidas como objetos museales aislados del contacto humano y de espaldas a las relaciones que las sociedades han establecido históricamente con ellas.

Estas concepciones de orden y desorden son subjetivas culturalmente enraizadas y casi siempre saturadas de una fuerte carga ideológica (Arzeno, Muñecas & Zanotti, 2020; Souza, 2013), por lo tanto, las formas de organizar el espacio de los diversos agentes sociales pueden discordar. De acuerdo con Souza (2013) lo que se considera como “orden” en sí mismo, es en realidad el orden socioespacial hegemónico, y lo que es visto como “desorden” corresponde a contraproyectos que desafían ese orden proponiendo nuevas estructuras socioespaciales y con ellas nuevas relaciones sociales; sin embargo, es evidente que todo tiene su propio orden-organización espacial, según quien o quienes ordenen. De modo que la organización espacial es múltiple y siempre está cambiando, y las nociones de orden y desorden también pueden concebirse de forma complementaria más que como antagonistas (Paiva, 2004).

Es así como el Estado busca imponer su concepción de orden para transformar la organización espacial y responder a sus propias demandas, casi siempre las demandas de los capitalistas (oligarquía-burguesía), mantener su soberanía (Asher & Ojeda, 2014) y garantizar la reproducción del capital. En este sentido, la planificación territorial, ambiental y del desarrollo responde a la necesidad estatal de controlar a través de políticas, planes y proyectos para la optimización de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del territorio del Estado nacional moderno, la distribución territorial y el manejo geopolítico de un país (Ramírez, 2004). De esta forma, impone una racionalidad específica de poder y control sobre los procesos territoriales que conducen los diversos agentes sociales. Por ejemplo, el estado patriarcal planifica desde las concepciones masculinas desconociendo las mujeres, sus realidades y aportes dentro del ordenamiento territorial (Queirós, 2020) lo cual ha conducido a la exclusión, marginalización y empobrecimiento de las mujeres.

De acuerdo con Asher & Ojeda (2014), estos esfuerzos para lograr una sociedad más productiva, justa socialmente y más sostenible ambientalmente dependen de reconfigurar y hacer legible la naturaleza como biodiversidad y recurso. La denominada naturaleza, entonces, “es el centro de este proyecto taxonómico y resulta fundamental, tanto para las fijaciones estatales como para la acumulación del capital” (Asher & Ojeda, 2014, p. 152). En esta misma línea, las autoras analizan el ordenamiento territorial de forma dialéctica, no solo como un instrumento estatal sino como una práctica que, al producir la naturaleza, a su vez permite y sostiene la formación del Estado (Asher & Ojeda, 2014, p. 174). Las delimitaciones de áreas protegidas, las licencias de explotación de recursos y la construcción de infraestructuras, son ejemplos de esto.

Tradicionalmente cuando se habla de ordenamiento territorial se piensa únicamente en la acción del Estado para ordenar un territorio nacional como ejercicio de soberanía, a través del andamiaje legal, jurídico e institucional y en ejercicios de gestión territorial. Sin embargo, estos ejercicios de control no son unidireccionales y exceden la acción de los agentes estatales, para el caso que nos ocupa se conjugan con los intereses y prácticas del capital, de los grupos armados y de las comunidades locales, con la hegemonía del Estado como agente con mayor poder político e ideológico sobre los otros.

Modos de vida

Los modos de vida, entendidos como prácticas de producción del espacio vivido, esto es el espacio de lo cotidiano y de la producción y reproducción de la vida, son los que dan cuenta de las formas como las personas y comunidades se relacionan con el medio que les rodea, en una dialéctica en la que el medio influye en las prácticas cotidianas y estas a su vez transforman el medio (Kuhnen, 2001). Son acciones de lo cotidiano produciendo configuraciones propias, singulares, insospechadas y revolucionarias. Allí las concepciones, imaginarios, significados y representaciones se materializan a través de prácticas de producción social del espacio.

Desde los estudios de la sociología crítica en los modos de vida se conjugan las prácticas y representaciones actuales y pasadas, de forma que estos son el cruce entre los procesos históricos y la vida cotidiana (Kuhnen, 2001). Es la integración de lo nuevo con lo antiguo, de los cambios en la permanencia (Kuhnen, 2001), así el modo de vida da cuenta de los procesos productores de la estructura, es decir, la red organizada de prácticas y representaciones, así como sus determinantes (Heller, 1977; Lindón, 2002). Son formas de abordar las transformaciones vividas en el tiempo por los efectos de las prácticas de ordenamiento territorial formal de los agentes sociales hegemónicos. Es en el espacio vivido que propone Lefebvre (1972) donde se evidencian las contradicciones del capitalismo y, por lo tanto, donde se espera que ocurran acciones anticapitalistas.

La vida cotidiana, como categoría fundamental para pensar los modos de vida, se compone de las prácticas diarias de cuidado, producción, formación, creación y las relaciones que reproducen con ellas. Se puede decir que es el nicho de los movimientos contrahegemónicos. El estudio de la vida cotidiana es uno de los escenarios preferidos por la antropología y la etnografía para acercarse a los universos simbólicos y materiales (y sus relaciones) de los individuos, las familias y las comunidades. “Este concepto ha inspirado trabajos fundamentales en teoría social que se preguntan desde lo cotidiano por fenómenos más amplios como el capitalismo, la interacción social, la violencia y el consumo” (Camargo, 2021, p. 8), pues es una categoría privilegiada para dar cuenta de las formas en las que se concretan discursos, ideologías, creencias y concepciones en la vida de las personas, así como para entender las conexiones entre lo vivido y lo instituido. Para entender, por ejemplo, cómo “la vida en zonas de conflicto donde la muerte es una realidad cercana y cotidiana es una experiencia emocional, sensorial y material del mundo que se desmorona en medio de la inequidad” (Camargo, 2021, p. 9).

El estudio de los modos de vida es una realidad cruda cuyo entendimiento permite comprender las particularidades de las barreras y asimetrías a las que se enfrentan las poblaciones históricamente marginadas, como las mujeres, los pueblos étnicos y el campesinado, las formas como se reproducen y sus impactos a largo plazo, así como para encontrar calves de transformación de las inequidades.

Metodologia

Esta investigación se plantea desde el paradigma transformador el cual denota una familia de diseños de investigación influenciados por varias filosofías y teorías con un tema común de emancipar y transformar comunidades históricamente marginadas a través de la acción colectiva (Chilisa, 2012), de modo que conocimiento se construye a partir del marco de referencia de los y las participantes, de manera que la investigación permita incluir sus sistemas de conocimiento, sus intereses y necesidades (Chilisa, 2012, p. 47), por lo que el lugar de enunciación y los valores éticos de él o la investigadora adquieren relevancia ya que determinan las preguntas, teorías, métodos y difusión de los resultados de investigación. Desde este paradigma se entiende que la realidad tiene múltiples capas y es históricamente situada y se transforma dependiendo de factores sociales, culturales, políticos y de poder.

Desde la perspectiva metodológica con preponderancia en el enfoque interpretativo y con un énfasis cualitativo se ha desarrollado un ejercicio de observación y análisis inicial por medio de varias escalas espaciales y temporales como son:

Temporal. Se propone un análisis multitemporal que contemple la multiplicidad del tiempo en la experiencia humana y la complejidad de la realidad, lo que requiere considerar los distintos tiempos y enfatizar en las determinaciones e influencias mutuas. La división del tiempo histórico de Braudel (1968) en fenómenos de corta, media y larga duración permite saber las causas, desarrollo e impacto de un fenómeno histórico, sus evoluciones sociales y económicas, y el desarrollo de factores biológicos, geográficos y de carácter natural, así como “los cambios y continuidades de la mentalidad en los pobladores de una región, para definir las estructuras sociales por las que se han regido las sociedades”.

Dentro de la ventana temporal definida 1960-2023 se identifican inicialmente 3 periodos que corresponden a momentos de la historia reciente en los que se destacan prácticas espaciales de los diferentes agentes sociales que produjeron nuevos ordenamientos en el Cañón. A través de estos periodos se busca identificar continuidades y transformaciones en las concepciones, percepciones y vivencias de los agentes sociales, así como fenómenos de corta, media y larga duración. Esos periodos son:

• poblamiento (1960-1980): consolidación de centros poblados, ampliación de la frontera agrícola (café) y creación de áreas protegidas (Parques Nacionales Naturales [PNN] Las Hermosas);
• crisis (1980-2010): conflicto armado, programas estatales de recuperación de territorios con presencia insurgente (PFGB) e implantación de proyecto de desarrollo (Hidroamoyá); y
• transición (2010-2023): acuerdo de paz/posconflicto y creación de nuevas figuras de protección ambiental (Complejo de Páramos Las Hermosas) y territorial (ZRC).

Espacial. De acuerdo con Souza (2013) se entienden las escalas espaciales como modos de conceptualizar concepciones de realidad, son recortes espaciales que permiten o facilitan visualizar o destacar determinados aspectos de la realidad y viceversa. El autor propone tres tipos: escala del fenómeno, escala de análisis y escala de acción.

• La escala del fenómeno se refiere a las características de un objeto, es decir, su alcance físico en el mundo, en este caso las del Cañón de Las Hermosas (planteamiento del problema).
• Las escalas de análisis son niveles de análisis de la realidad y son construidas en relación con el objeto de investigación (escala del fenómeno), es decir que, si bien son construcciones sociales analíticas guardan una relación con la materialidad en donde se expresan. Estas escalas permiten exponer cómo los hechos locales son producidos o alterados por hechos de mayor extensión que se generan en otras escalas, y están directamente relacionadas con las categorías de análisis definidas.
• Y las escalas de acción son la reflexión acerca del alcance espacial de las prácticas de los agentes sociales, dan cuenta de las relaciones interescalares que permiten exponer cómo los hechos locales son producidos o alterados por hechos de mayor extensión que se generan en otras escalas.

Área de estudio: el Cañón de las Hermosas

El Cañón de Las Hermosas es la forma como comúnmente¹ se le ha denominado al área alta del cañón geográfico del río Amoyá, el cual cuenta con características ecológicas particulares de la alta montaña²: ecosistemas de páramo³, subpáramo, bosque alto andino y andino, propias de la vertiente oriental de la Cordillera Central colombiana (ver Figura 1). En este cañón se encuentran las jurisdicciones del corregimiento de San José de las Hermosas, en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, y parte de dos áreas protegidas⁴: el Parque Nacional Natural Las Hermosas⁵ y el Complejo de Páramos Las Hermosas⁶. El Parque cuenta con una zona amortiguadora⁷ que hace parte de las estrategias de manejo y protección de los ecosistemas estratégicos que allí se encuentran, es decir, páramos, humedales y lagunas. Al estar una parte de esta zona en jurisdicción del corregimiento se desarrollan algunas acciones de conservación lideradas por las autoridades ambientales (Corporación Autónoma del Tolima [Cortolima] y Parques Nacionales Naturales [PNN]) en conjunto con las poblaciones rurales campesinas e indígenas (Cortolima, 2021).

Fuente: Elaboración propia.

Esta área presenta una alta importancia ecológica para el país, ya que es parte de un gran corredor de páramos que se extiende de sur a norte conectando los páramos de los Andes Centrales al norte y el Macizo Colombiano al sur (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt [IAvH], 2017), además de ser un corredor estratégico para el flujo de la fauna de alta montaña en el centro del país, y particularmente para especies que realizan migraciones entre páramos cercanos (IAvH, 2017, p. 38).

Los datos más aproximados de población del Cañón se homologan a lo indicado en el Plan de Desarrollo Sustentable del Corregimiento de Las Hermosas, el cual afirma que para el año 2015 tenía una población de 5.111 personas, con 2.312 mujeres y 2.799 hombres (Asohermosas, 2015, p. 40), de las cuales el mayor porcentaje se reconoció como campesinado y aproximadamente el 16% como indígenas pijaos (Ministerio del Interior & Consejo Regional Indígena del Tolima [CRIT], 2014). Su principal actividad productiva es el cultivo de alimentos, destinada a la subsistencia (fríjol, yuca, maíz, arracacha, plátano y algunas frutas y hortalizas) y al comercio local (café, fríjol y mora), con un gran potencial de despensa alimentaria para el municipio y la región del sur del Tolima. La piscicultura, la apicultura y la ganadería extensiva (esta última se encuentra en la zona más cercana al páramo), son otras de las actividades presentes (Asohermosas, 2015).

El campesinado está organizado en Juntas de Acción Comunal -JAC- (en cada una de las 28 veredas del corregimiento), asociaciones de primer nivel de productores, de mujeres, ambientales, y una de segundo nivel que agrupa a todas las anteriores llamada Asohermosas. Por su parte los indígenas están organizados en cinco cabildos, uno de ellos en solicitud de formalización administrativa⁸ y agrupados en la Mesa de Concertación con pueblos indígenas de Chaparral. Estas formas organizativas se fueron consolidando a partir de la década de los 2000, como respuesta a situaciones de violencia derivada del conflicto armado, programas de Estado y a la ejecución de proyectos de desarrollo, a los que me referiré más adelante.

Las Hermosas (como también se le denomina al corregimiento) también ha sido un espacio relacionado con la riqueza y la belleza natural (ver Figura 2) y por el que los y las hermosunas tienen un profundo sentido de identificación y arraigo, expresado en su resistencia ante los embates del conflicto armado y el desarrollo capitalista, y en los diversos procesos organizativos y productivos que vienen adelantando para ganar autonomía (Asohermosas, 2015). Estas dinámicas que dotan de significado a un espacio y se expresan a su vez en el sentido de lugar, resultan fundamentales en los procesos de producción y ordenamiento territorial, ya que estos denotan las racionalidades, ideas, concepciones, percepciones, vivencias, intereses e intencionalidades de todos los agentes sociales que intervienen en ellos.

Fuente: Autora.

El conflicto armado tiene una relevancia especial en Las Hermosas, por la histórica presencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP en todo el sur del Tolima y el control territorial y el orden social que ejercieron con el Frente 21 durante tres décadas en el Cañón, ya que su condición de montañas escarpadas dificultaba el acceso y les protegía de ser ubicados, su localización al filo de la Cordillera Central con salida hacia el departamento del Valle del Cauca les resultaba estratégica para sus operaciones ilegales (narcotráfico, secuestros, paso de armas), y la mínima presencia del Estado les garantizaba el control del territorio y sus habitantes. Este frente suplió el papel del Estado ya que recaudaba impuestos con el cobro de extorsiones o vacunas, administraba justicia a través de castigos, multas y ajusticiamientos, determinaba el uso y acceso de los recursos naturales penando la tala y la caza, y ordenaba las relaciones sociales imponiendo códigos de conducta. Tanta fue su influencia, que se construyó una narrativa social en la que el Cañón de Las Hermosas era sinónimo de violencia y miedo y sus habitantes percibidos como guerrilleros (Centro de Estudios Regionales [CERE], 2020; Ávila & Navarro, 2022). Estos agentes armados ordenaron el territorio a través de su presencia permanente y de la imposición violenta de normas que controlaban desde la vida cotidiana hasta la organización social.

Históricamente el Cañón de Las Hermosas se ha vinculado estrechamente con la violencia, ya que desde la colonización europea hasta épocas muy recientes ha servido de protección (pueblo pijao 1550-1610), de escondite (Guerra de los mil días 1889-1902), de lucha por la tierra (colonización campesina y organización indígena 1920-1970), de enfrentamiento (violencia bipartidista 1946-1958), de disputa armada (presencia y control de las FARC 1980-2016), de ilegalidad (bonanza amapolera 1990-2008), y de desarrollo capitalista (Hidroamoyá 2003-2013) (IAvH, 2017; Cortolima, 2021; Reiniciar, 2015).

Si bien la violencia armada ha sido una constante en el Cañón, otras formas de violencia presentes están asociadas a: 1) la ausencia de Estado en términos de garantía de derechos básicos de salud, educación, vivienda, infraestructura social y servicios públicos, que se evidencia en un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para la zona rural que alcanza el 56% (Plan de desarrollo municipal 2020-2023); 2) la imposición de un orden social por parte de las FARC-EP ante el silencio de la institucionalidad; 3) la falta de acceso a la propiedad de la tierra; 4) la implantación de un proyecto de desarrollo de generación energética (Hidroamoyá) con profundos impactos ambientales; y 5) el señalamiento a líderes sociales y desconocimiento de la diversidad étnica y cultural por parte de los agentes estatales y privados. Esto permite dar cuenta que además de los grupos armados ilegales otros agentes sociales han participado en la producción espacial de forma trascendental, resaltando que el conflicto armado fue una consecuencia de la profunda inequidad en el acceso a la tierra y por tanto a los medios de vida de una gran mayoría de colombianos y ha servido como pretexto para la reproducción de acciones u omisiones estatales que han marginalizado a las poblaciones rurales de forma histórica.

Estas formas de violencia han perpetuado las condiciones de inequidad que caracterizan la ruralidad en Colombia (Teubal, 2009) que han tenido un impacto particular en las mujeres rurales, tanto campesinas como étnicas, ya que, a pesar de presentar diversas realidades, la asimetría histórica basada en prejuicios culturales y estereotipos de género les ha impuesto una posición desigual en aspectos económicos, políticos y sociales con repercusiones en sus derechos y libertades (Acosta, 2020; Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2020). Las mujeres rurales “encuentran en común una serie de obstáculos en el acceso a la tierra y en el goce efectivo de los derechos humanos” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2019), condiciones que las han hecho especialmente vulnerables en la guerra que se libra en los espacios rurales colombianos.

Una muestra de ello es que los datos oficiales que se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023) sobre las mujeres chaparralunas, corresponden a estadísticas poblacionales frente a los grupos de edad, la incidencia en enfermedades, tasas de mortalidad y fecundidad y violencia intrafamiliar. Sin embargo, no presenta un diagnóstico detallado acerca de su situación, por lo que las estrategias contempladas en dicho plan se limitan a referirse al fortalecimiento de la atención, pero no a líneas concretas de acción para la garantía de derechos. Las mujeres hermosunas han estado expuestas a las barreras de acceso a derechos a la educación, a salud sexual y reproductiva, a empleo, a remuneración por sus labores de cuidado, a la participación política, constituyéndose en formas de violencia perpetradas tanto por parte de las instituciones estatales como de sus padres y esposos, que han tenido como consecuencia su empobrecimiento e invisibilización. Aunado a ello el conflicto armado accionó de formas específicas con las mujeres rurales del Cañón, por parte de la guerrilla hubo castigos particulares en sus cuerpos por chismes e infidelidades, violencia sexual, impactos emocionales por tener que entregar sus hijos o castigos severos por negarse a ello, y desplazamientos; y por parte del ejército fueron amenazas y humillaciones sobre sus cuerpos (CERE, 2020; Acosta, 2020; Ávila & Navarro, 2022). Es relevante señalar que, de acuerdo con Zuluaga & Arango (2013, p. 177), “la guerra exacerba los roles tradicionales de género, refuerza el papel de la mujer como cuidadora y el rol del hombre como guerrero, y perpetúa no solo los estereotipos sino las desigualdades propias del sistema patriarcal”.

A pesar de que las dinámicas organizativas de las mujeres se han ido fortaleciendo, aún se presentan dificultades para la participación derivadas de las asimetrías de género como son la prohibición, algunas veces expresa, de sus maridos y la falta de tiempo por su doble o triple jornada, ya que la mujer rural realiza actividades productivas, reproductivas y comunitarias: asumen todas las labores de cuidado familiar, participan en las tareas de producción –principalmente en la preparación de alimentos para los trabajadores, también en la siembra y recolección— y en actividades de beneficio comunal (Zabala, Lobo & Vargas, 2023; Acosta, 2020; Ávila & Navarro, 2022). Como consecuencia, la participación de las mujeres rurales en los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial se ha negado o relegado (Queirós, 2020) y resulta relevante conocer su papel en las dinámicas de producción espacial, puesto que las relaciones de género, que son fundamentalmente relaciones de poder, nos permiten entender modelos, concepciones e ideas hegemónicas de desarrollo y sostenibilidad, ya que los mandatos de control de lo masculino sobre lo femenino se reproducen en el control de lo humano sobre la naturaleza (Ojeda & Otero, 2021).

Frente al acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra en el Cañón, como aspecto notable del ordenamiento territorial y condición base del conflicto armado en Colombia, se encuentra que si bien la mayoría de las familias es propietaria de la tierra (61,1%), el 23% son poseedores sin formalización de la propiedad y “representan una tarea pendiente de carácter urgente, de cara a la generación de condiciones de estabilización de las familias campesinas y el fortalecimiento de la actividad agropecuaria del corregimiento” (Asohermosas, 2015, p. 38). Así mismo, se presentan dinámicas de concentración de tierras, pues “mientras los pequeños propietarios (predios de menos de 10 Has) que son el 68,8%, poseen el 16,4% del total de tierra del corregimiento, el 3,2% de propietarios (predios mayores a las 100 Ha) tienen en su poder 46,8% del total de la tierra.” (Asohermosas, 2015, p. 39). A pesar de que estos datos no se encuentran desagregados por género, de acuerdo con las investigaciones del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (2020), se puede deducir que la mayoría de los títulos de propiedad están a nombre de hombres, razón por la cual el acceso a programas del Estado y otros proyectos queda en cabeza de los mismos, siendo el acceso a la tierra una de las principales barreras que enfrentan las mujeres rurales (Acosta, 2020; Maestre, 2020; Zuluaga & Arango, 2013). Este es un asunto clave para considerar en los procesos de producción espacial y de participación de las poblaciones campesinas e indígenas habitantes del Cañón, ya que la seguridad en la tenencia de la tierra es una condición fundamental de la autonomía y la incidencia en la toma de decisiones.

Se puede decir que los procesos de ordenamiento territorial en el Cañón han sido claves desde 1960 ya que desde ese momento hasta ahora se puede observar que ocurrieron transformaciones importantes en por lo menos 3 grandes períodos: 1) 1960-1980 (poblamiento) con procesos más intensos de poblamiento y consolidación de asentamientos, desarrollo asociado al aprovechamiento de los recursos naturales (suelo y agua), y creación de figuras de conservación ambiental; 2) 1980-2010 (crisis) con la exacerbación del conflicto armado, entrada de proyectos de desarrollo hidroeléctrico y de programas estatales; y 3) 2010-2023 (transición) frente al avance en el proceso de paz con las extintas FARC-EP, el fortalecimiento de los procesos organizativos y nuevas dinámicas de protección ambiental y territorial.

Poblamiento

De acuerdo con Asohermosas (2015, p. 37) “el proceso de poblamiento del corregimiento de Las Hermosas se desarrolla paulatinamente desde 1930 y se despliega con mayor fuerza entre 1960 y 1970, impulsado principalmente por la producción cafetera en la zona”. En este periodo de consolidación de la organización social a través de la conformación de las primeras JAC y que también concuerda con el desarrollo de obras de infraestructura como carreteras y escuelas por la acción del Comité de Cafeteros Departamental, es considerado por sus pobladores como un hito importante en su historia ya que la recuerdan “como la de mayor prosperidad y fortaleza de la comunidad aún en medio de las limitaciones impuestas por el medio natural y la ausencia estatal” (Asohermosas, 2015). Lo anterior respondió al impulso del Estado para la ampliación de la frontera agrícola en la alta montaña (con el cultivo del café), promoviendo créditos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (hoy Banco Agrario) para compra de semillas y de nueva tecnología para cultivos, de asistencia técnica y de desarrollo de infraestructura social. Estas políticas respondieron a los enfoques mundiales de modernización agraria e industrialización que bajo la lógica desarrollista generaron políticas económicas y sociales en el campo, a través de estrategias como la revolución verde y la transferencia tecnológica (Kay, 2005; Teubal, 2009).

Otro hecho importante en esta época fue la creación, por parte del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), del Parque Nacional Natural Las Hermosas, a través del Acuerdo 19 de 1977, como estrategia de conservación de la biodiversidad. Esto implicó inicialmente una serie de reglas sobre el uso del área protegida que incluían principalmente restricciones en cuanto al acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En la década de 1990, como consecuencia de la Constitución Política de 1991 y de las políticas públicas nacionales ambientales derivadas de ella⁹, se establecieron sistemas de manejo de áreas protegidas y con ello, la elaboración de planes de gestión de dichas áreas, instrumento que “se convierte en el documento base para las futuras negociaciones tanto con comunidades como con organizaciones e instituciones” (PNN, 2007, p. 7). Este modelo de las áreas protegidas responde a la concepción “hegemónica de conservación de naturaleza prístina, intocable o culto a lo salvaje” (Maestre, 2020, p. 4) enfocándose en delimitar estas áreas con la idea de separarlas de la ocupación humana, trayendo, como consecuencia, “conflictos socioambientales en torno a la ocupación y la tenencia de la tierra en los Parques Nacionales Naturales (PNN) y en las áreas que se encuentran próximas a ellos persisten” (Maestre, 2020, p. 4). Este modelo de ordenamiento territorial estatal corresponde a una imposición de una racionalidad de control sobre la ocupación y el uso del territorio nacional y de la naturaleza (entendida como recursos) que resulta fundamental para los intereses del capital (Ramírez, 2004).

Crisis

Subsiguientemente, las décadas de 1990 a 2010, son reconocidas como las más difíciles debido a la agudización del conflicto armado; la crisis de los precios del café; la ausencia estatal en la prestación de servicios básicos, apoyo a la producción agropecuaria y la infraestructura; la entrada del Programa Familias Guardabosques (PFGB); y la implantación del proyecto de generación hidroeléctrica Hidroamoyá, componen un panorama crítico que entra a aumentar las presiones sobre el territorio debido a sus impactos ambientales, políticos, económicos y sociales (Asohermosas, 2015, p. 37). Se destaca 1) el papel del Estado que no proporcionaba atención a la población y sus necesidades, pero sí hacía presencia a través de planes y programas y proyectos¹⁰ con un componente militar importante en busca de la recuperación de territorios de la alta presencia guerrillera para su posterior transición y estabilización, y 2) que el impacto de estas acciones también originó movimientos por parte de las comunidades campesinas y, a pesar de las dificultades de organización y participación por la prohibición explícita de las FARC-EP, surgieron procesos organizativos¹¹, se subraya que las mujeres lograron espacios de representación que les fue abriendo la posibilidad de formarse, organizarse e incidir sobre su realidad¹².

El desarrollo de una hidroeléctrica con el objetivo de vender energía a Ecuador y Perú¹³ dentro un área de importancia ambiental e hídrica y, por tanto, con normas de protección y conservación, se constituye en un hito notable en Las Hermosas ya que su edificación implicó “una transformación del paisaje y de las relaciones sociales que ocurren allí, al punto de producir ganadores (…) y perdedores” (Camargo & Uribe, 2022, p. 11) (ver Figura 3). De acuerdo con Reiniciar (2015), a raíz de su construcción, entre los años 2003 a 2013, se agudizó la violencia, aumentó el costo de vida, deterioró las relaciones de género, cambió los medios de vida, y propició la pérdida de fuentes de agua que afectan hasta el día de hoy el desarrollo de actividades vitales y productivas. Lo anterior puede entenderse como una afectación a la integridad del sistema socio-ecológico que tuvo como consecuencia una mayor fracturación del tejido social propiciando expulsiones y desplazamientos.

Fuente: PNN, 2007.

Transición

Posterior a este periodo, el Cañón de Las Hermosas ha sufrido profundas transformaciones a raíz de la implementación de las políticas de paz con la retirada de las FARC-EP (2016 hasta la fecha [2023]), el fortalecimiento organizativo, y la declaratoria de nuevas figuras de conservación ambiental con el Complejo de Páramos Las Hermosas (2017) y sus subsecuentes desarrollos institucionales y programáticos como la formulación de la Política Pública Ambiental de Chaparral. Adicionalmente se encuentra (2023) en desarrollo el proceso de constitución de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- de los municipios de Chaparral, San Antonio y Roncesvalles, que a su vez conlleva el inicio del proceso de consulta previa¹⁴ con pueblos indígenas. Estos aspectos muestran el gran interés que representa el Cañón en el actual panorama nacional por su diversidad cultural, potencial económico (agricultura y turismo), relevancia ambiental e importancia en el desarrollo de la paz estable y duradera promovida por los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y del actual gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).

El Acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Colombia en 2016 busca avanzar a la consolidación de una paz estable y duradera a través de seis puntos y el desarrollo de nuevas figuras de ordenamiento y planificación. Se destaca, por su impacto en la organización espacial del Cañón, el punto 1 que se refiere a la Reforma Rural Integral -RRI- la cual busca sentar las bases para la transformación estructural del campo y el ámbito rural a través del aseguramiento de la tenencia de la tierra para las poblaciones rurales campesinas y étnicas por medio de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -POSPR- y priorizar los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, en la búsqueda de su desarrollo social y económico mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- que son los principales instrumentos de planeación participativa de la RRI. El Acuerdo implicó grandes transformaciones en el Cañón ya que disminuyeron considerablemente los hechos de violencia (Indepaz, 2021) y con ellos el miedo y zozobra de sus habitantes, desapareció el control y el orden territorial impuesto por la guerrilla permitiendo la circulación libre sin permisos ni requisas, la organización y agrupación libre y su fortalecimiento, y la inversión en diversos proyectos de tipo productivo y cultural. Sin embargo, las transformaciones estructurales en cuanto al acceso a educación, salud, vivienda, servicios básicos, infraestructura vial, participación y generación de ingresos no son visibles y prometen concretarse a través de los PDET y la ZRC.

La ZRC es una figura del ordenamiento territorial la cual tiene como objetivos garantizar la tenencia de tierras a nivel familiar, controlar el acaparamiento de tierras, contribuir a la defensa, protección y cogestión del territorio a través del reconocimiento del campesinado como sujeto político y, asegurar y formalizar la tenencia de la tierra¹⁵, todo ello bajo guía de un Plan de Desarrollo Sustentable¹⁶. La ZRC “se ha transformado al no ser meramente una figura de ordenamiento territorial sino un mecanismo de reclamación de derechos sobre la tierra por parte del campesinado” (Maestre, 2020, p. 3). Maestre (2020) plantea que la ZRC se convierte en una alternativa a la conservación ambiental en territorios próximos a PNN, ya que en Colombia las ZRC (tanto las constituidas como las que están en trámite de constitución) “se encuentran en áreas de riqueza ambiental excepcional, generalmente en frontera de áreas de páramos, bosque seco tropical y PNN” (Maestre, 2020), lo cual representa una alternativa de justicia ambiental reconociendo el papel del campesinado en los procesos de protección de la naturaleza, principalmente en la alta montaña. Lo anterior adquiere relevancia teniendo en cuenta que en los procesos de delimitación de páramos el Estado establece un relación ambigua llena de tensiones con el campesinado como sujeto relevante en las prácticas de conservación ambiental, ya que “algunas veces persiste el papel del campesino como prescindible, invisible e incluso incompatible con los fines atribuidos a la alta montaña por el discurso ambiental y, otras veces, se les atribuye un papel decisivo en la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos del páramo” (Méndez 2019, p. 324).

En este contexto reciente, la dinámica organizativa se fortaleció con la formación de nuevas organizaciones de base y de segundo nivel (Asohermosas y Mesa de Concertación indígena) y con ejercicios como la formulación del Plan de Desarrollo Sustentable para el corregimiento (2015), el cual hace un diagnóstico que evidencia las condiciones de precariedad en las que se encuentran y frente a las que elabora unas “propuestas para consolidar el desarrollo humano en el corregimiento” que giran alrededor de los ejes ambiental, económico, sociopolítico e infraestructura. Se señala que este plan no consideró el enfoque de género, por lo tanto, no hay un diagnóstico ni estrategias en este sentido. Estos ejercicios de planificación y acción también hacen parte de los procesos de organización espacial en la que los modos de vida (Heller, 1977; Lindón, 2002) toman relevancia.

Consideraciones finales

Como se observa en los tres periodos existen diversos agentes sociales organizando el espacio de acuerdo con sus propias concepciones de orden (Arzeno et al., 2020; Souza, 2013), que son reflejo de la forma como se relacionan con su entorno, es decir, cómo entienden su relación con la naturaleza, y cuyo orden obedece a intereses e intencionalidades específicas. Los procesos de ordenamiento territorial que se han venido desarrollando en el Cañón de Las Hermosas han respondido a las acciones de diversos agentes sociales que hacen presencia allí: el Estado a través de sus instrumentos de planificación territorial, ambiental y del desarrollo; el capital mediante los proyectos de explotación de la naturaleza; los ilegales por la imposición de un orden social a través de las armas; y los comunitarios con sus modos de vida. Cada proceso de espacialización de los diferentes agentes ha tenido impactos concretos en los espacios sociales y biofísicos, y ha respondido a las relaciones de poder que estos han tejido históricamente, es decir, un ordenamiento de fuerzas.

Acercarse a la comprensión de estos procesos de producción espacial capitalista en el sistema socio-ecológico de alta montaña del Cañón de las Hermosas representa un aporte desde el pensamiento crítico a procesos de reflexión destinados a entender la base y origen de las desigualdades y las estructuras que las soportan, contribuyendo a la comprensión de las formas como el capitalismo se concreta en los territorios y tiene impactos en la vida de las personas, así como a cuestionar el relato del conflicto armado como único causante de los problemas sociales en la ruralidad, aspecto que permite vislumbrar otros caminos para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y en paz. Así mismo la caracterización de los modos de vida de las poblaciones de alta montaña con enfoque de género puede contribuir a la comprensión sobre las dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas de las poblaciones campesinas e indígenas y en especial de las mujeres rurales. En consecuencia, sus resultados buscan aportar con conocimiento a, primero, los procesos de participación dentro de la planificación territorial y ambiental en zonas de alta montaña con ecosistemas de páramo, segundo, la resolución de conflictos ambientales y, tercero, la toma de decisiones en los procesos de transiciones socio-ecológicas en términos de justicia social, ambiental y de género.

De otro lado, el control territorial de las FARC-EP que implicaba las prohibiciones expresas de entrada de cualquier externo o institución al Cañón, participar en reuniones y dar información sobre lo que sucedía en la zona (CERE, 2020), dificultó el desarrollo de investigaciones¹⁷ que permitieran hacer una lectura amplia a nivel contextual y procesual. De acuerdo con la revisión documental realizada, la información que existe se remite a estudios de carácter histórico de la colonización de Chaparral y el sur del Tolima, referencias a la producción económica cafetera, a la descripción de la diversidad ambiental relacionada con el PNN Las Hermosas y, a raíz de la firma del acuerdo de paz, sobre el conflicto armado y sus consecuencias (algunos de ellos sobre violencia de género), construyendo un relato específico de riqueza ambiental e inequidad social. Relato que se ve reflejado a través de los recurrentes conflictos ambientales en Colombia¹⁸ lo cuales permiten ver que los escenarios de gran riqueza biocultural son a la vez lugares de profundas inequidades, lo cual lleva a considerar el papel del ordenamiento territorial en la reproducción de desigualdades sociales, siendo este un instrumento a través del cual se producen territorios al servicio del capital. En este sentido, la comprensión de los procesos de producción espacial capitalista en los últimos 60 años puede aportar información relevante que permita comprender los motivos e implicaciones pasadas, actuales y futuras de esta narrativa.

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