Paisaje y propuestas a las decisiones políticas para el desarrollo sostenible

Resumen

Desde un punto de vista político se concibe aquí el paisaje como un bien común público y capital territorial para el Estado de Chile, generalizado a todo el territorio, objeto de derecho de las poblaciones que lo perciben y para cuyo disfrute democrático es preciso generar actitudes no sólo de protección, sino también de gestión, ordenación y legislación.

El paisaje en Chile, ha experimentado un incipiente interés en la sociedad. El origen de esta preocupación está vinculado a tres factores determinantes: (1) la visión del paisaje como un recurso económico, (2) la ordenación y gestión de las transformaciones en el territorio y (3) la revalorización social, producto de las dos primeros factores. Como recurso económico, el paisaje ha contribuido al desarrollo de actividades como la minería, energía, agroindustria y turismo. Todas orientadas al crecimiento económico, sin embargo, éstas se han desarrollado descuidando los aspectos significativos del paisaje, sin considerar que es un bien común y un patrimonio. A partir de transformaciones en el territorio, el paisaje se ha visto degradado por las actividades humanas provenientes del ámbito público y privado, lo cual está generando una inicial, pero palpable preocupación. Las diversas capas sociales, en forma intuitiva, consideran este bien como común y escaso, y su pérdida, causa de deterioro del entorno y la calidad de vida. La dimensión de paisaje sano, comienza a incorporarse al planeamiento territorial en el mundo. Chile debe sumarse a esta política para el resguardo del bien común.

Como revalorización social, el paisaje se contempla como un elemento determinante del bienestar humano y de la calidad de vida. Asimismo, constituye un factor de identidad y patrimonio, que permite reconocer la diversidad de paisajes y cultura de nuestro país.La propuesta, por tanto, se enmarca en la comprensión del paisaje como un bien común y en la idea de en un Deber compartido: “Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia”.